Ante las críticas de la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, que lo cuestionó por “no cumplir las órdenes de los jueces”, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández salió a defenderse. En una conferencia de prensa explicó por qué no mandó a la policía a desalojar el sindicato de los aeronavegantes, donde hay un conflicto por una denuncia de fraude en las elecciones internas. El funcionario sostuvo que se encontró con “dos sentencias por cumplir” contradictorias entre sí, una que reconoce a la lista Celeste como ganadora y otra que hace lo mismo con la lista Verde. Fue un día movido en el caso: la Cámara del Trabajo suspendió al mismo tiempo el desalojo, con lo que la polémica sobre el tema pareció quedar zanjada, y llamó a los representantes de las listas enfrentadas a una reunión de conciliación. Pero el encuentro terminó sin que se acercaran posiciones, por lo que conflicto sigue sin solucionarse.

El caso confronta a la lista Verde, que responde a la actual embajadora en Venezuela, Alicia Castro, con la Celeste que es integrada por sectores independientes, peronistas, radicales y de izquierda. Ambos campos compitieron en las internas realizadas en 2006, en elecciones cuyo resultado fue denunciado como fraudulento. La Justicia, con un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo, proclamó finalmente a la Celeste como ganadora, pero lo hizo recién hace un mes, en noviembre pasado. Lo que volvió toda la situación más complicada fue que este fallo se conoció cuando se estaban realizando nuevas elecciones para renovar la comisión directiva. Ante la novedad, y por un pedido de la lista Celeste, la Justicia suspendió estos comicios, pero el sindicato, conducido por los verdes, siguió adelante con las elecciones. La semana pasada, la lista Verde consiguió además que un juez de Lanús los reconociera como ganadores de estas últimas elecciones.

Así las cosas, un juez intentó hacer cumplir un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo que ordenaba que se colocara al frente de Aeronavegantes a los dirigentes de la Celeste. Pero un grupo de la lista Verde impidió el ingreso, y cuando los oficiales de Justicia pidieron la intervención de la comisaría de la zona, ésta se negó, aparentemente cumpliendo una orden del jefe de Gabinete.

Fernández se ganó así las críticas de la ministra Argibay, quien ayer ratificó sus dichos. “Es preocupante que se ignoren las órdenes de los magistrados. Si el poder político se arroga la facultad de juzgar, estamos mal”, insistió Argibay en declaraciones radiales. Su par Carlos Fayt, por su parte, la respaldó, y recordó que “el artículo 239 del Código Penal habla del delito de desobediencia” y “le fija penas de 15 días a un año de prisión”.

El jefe de Gabinete centró su conferencia de prensa en aclarar por qué había decidido no llevar a la práctica el desalojo. “Teníamos dos sentencias en la mano. La medida era de cumplimiento imposible, por esta razón decidimos que no podíamos intervenir”, señaló.

Las sentencias, continuó, son la de la Cámara del Trabajo, que reconoció como ganadora a la lista Celeste en las elecciones del 2006, y otra “del Tribunal de Lanús” que reconoció como vencedora a la lista Verde en las elecciones de noviembre de 2009.

“Nadie puede dudar que la sentencia se hace para cumplirse, pero no podemos hacer magia cuando aparecen cosas de estas características”, concluyó el jefe de Gabinete. Otro argumento apuntó a que un desalojo implica poner en riesgo la vida de las personas. “No es obligación del Estado reprimir en este tipo de temas y mucho menos concluir con un enfrentamiento produciendo sangre y heridos”.

Fernández añadió que lo que se hizo fue “llevar el recurso a la Cámara para que decidiera cómo resolver el tema y encontrar una salida sin reprimir”.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, efectivamente, suspendió la medida cautelar que había dispuesto en primera instancia la jueza Beatriz Ferdman, que ordenaba el desalojo de la sede gremial para que asumiera la lista Celeste, y fijó una audiencia de conciliación. Representantes de las dos listas y del Ministerio de Trabajo se reunieron pero no llegaron a una solución.

“No hubo ninguna posibilidad de acuerdo, porque pretendemos que se cumpla con la sentencia judicial, queremos que la Celeste asuma como comisión directiva electa y convocar nosotros a nuevas elecciones. Si convoca la Verde, no hay garantías de una elección sin fraude”, sostuvo León Piasek, abogado de los celestes, quien rechazó, por otra parte, que el fallo del tribunal de Lanús tenga validez: “Lo dictó un juez sin jurisdicción en el caso”, aseguró.

La vía para destrabar el intrincado conflicto, coinciden todos sus actores, es convocar a nuevas elecciones. Pero las dos listas deberán resolver antes un mecanismo que las conforme a ambas para depurar el padrón y fijar reglas que no lleven a nuevas sospechas de fraude.