Después de lograr dilaciones por casi dos años en las investigaciones por su papel durante la última dictadura, al camarista federal de Mendoza Otilio Romano se le avecinan dos frentes de tormenta juntos. El fiscal Omar Palermo pidió el viernes que sea llevado a juicio oral por los 103 hechos en los que está procesado como partícipe en su papel de fiscal durante el terrorismo de Estado: son secuestros, homicidios, allanamientos ilegales, torturas, robo de bienes y el archivo del caso de apropiación de una menor. La única razón por la que Romano no fue detenido todavía ante imputaciones tan graves que prevén prisión perpetua es que sigue siendo juez, según explican los querellantes. Este escenario podría empezar a dar un giro después del miércoles próximo, el día en que está citado a declarar en carácter de sospechoso ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Se presente o no, dada su comprometida situación en la investigación penal, es factible que por lo menos un sector del organismo intente suspenderlo.

Romano fue denunciado junto con el ex camarista Luis Miret en agosto de 2009 por un importante grupo de organismos de derechos humanos de Mendoza. Romano era fiscal durante la última dictadura y Miret era juez. Tuvieron muchos expedientes en común en ese período. El proceso de enjuiciamiento contra el segundo pudo avanzar y fue destituido en marzo de este año. Fue acusado por su “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”, en numerosos casos relatados por las propias víctimas. En buena medida, su remoción se convirtió en una señal o un hito a partir del cual se empezaron a destrabar otras investigaciones contra magistrados por lo que hicieron o dejaron de hacer en los años de plomo, convirtiéndose en sostenes civiles de crímenes aberrantes. Hasta el Consejo de la Magistratura armó una comisión especial que monitorea el avance de estos expedientes, como reveló Página/12.

Línea de conducta

Para ese entonces, sin embargo, Romano ya había logrado tender infinidad de obstáculos que, pese a estar en una situación penal mucho más complicada que Miret, le permitieron hasta el momento esquivar cualquier medida decisiva del Consejo. Miret está procesado en Mendoza por 30 hechos asociados a crímenes de lesa humanidad, en la mayoría de los cuales no se le adjudica una participación directa. Esto explica que a pesar de haber sido destituido no esté preso. Romano, en cambio, está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad ocurridos casi todos en el D2, el centro de detención que funcionaba en el Departamento de Policía de Mendoza.

“Sin la actuación del fiscal los represores no podían haber avanzado según dice la imputación en la causa penal”, explica a este diario Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). “Romano presenciaba declaraciones de detenidos que denunciaban torturas y que él no investigó, por lo tanto, las torturas seguían ocurriendo; también tomaba como válidos interrogatorios obtenidos bajo torturas para aplicar la llamada ley antisubversiva”, ejemplificó.

Además de apañar torturas y rechazar hábeas corpus de manera sistemática y con la misma lógica, Romano arrastra otras acusaciones ante la Justicia que, según dictaminó el fiscal Palermo, mostrarían una actitud de posible complicidad con la dictadura. Una es la que encarna la historia de Luz Faingold –incluida en las causales de destitución de Miret– quien en 1975, con 17 años, fue detenida y llevada a la cárcel de adultos de la D2. Su mamá, Luz Casenave, la buscó por cielo y tierra hasta que la encontró, cuando la indagaban. A pesar de que su familia la reclamaba y que era menor de edad, juez y fiscal negaron su restitución. En el D2, declaró Luz, fue atacada sexualmente. En ese lugar de detención contó que lo vio a Romano.

El actual camarista también está procesado por la apropiación de bienes de Alicia Morales de Galamba, a quien le saquearon la casa tras su secuestro. Cuando su abogado defensor pidió un informe a la Octava Brigada sobre dónde se encontraban los bienes, Romano se opuso –cuenta el abogado Salinas– con el argumento de que “si giraban ese informe convertirían al tribunal en una oficina de objetos perdidos”. “Tampoco investigó las torturas a Morales de Galamba”, agregó. Romano, además, impulsó el archivo de la investigación sobre la apropiación de Celina Manrique Terrero, invocando las leyes de punto final y obediencia debida pese a que no se aplicaron nunca al robo de hijos de desaparecidos. Años después ella recuperó su identidad.

Por estos y otras decenas de hechos, el fiscal Palermo pidió anteayer enviar a juicio oral a Romano (a Miret también) y ahora le toca firmar ese paso al juez Walter Bento.

En el Consejo de la Magistratura Romano estaba tranquilo. Había logrado que un juez ad hoc, abogado, Carlos Parellada, le hiciera lugar a una medida cautelar que frenó todo el trámite en el organismo que evalúa la conducta de los jueces con el argumento de que se lo estaba juzgando por lo que hizo como fiscal y no como juez. Recién cerca de fin de año, y tras una breve participación de la Corte Suprema, la Cámara mendocina, integrada por suplentes, dio vuelta ese fallo. A esta altura, ni siquiera las entidades de la corporación judicial, como la Federación Argentina de la Magistratura, están dispuestas a salir a defender a jueces procesados por crímenes de lesa humanidad.

Romano estaba citado para hacer su descargo en el Consejo antes de la feria judicial. Pero pidió una prórroga. Se la dieron, y debe presentarse este miércoles. Tiene la posibilidad de declarar por escrito, o de ir a contestar preguntas en persona ante la Comisión de Disciplina y Acusación. Lo haga o no, es factible que esta misma semana el consejero Hernán Ordiales (representante del Poder Ejecutivo) quien tiene a cargo la instrucción del caso, presente un dictamen acusatorio proponiendo la destitución. Tanto en el estamento de los jueces como de los políticos vaticinan que hacia el jueves 25 podrían llegar a debatir la acusación y la suspensión, para lo cual se requieren nueve votos en el plenario. Si esto vuelve a demorarse, Romano podría llegar a su juicio penal todavía con la toga puesta. Su detención sólo podría producirse si lo destituyen.