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El Consejo de la Magistratura abrió tres expedientes contra la jueza Graciela Medina, integrante de la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial, cuestionada por su intervención en un fallo que favoreció a la empresa Fibertel: a fines de febrero, la jueza le ordenó al Estado que se “abstenga de ejecutar” la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones, que decretaba la caducidad de la licencia de la proveedora de Internet de Cablevisión.

La denuncia más reciente ante el organismo que elige y sanciona a los jueces la hizo a fin de marzo el procurador general de la Nación, Esteban Righi, sobre la base de –a su vez– la presentación de uno de los abogados del Estado que había recusado a Medina. El eje del planteo, al que accedió Página/12, es que la camarista está casada con Julio César Rivera, abogado de Cablevisión en otros expedientes, y por ende una razón elemental para excusarse (o ser recusado) según el Código Procesal. Lo que señala Righi es que “en otra oportunidad la propia Dra. Medina ha advertido acerca del vínculo existente entre su esposo y la empresa Cablevisión (...) y solicitó ser excusada”. En otro caso también se inhibió porque su marido era apoderado de una de las demandadas, con el argumento de “evitar la influencia, a veces inconsciente, que ejercen los afectos de la familia”, y aunque de hecho éstos no actúen, la sola posibilidad de que ello ocurra “basta para justificar la sospecha de parcialidad”, según señala el escrito del procurador, que pide que el Consejo “valore las circunstancias puntuales del caso”.

La argumentación está en línea con la que había presentado con anterioridad ante el Consejo el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, que además de señalar el parentesco analizó que en el fallo a favor de Fibertel la Cámara se “apartó de las constancias de la causa” y no tuvo en cuenta que la ONG que la promovió (Asociación para la Defensa de la Competencia) “no representa los intereses de los usuarios y consumidores sino los de Cablevisión, ya que se encontraría integrada por los abogados de la empresa”. Piumato involucra en su denuncia al otro camarista que firmó el fallo a favor de Fibertel, Ricardo Recondo, ex titular de la Asociación de Magistrados y actual integrante del propio Consejo de la Magistratura. El dirigente gremial dice que está vinculado al Grupo Clarín, en cuyos medios hace sistemáticamente proselitismo y campañas contra el Gobierno y el kirchnerismo en general. “Son jueces vinculados y con marcados intereses en el proceso” (contra Fibertel), sostuvo.

El expediente de Piumato quedó a cargo del consejero abogado Daniel Ostropolsky, de afinidad con Recondo, radical de origen como él. El de Righi lo instruye el diputado del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes, igual que un tercero presentado por el abogado Héctor Rodríguez, también en función de la relación matrimonial Medina-Rivera. Medina ya había favorecido a Cablevisión en 2010, al dejar sin efecto una medida de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que frenaba aumentos en los abonos de la televisión paga.