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La Cámara de Diputados dio media sanción casi por unanimidad –con un solo voto en contra– a la modificación de la Ley de Quiebras para regular la participación de los trabajadores en los concursos y quiebras de las empresas en crisis, para evitar su cierre y asegurar la continuidad de la fuente de trabajo. De convertirse en ley, la propuesta impulsada desde el Ejecutivo y consensuada con distintos proyectos de todos los bloques políticos de la Cámara baja beneficiará a casi 300 empresas recuperadas por los trabajadores desde la crisis de 2001 que todavía pelean por su reconocimiento jurídico. Pero también a unos 200 mil trabajadores de otras 3000 empresas que están en proceso de quiebra y otra cantidad similar en concurso.

“El proyecto significa un cambio de paradigma en cuanto al valor del capital del trabajo. Recoge la experiencia de las fábricas recuperadas en los últimos años y la jurisprudencia de los jueces comerciales de todo el país”, resumió la diputada Vilma Ibarra. La presidenta de la Comisión de Legislación General también reconoció “el esfuerzo” de todas las bancadas para consensuar en un solo texto los proyectos del Gobierno, los que habían surgido desde casi todos los bloques parlamentarios y el aporte del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas y de la Confederación de Cooperativas de Trabajo.

Entre sus puntos centrales, el proyecto establece “otorgar prioridad a los trabajadores para que adquieran la empresa en quiebra con sus créditos laborales, los que serán calculados conforme la indemnización completa que se establece en el Régimen de Contrato de Trabajo” y ya no la mitad de las mismas, como estipula hasta ahora la ley vigente. También contempla posibilitar que los trabajadores se hagan cargo de la empresa antes de llegar a la quiebra utilizando sus créditos laborales, evitando el cierre de la misma y asegurando la fuente de trabajo. Además, suprime la suspensión de los convenios colectivos de trabajo que estableció la reforma de los años ’90 y garantiza el acceso a la información de los trabajadores en todo el proceso, aun en el concurso preventivo, a la que hasta ahora no accedían.

“No sólo el proyecto es de los trabajadores sino también del Poder Ejecutivo”, sentenció el jefe del bloque K, Agustín Rossi, después de señalar que las “fábricas cerradas fueron el símbolo de una época en que los trabajadores estaban en absoluta desigualdad a la hora de hacer valer sus derechos y los reclamos”.

Rossi también describió que la medida no sólo favorece a unas 300 fábricas recuperadas cuya situación legal todavía es irregular, sino que sumó a unas “tres mil empresas quebradas y otras tres mil en situación de concurso que involucran a casi 200 mil trabajadores”.

El respaldo al proyecto incluyó, con más o menos disidencias, desde el oficialismo hasta el PRO, pasando por el resto de todos los bloques políticos. Una única excepción fue la del demócrata progresista Carlos Favario, que llegó a la Cámara baja en la lista del Frente Progresista santafesino.

El radical Juan Tunessi expresó el respaldo de su bancada a la iniciativa y sostuvo que la norma es para que “el fracaso empresario no se traspase a los trabajadores”. “Con la sanción de esta ley ya no hay kelpers en esta sociedad”, agregó el abogado cegetista Héctor Recalde.

“Lo que era inaceptable del capitalismo es la sumisión de los trabajadores a los patrones”, dijo el macrista Federico Pinedo parafraseando a Carlos Pellegrini de 1906 para justificar su respaldo en general, antes de reclamar “el respeto a todas las partes involucradas en una quiebra”. Ahora el proyecto está en manos de los senadores, que deben definir si lo convierten en ley.