La Justicia porteña frenó la licitación por la que la administración de Mauricio Macri buscaba endeudarse por 600 millones de pesos, a través de la empresa AUSA. El fallo, dictado cinco días antes de la apertura de los sobres, impidió, según los dos legisladores de la oposición que presentaron un recurso de amparo, que la empresa estatal concesionaria de las autopistas porteñas comprometa su recaudación futura para pagar préstamos a intereses de entre el 16 y el 22 por ciento, en los próximos cinco años.

La medida cautelar fue adoptada por el juez en lo contencioso administrativo Fernando Lima, quien ordenó la suspensión del llamado a licitación Nº 04-AUSA-2010 al entender que semejante operación de endeudamiento y compromiso de futuros presupuestos podría requerir de una previa intervención de la Legislatura.

“Macri intentó seguir endeudando a la ciudad utilizando a AUSA como intermediario para conseguir 600 millones de pesos más para financiar una serie de obras que no son prioritarias”, dijo el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires). “El gobierno de la ciudad estaba dispuesto a autorizar este financiamiento a una exorbitante tasa superior a la que ya está pagando –agregó su par Sergio Abrevaya (Coalición Cívica)–. Macri está en una desesperada búsqueda de dinero con fines electorales.”

Macri estaba dispuesto a contraer una nueva deuda pese a que había obtenido 475 millones de dólares, a través del Bono Tango, a una tasa del 12,5 por ciento. Ese monto, se dijo, estaría destinado a la ampliación de la red de subterráneos. En esa ocasión, legisladores de la oposición cuestionaron la prisa con que se lanzó ese bono y el alto interés comprometido: los especialistas en mercados financieros estiman que después del canje de la deuda encarado por el Estado nacional sería posible obtener créditos a tasas de un dígito.

Con la deuda de AUSA, según la presentación, el gobierno aspiraba a encarar algunas obras, como pasos bajo nivel en la zona norte de la ciudad, la remodelación del Parque Chacabuco y la puesta en valor de la calle Salguero. Pero tenía atribuciones para modificar ese listado. En el Ministerio de Desarrollo Urbano –en cuya órbita se encuentra la empresa AUSA– no dieron precisiones acerca de los trabajos a realizar.

Para el diputado Abrevaya, con este endeudamiento, el gobierno de Macri cerraba una operación iniciada el año pasado, cuando “le redujo del 20 por ciento a cero el canon que AUSA paga a la ciudad por la explotación por peaje de las autopistas, con lo cual sacó a la empresa del presupuesto”. La idea, dice Abrevaya, “era que AUSA se maneje como una sociedad anónima, sin rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos, cuando en realidad sus acciones están casi en un ciento por ciento en manos del Estado porteño”. La empresa, se estima, recauda en un año 350 millones de pesos.

La publicación del llamado a licitación se hizo el 16 de marzo y la apertura de sobres debía hacerse el lunes. El juez entendió “prudente adoptar una medida que garantice la eventual intervención de la Legislatura en un asunto tan delicado como lo es el del crédito público, el endeudamiento del Estado y la estructura, formulación y ejecución presupuestaria”.