Desde Madrid

El juez del Tribunal Supremo español Luciano Varela, que instruye la causa más famosa de las tres que afronta el magistrado Baltasar Garzón, en la que se lo acusa de haber ignorado la ley de amnistía al abrir el proceso contra los responsables de la dictadura franquista, dio un paso definitivo para llevar al acusado al banquillo. Varela transformó ayer el procedimiento judicial en un proceso abreviado, confirmando su auto emitido en febrero en el que sugiere una pena de hasta veinte años de inhabilitación a Garzón, lo que se traduciría en la práctica en el fin de la carrera judicial del juez que ha llevado la Justicia española más allá de sus fronteras, en célebres procesos contra dictadores latinoamericanos y ejecutores de políticas represivas en medio mundo.

El acusado había solicitado la comparecencia de personalidades judiciales a nivel mundial, entre ellos algunos jueces argentinos, como el miembro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de punto final y obediencia debida, pero Luciano Varela ayer las declaró improcedentes. No cesan las repercusiones políticas y hasta se ha organizado una manifestación en apoyo de Garzón para el próximo 13 de abril en Madrid convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

La resolución de Luciano Varela hecha pública ayer es una auténtica jugada de manual sobre cómo proceder cuando se quiere reventar la carrera de un juez. Al tiempo que negaba la comparecencia de los testimonios que Garzón llamó al estrado para que lo defiendan, Varela instruyó un procedimiento abreviado con el objetivo de acelerar los tiempos de la causa y hacerla coincidir con los otros dos procesos que enfrenta Garzón, uno por haber ordenado escuchas telefónicas a los implicados en el escándalo de corrupción que afecta al PP, conocido como “el caso Gürtel”, y otro por haber recibido dinero en concepto de pago por unos seminarios que dictó en una universidad norteamericana que estaban patrocinados por el Banco Santander, al mismo tiempo que instruía una causa contra Emilio Botín, presidente de la entidad bancaria.

Esta decisión de Varela de abreviar el procedimiento es un guiño directo al Consejo General del Poder Judicial, que se reúne hoy en Madrid y que puede dictar la suspensión provisoria de Baltasar Garzón ante la inminencia del juicio, una medida considerada habitual y que en los medios judiciales madrileños se da prácticamente por descartada.

Luciano Varela es un juez que proviene curiosamente del colectivo progresista Jueces para la Democracia, pero tiene un odio personal contra Garzón al que acusa de tener demasiado ego. Amigo personal de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, Varela ha emprendido una cruzada contra el popular magistrado sabiendo que no está solo, sino que más bien cuenta con la anuencia de gran parte del sistema judicial en el que florecen las envidias y enconos contra Garzón.

Por si fuera poco, el juez que intentó llevar al estrado al dictador chileno Augusto Pinochet se ha quedado sin amigos políticos. Los socialistas han intentado una tibia defensa, incluyendo palabras elogiosas hacia él de parte del primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero, pero en el Partido Popular le han hecho la cruz luego de la instrucción del caso Gürtel, en el que aparecen implicados muchos de sus más importantes dirigentes.

Con la resolución tomada ayer Varela le da ahora diez días a las partes implicadas en el proceso, entre ellas el seudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, Falange Española –una organización sobreviviente de los tiempos de la dictadura franquista– y Libertad e Identidad, otra organización de ultraderecha fundada en 2006.

Una de las organizaciones que sí salió en defensa de Garzón es Amnistía Internacional, que ayer a través de su director en España, Esteban Beltrán, consideró “insólito” que el juez se tenga que sentar en el banquillo por haber intentado juzgar al franquismo. Se estaría enviando “un mensaje tremendo a otros países”, considera la organización que recuerda además que “las leyes de amnistía que han tratado de impedir en otros países verdad, justicia y reparación para las víctimas, en la mayoría de los casos han acabado o derogadas por tribunales supremos o por tribunales internacionales”.

Los sindicatos mayoritarios españoles, UGT y Comisiones Obreras también han decidido salir en defensa de Garzón y han convocado a un acto en su apoyo en la Facultad de Medicina el próximo 13 de abril. “Es muy importante que un país no sufra amnesia”, manifestó ayer Fernández Toxo, líder de Comisiones Obreras, quien hizo además una comparación muy pertinente al afirmar que “es un escándalo que organizaciones que en Alemania estarían ilegalizadas hoy, de suceder esto en aquel país, estén a punto de sentar en el banquillo de los acusados a un juez por el hecho de intentar poner a la luz lo que sucedió después de la Guerra Civil en España”. Los sindicatos también recogerán firmas en apoyo del juez en todas sus filiales provinciales.