Hoy puede ser un mal día para Jorge Lemus. El juez Roberto Andrés Gallardo citó al ministro de Salud porteño para que explique por qué no obedeció los fallos judiciales que disponían el envío de una ambulancia a la villa 21-24 para prestar asistencia médica. Si no se presenta, Su Señoría podría enviar a la policía a buscarlo. Además, es posible que el ministro se vea inmerso en un nuevo escándalo por una licitación millonaria que está siendo investigada por la Justicia por la sospecha de que fue “dirigida” a tres empresas. Una de esas compañías –contratadas por la gestión PRO para lavar ropa de cama de los hospitales– sería clausurada hoy por el mismo gobierno porteño por no tener las condiciones mínimas de seguridad e higiene.

Lemus viene de sufrir una agitada sesión en la Legislatura, donde terminó por reconocer que “el sistema de salud está en crisis” y aclaró que “no haremos desaparecer ninguna institución de salud”. Entre silbidos, el funcionario PRO admitió que “los hospitales tienen un atraso en su infraestructura y equipamiento superior a 30 años”, aunque lo atribuyó enteramente a las gestiones anteriores. El ministro escuchó los cuestionamientos de los opositores, que le recordaron que la gestión PRO dejó vencer medicamentos por un costo de cerca de cinco millones de pesos, que el Hospital Udaondo no tiene gas hace nueve meses y que el Tornú tiene mangueras antiincendio que no están conectadas a la red de agua. “No tenemos los fondos para arreglarlo de un día para el otro”, se justificó Lemus. Luego le preguntaron por la falta de asistencia médica al Centro de Salud (Cesac) 35, que está en la villa 21-24. Lemus sostuvo que las ambulancias no van por problemas de seguridad.

La misma excusa viene presentando ante los continuos requerimientos del juez Gallardo. El magistrado ordenó a la Policía Metropolitana que le diera una custodia a la ambulancia, pero desde la nueva fuerza le informaron que no contaban con suficientes policías. Entonces, el juez consiguió que la Federal asignara un policía al Cesac 35. La respuesta del gobierno porteño fue terminante: la ambulancia fue, pero con un escribano que preguntó dónde estaba el patrullero. Como el policía estaba a pie, se volvió a subir a la ambulancia y partieron raudos. En total, la villa 21–24 contó con asistencia médica por media hora.

Ante esto, Gallardo citó a Lemus a una audiencia pública para hoy al mediodía, para que explique los motivos por los que insiste en negarse a enviar una ambulancia. Lemus está intimado a asistir personalmente “bajo apercibimiento de ejecución forzada”, por lo que si decide no concurrir el juez podría ordenar que se lo haga comparecer mediante la fuerza pública.

No es la única mala noticia que podría recibir Lemus el día de hoy. En su visita a la Legislatura, el diputado de Diálogo por Buenos Aires Aníbal Ibarra le preguntó por la licitación 1643/09, en la que se adjudicó por más de 30 millones de pesos la limpieza de la ropa de cama (sábanas, manteles, delantales) de 16 hospitales a tres empresas: Lavadero ANCA, Lavadero El Lucero y Tex Care. En particular, quiso saber por qué se factura la limpieza de las camas, sean usadas o no, y por qué se pusieron nuevas condiciones que dejaron afuera a los actuales proveedores: se exigió que tuvieran una facturación mensual superior a los 400 mil pesos, una capacidad de producción de más de 1500 kilos por hora y un espacio de lavado de 1200 metros cuadrados como mínimo.

La licitación está siendo investigada por la Justicia dado que se sospecha fue dirigida a estas tres empresas, que serían del mismo grupo o estarían cartelizadas, y que se pagaron sobreprecios. El fiscal Carlos Giménez comprobó que el dueño de ANCA es Héctor Ricardo Andrelo, casado con Magdalena Gaccetta, que era vicepresidenta de Tex Care (luego ella renunció). En el directorio de ANCA también está Estela Maris Andrelo, casada con Luis Alberto Nerguizian, que era presidente de Tex Care. Además, la madre de los Andrelo, HaydéeMouriño, sería propietaria del 50 por ciento de ambas compañías, según la denuncia que investiga el juez Alberto Baños. En tanto, la tercera empresa, El Lucero, hizo una oferta por la cifra exacta de sus presuntos competidores, pero por los tres hospitales en los que ellos, casualmente, no se interesaron.

Este año, el gobierno porteño hizo una inspección en el lavadero El Lucero y se encontró con que la instalación era precaria: tenía problemas de evacuación, de ventilación, en las calderas, y los empleados trabajaban con condiciones de higiene inadecuadas. Hoy sería clausurada por la misma administración que le dio el lavado de la ropa de los hospitales.