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El establishment empresario argentino dio ayer una nueva vuelta de tuerca para intentar convertir la suerte de Techint en Venezuela en un asunto de soberanía nacional. Otra entidad en la que ejerce fuerte peso el grupo siderometalúrgico y constructor Techint, la Cámara Argentina de la Construcción, sumó su obvia voz de reclamo al Gobierno para que salga a defender los intereses del grupo privado con sede legal en Luxemburgo. Un alto representante de Techint, a su vez, adelantó que exigirá al Gobierno que haga valer ante Venezuela “los derechos de las empresas argentinas contemplados en el tratado de protección recíproca de inversiones”. El Gobierno fijó cuidadosamente su posición a través del ministro de Planificación, Julio De Vido, uno de los hombres clave en las relaciones de cooperación e intercambio que existen entre Argentina y Venezuela. “El Gobierno repetirá sin dudar las gestiones de la misma forma que lo hizo ante la nacionalización de Sidor, respetando como ha hecho siempre las decisiones soberanas de otros estados, pero protegiendo los intereses de los nacionales”, subrayó. En el caso de la nacionalización de Sidor, también de Techint, el grupo de la familia Rocca se dio por conforme una vez que se garantizó el cobro de 1970 millones de dólares como indemnización y a cambio de la cesión del paquete de control de la Siderúrgica del Orinoco.

“Esta decisión es un peligroso antecedente para el desarrollo de las actividades de las empresas argentinas en Venezuela”, enfatizó Carlos Enrique Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien le reclamó al gobierno nacional que “agote los esfuerzos en defensa de los derechos de las empresas Tavsa, Matesi y Comgsigua, propiedad del grupo Techint”.

Por su parte, el mismo grupo, pero esta vez en forma directa y no a través de las cámaras que controla, expresó en un reportaje que publicó La Nación ayer, a través de Luis Betnaza, director de Relaciones Institucionales de Techint, recordó el paso de Chávez por Argentina la semana pasada, reflexionando: “Parece mentira que estuvo en El Calafate el pasado fin de semana y habló de integración; con esto, ninguna empresa argentina va a poner un peso más en Venezuela”.

Sin la óptica absolutamente parcial de los sectores ligados a Techint (el viernes se habían pronunciado en el mismo sentido, no bien conocida la información, la Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina), también fijaron posición ayer sobre la cuestión el titular de la CGT y el primer candidato a diputado nacional por la Capital Federal del Frente para la Victoria. El primero, Hugo Moyano, eligió tomar cierta distancia señalando que “habría que estudiar el motivo, hay que estar ahí para ver si estas empresas acompañaban al país”. Aunque apuntó que no comparte “el hecho de estatizar empresas privadas, porque no es ésa la política que en su momento nos enseñó Perón”. El segundo, Carlos Heller, rescató que “es una decisión soberana, una decisión de los venezolanos, que está en el marco de un proyecto anunciado hace bastante tiempo, que se llama socialismo del siglo XXI; no es una novedad”. Heller agregó que “existe el libre derecho de elegir el camino para el desarrollo”, y consideró que “es lógico que los empresarios de AEA estén alarmados y horrorizados por lo que pasó en Venezuela, porque defienden el concepto de libertad empresaria para obtener la mayor rentabilidad posible”.