Desde Lima

Después de la muerte, el último domingo, de cinco manifestantes como consecuencia de los disparos de la policía durante el desalojo de la carretera Panamericana tomada por una protesta de mineros informales, el opositor Partido Nacionalista (PN) presentó ayer en el Congreso un pedido para destituir al presidente Alan García. La solicitud para declarar la vacancia presidencial, anunciada por el líder del PN y candidato presidencial Ollanta Humala, pide se declare la incapacidad moral de García y se lo saque del poder. Sin embargo, Humala no contaría con los votos necesarios en el Congreso para llevar adelante su propósito.

En caso de que prosperara la vacancia presidencial, García sería reemplazado por el vicepresidente Luis Giampietri, un almirante en retiro con ideas de extrema derecha, estrechamente vinculado con el fujimorismo y acusado de violaciones a los derechos humanos mientras estuvo en actividad en la marina. Sobre esta posibilidad, Humala no se ha pronunciado. La gestión de García finaliza el 28 de julio de 2011, cuando deberá asumir la presidencia el ganador de las elecciones de abril de ese año.

La solicitud de vacancia presidencial por incapacidad moral se sustenta en la cruenta represión gubernamental contra los movimientos sociales, pero sus promotores también han aludido a los escándalos de corrupción que han marcado la gestión de García. Las muertes durante las protestas del último fin de semana se suman a una larga cadena de víctimas fatales en manifestaciones antigubernamentales, sin que en ningún caso se haya sancionado a algún policía por esos hechos. La muerte, en junio del año pasado, de 34 personas en la provincia de Bagua durante el desalojo de una carretera tomada por indígenas de la Amazonía, que se oponían a las intenciones del gobierno de entregar sus tierras a empresas transnacionales, marcó el punto más alto de la violencia represiva.

“En lo que va del gobierno de Alan García tenemos más de 70 muertos, 600 heridos y más de 1300 dirigentes gremiales enjuiciados como consecuencia de las protestas sociales. Todo esto, además de los actos de corrupción”, denunció Humala al momento de anunciar el pedido de vacancia presidencial. El dirigente opositor reveló que el PN había evaluado pedir la vacancia presidencial en junio de 2009, luego de la muerte de 34 personas en Bagua, pero que desistió de hacerlo después de que García cambiara su gabinete ministerial como consecuencia de ese hecho. “Pero ahora vemos que el problema es más profundo que el gabinete ministerial. El problema es la política de Alan García, que prioriza la defensa de intereses económicos y no de la vida. Presentamos este pedido de vacancia presidencial en defensa de la salud de la república y del derecho fundamental a la vida”, declaró Humala, rodeado de su bancada parlamentaria.

El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, respondió al pedido de vacancia presidencial acusando a Humala de pretender de-sestabilizar la democracia, a lo que éste retrucó señalando que su solicitud se enmarca dentro de la Constitución. Pero más allá del cruce de ataques entre gobierno y oposición, la realidad revela que este pedido de vacancia presidencial no tendría posibilidad de prosperar. Para ser aprobado requiere el apoyo de 80 de los 120 miembros del Congreso. El PN solamente cuanta con 24 congresistas y los voceros de las otras bancadas parlamentarias ya se han pronunciado en contra de la destitución de García.

“Plantear en este momento la vacancia presidencial es un gesto político de Humala para diferenciarse del resto de la oposición con una postura más radical contra el gobierno en momentos en que éste tiene una altísima desaprobación (cercana al 70 por ciento), pero este pedido no tiene ninguna posibilidad de prosperar en el Congreso. A pesar del alto rechazo al gobierno, no hay en la población un ánimo de salir a las calles para sacar a García. Cuando queda solamente un año para las elecciones y el cambio de gobierno, no tiene mucho sentido plantear la vacancia presidencial”, le señaló a Página/12 Carlos Reyna, politólogo y catedrático de la Universidad Católica. Reyna no cree que la solicitud para declarar la vacancia presidencial genere inestabilidad como señala el gobierno. “No creo –asegura– que esto vaya a desestabilizar la democracia. Algunas cosas que hace el gobierno, como la represión o los actos de corrupción, son más desestabilizadoras.”