Desde que asumió como ministro de Defensa, en diciembre de 2010, Arturo Puricelli fue reacio al deslinde entre el terrorismo de Estado y las Fuerzas Armadas integradas al sistema institucional que marcaron los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y sus ministros José Pampuro y Nilda Garré. Puricelli no ha tenido reparo en criticar ante personal del ministerio los juicios por violaciones a los derechos humanos porque “algo había que hacer para pararlos. Yo los conozco, en Ezeiza quisieron matar a Perón”. Coherente con esta línea de pensamiento, impuso a una dependencia de Ejército el nombre de General Ernesto Fatigatti (un empresario quebrado, ex vicepresidente de la Cruzada de Solidaridad de Isabel Martínez). Tampoco se preocupó por mantener apartadas a las Fuerzas Armadas de cualquier injerencia indebida en cuestiones que la ley les veda. Así, puso a trabajar en el proyecto de submarino nuclear al vicealmirante retirado Benito Rótolo, ex subjefe de Estado Mayor durante la gestión de Jorge Godoy, a quien el juez federal Daniel Rafecas procesó por su participación en la actividad “sistemática y generalizada” de espionaje ilegal a políticos, periodistas y militantes de organizaciones sociales desde diversas bases de la Armada. Entre sus asesores designó al Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, Fabián Calle, un entusiasta de la contrainsurgencia “para hacer frente a grupos, organizaciones y redes armadas que recurran a tácticas y estrategias guerrilleras y/o terroristas”. Puricelli también revocó la disposición que restringía el uso de la banda de Patricios y la Fanfarria de Granaderos a ceremonias institucionales, y las envió a la Sociedad Rural, el Círculo Militar (que expulsó al ex jefe de Estado Mayor Martín Balza), y a los hipódromos de Palermo y San Isidro. Su equipo de colaboradores está plagado de familiares e incluye al hermano, dos hijos, un sobrino y sus respectivas parejas. Su primer vocero fue un suboficial de la Armada en actividad, novio de su hija y colaborador del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, cuya conducta durante el terrorismo de Estado es investigada por la Justicia por el asesinato de dos delegados. Debió alejarlo cuando el vocero firmó un mensaje de felicitación al diario La Nación celebrando “su trayectoria”. La actividad más regular de Puricelli son los viajes al exterior, siempre con demasiados acompañantes. Entre los oficiales retirados que actúan como asesores (según el artículo 62 de la ley orgánica) confirmó al almirante Joaquín Stella, el jefe de Estado Mayor de la Armada relevado por Kirchner en 2003, quien durante la crisis de fin de siglo presentó un plan al ministro de Defensa Horacio Jaunarena por el cual se movilizarían miles de efectivos militares en apoyo de la Policía y la Gendarmería, bajo las órdenes de un comandante operacional de las Fuerzas Armadas. En cambio decidió prescindir del general Juan Jaime Cesio, despojado de su grado por la dictadura por haber denunciado la comisión de “delitos aberrantes, como el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas” y privilegiar “su condición de ciudadano sobre la de militar”, al asistir a una movilización por los derechos humanos. Recién Kirchner lo reparó, con palabras precisas, al devolverle el grado y proponer su ascenso a general: “Que en la Argentina no pueda ya decirse que el héroe es condenado y el dictador, con las manos manchadas de sangre, resulta juez. No hemos perdido la capacidad de distinguir el bien del mal, lo que es honorable y lo que no lo es”. En cambio Puricelli remitió el caso al Ejército, para que decida si precisa o no de los servicios de Cesio. Algo equivalente hizo con la decisión inconsulta del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, brigadier general Jorge Chevalier, quien cubrió una placa colocada en el Centro de Estudios de las Fuerzas Armadas, que recordaba que en ese mismo sitio funcionó la Escuela Superior de Guerra del Ejército, donde oficiales franceses enseñaron las “prácticas genocidas amparadas en la Doctrina de la Seguridad nacional”. Como Chevalier ponía en duda que allí hubieran enseñado los veteranos de las guerras coloniales de Indochina y Vietnam, Puricelli solicitó un informe a la dirección de derechos humanos y cuando lo recibió se lo hizo llegar a Chevalier, para que él decidiera. El caso no es dudoso. El Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, organizado en la Escuela Superior de Guerra con el asesoramiento de los instructores enviados por el gobierno francés, fue inaugurado el 2 de octubre de 1961, según la crónica que al día siguiente publicó Clarín. Su jefe fue el coronel Alcides López Aufranc, quien contó con el asesoramiento de los coroneles franceses Robert Bentresque y Jean Nouguès . Entre los profesores figuraban algunos sacerdotes, como Victorio Bonamín, intelectuales laicos, como el ex seminarista Mariano Grondona, y jefes y oficiales que tendrían actuación destacada en las dictaduras de las dos décadas siguientes. También algunos asistentes latinoamericanos adquirirían notoriedad en el derrocamiento de gobiernos electos y la instauración de regímenes criminales, como el boliviano Alfredo Ovando Candia, el hondureño Alonso Flores Guerra y el chileno Sergio Arellano Stark. El director de la Escuela, general Carlos Túrolo dijo que el curso versaría sobre el nuevo tipo de guerra interna, que se libra sin escrúpulos ni principios éticos. En su artículo “Radioscopia subversiva en la Argentina”, publicado en el No 344, enero-marzo de 1962, de la Revista de la Escuela Superior de Guerra, el instructor francés Jean Nouguès sostuvo que el enemigo de sus discípulos argentinos sería constituido por el peronismo y los intelectuales. En mi libro La Violencia Evangélica publiqué un memorandum del embajador Armand de Blanquet du Chayla y una nota del agregado militar y naval de Francia, coronel Notelle, sobre el curso para treinta y nueve oficiales de catorce países. El conde Blanquet du Chayla, miembro de una familia de militares y obispos, destacó en el informe a su gobierno la importancia de que también participaran como alumnos oficiales estadounidenses, cuyos celos destacaba. El último episodio que caracteriza el estilo de Puricelli está en pleno desarrollo y se refiere a la demolición de un monumento al Plan Cóndor erigido en 1978 en la Compañía de Ingenieros de Montaña 5, de Salta. Es una pirámide, coronada por un globo terráqueo en el que la Argentina resalta en color rojo, sobre el que aletea un cóndor. A propuesta del Frente para la Victoria, el Concejo Deliberante solicitó al ministerio de Defensa que lo destruyera. El pedido fue avalado por el secretario de derechos humanos de la Nación, Martín Fresneda, en un dictamen que menciona el repudio expresado por el Mercosur a “las Coordinaciones Represivas del Cono Sur y en particular de la Operación Cóndor”. Agregó que de acuerdo con la política de Memoria, Verdad y Justicia iniciada por Kirchner, que colocó a los derechos humanos como nota distintiva del proyecto nacional y popular, “no puede el Estado democrático asignar denominaciones honoríficas, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de carácter público, a situaciones que constituyeron una participación activa en la represión ilegal y en el quebrantamiento de la institucionalidad democrática”. Como el pretexto del monumento fue el Combate de Manchalá, “si existiera alguna placa rememorativa de algún soldado conscripto”, muerto en aquel enfrentamiento con fuerzas del ERP en Tucumán, “la misma podrá ser trasladada a otro lugar de la Guarnición”. Puricelli remitió la cuestión a la justicia federal. El juez Miguel Medina preguntó al ministerio si había alguna resolución para demoler el monumento. La directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Defensa, Stella Segado, dictaminó que para preservar posibles pruebas deberían conservarse los 50 centímetros de la base, ya que una versión sostenía que debajo del monumento habría restos de detenidos-de-

saparecidos. Puricelli no aceptó ese dictamen y se propone responder que no hay resolución alguna del ministerio, con lo cual permitiría a la Justicia salteña ignorar la decisión de los ediles y prolongar por tiempo indefinido el homenaje al terrorismo de Estado.