La Cámara de Casación Penal postergó para mañana su decisión sobre el último planteo dilatorio formulado por el equipo de abogados que en teoría representa a Marcela y Felipe Noble, adoptados de manera irregular en 1976 por Ernestina Herrera viuda de Noble, dueña de Clarín. Tras escuchar ayer a las partes, en una audiencia oral y pública ante una sala colmada, Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci deberán convalidar o rechazar la resolución de la Cámara Federal de San Martín, que respaldó la orden del juez Conrado Bergesio de entrecruzar las muestras de sangre y ADN de las víctimas con todas las familias que buscan niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres durante la dictadura.

Según la versión de Herrera de Noble, imputada con falta de mérito, en mayo de 1976 encontró una beba adentro de una caja en su casa de San Isidro. La investigación judicial demostró que ni la viuda ni la supuesta vecina que dijo ser testigo vivían allí. El segundo falso testigo, en teoría cuidador de la morada vecina, era chofer de confianza de los Noble. La falacia sobre el domicilio fue determinante para que interviniera la jueza Ofelia Hejt, de probada intervención en una apropiación. La misma magistrada entregó en guarda al varón, sin determinar las circunstancias del nacimiento. La Justicia probó que nunca existió la supuesta madre que en los papeles lo entregó en adopción. Con esas pruebas, el juez Roberto Marquevich ordenó en 2002 la detención de Herrera de Noble, decisión que le costó su destitución en un juicio político impulsado por los abogados de Clarín.

Marquevich fue reemplazado por Bergesio, que durmió la causa durante siete años. Intimado por la Cámara y denunciado por retardo de justicia, en febrero ordenó dos medidas: cruzar con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes (obtenidas en allanamientos plagados de irregularidades, según denunció Abuelas de Plaza de Mayo) y extraerles sangre, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron en el Cuerpo Médico Forense. Ante la apelación de los abogados de Clarín, la Cámara de San Martín respaldó la decisión de Bergesio y destacó un detalle: los jóvenes no firmaron la apelación. Casación suspendió las medidas y, antes de resolver, escuchó a las partes.

Por las víctimas se presentaron Alejandro Carrió, Roxana Piña, Jorge Anzorreguy (también abogado de la imputada) y Horacio Silva, que la defendió en 2002 y ayer presentó un poder de las víctimas. Por la viuda estuvieron Carlos Espinosa y Eduardo Padilla Fox, ex socio de Silva. Alan Iud habló por Abuelas, Alcira Ríos y Pablo Llonto por querellantes particulares. Siguieron la audiencia cuarenta personas, más fotógrafos y camarógrafos. “Están jugando con el desgaste”, advirtió luego Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, y se manifestó preocupada por Marcela y Felipe. “Están arrastrando una historia muy mediatizada. En el fondo hablan de que quieren saber, y los abogados hablan de otra cosa”, advirtió. “La Justicia debe resolver de una vez por todas esta causa de la misma manera que trata el resto de las apropiaciones”, afirmó Iud. El abogado de Abuelas se esperanzó en “poder saber antes de mitad de año si Marcela y Felipe son o no hijos de desaparecidos”.