El gobierno nacional dispuso evacuar la Fragata Libertad, retenida en el puerto ghanés de Tema, y alquilar un avión de un tercer país para traer de regreso a 320 tripulantes de ocho nacionalidades, en defensa de “su integridad y su dignidad”. La decisión de la presidente CFK fue anunciada poco después de las 18 por el canciller Héctor Timerman, quien reveló las condiciones extorsivas impuestas por el juez de Ghana que retuvo el buque-escuela: si la Argentina no aceptaba negociar con el fondo buitre “NML Capital Limited” el tribunal no autorizaría el reaprovisionamiento de la nave. Sin combustible, la fragata no podría alimentar sus generadores de energía, que abastecen los mecanismos de lucha contra incendios, las bombas de achique, las cocinas, los frigoríficos, los baños, las duchas y la iluminación. Timerman, quien luego de la conferencia de prensa se embarcó hacia Nueva York, donde mañana denunciará ante el presidente del Consejo de Seguridad este acto de piratería en violación a la ley internacional y los derechos humanos, estuvo en contacto permanente con Cristina desde las siete de la mañana. Luego de aprobar el texto, la presidente ordenó que el Canciller lo leyera mientras el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, permanecía de pie a su lado en elocuente silencio. Puricelli asumió la responsabilidad por todo lo sucedido y le dijo a la presidente que deseaba volver a la provincia de Santa Cruz, donde tiene el futuro asegurado con los derechos de servidumbre que le paga una empresa minera por la explotación de terrenos que le pertenecen. Cristina le contestó que ella decide cuándo un ministro se aleja de su gobierno, lo cual es un ominoso consuelo. Puricelli se recriminó haber sido ingenuo frente al itinerario propuesto por la Armada, que su ministerio notificó sin comentarios a la Cancillería para desoír luego su advertencia en contrario. Por todo eso, Cristina decidió el alejamiento de la punta de lanza que la Armada utilizó para colonizar el Ministerio de Defensa, la Directora de Inteligencia Estratégica Militar Lourdes Puente Olivera. En cambio, sigue en discusión la continuidad del Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Oscar Cuattromo, quien es tío de la ex funcionaria. Cuattromo no dejó huellas de su intervención ni en el dictado de cursos por parte del Brigadier Mayor (R) Richard Goetze, quien fue agregado en Buenos Aires del Pentágono y de la Fuerza Aérea de su país en los peores años del terrorismo de Estado y los vuelos de la muerte, ni en la fijación del itinerario de la Fragata Libertad. En ambos casos se las ingenió para que los documentos fueran firmados por el Secretario de Asuntos Exteriores de la Defensa, Alfredo Forti, con el pretexto de que los instructores venían de Estados Unidos y la Fragata viajaría fuera del país. Pero Cuattromo y no Forti abrió y cerró el curso. Sin resignar su carácter de personal de la Armada, Lourdes también trabajó con el Coordinador General de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidente, Rafael Follonier. Cuando la Armada impulsó la designación de la mujer al frente del principal organismo de Inteligencia de la Defensa, Follonier fue consultado por el gobierno. Dijo que la conocía pero que no estaba en condiciones de dar garantías sobre ella. Por eso, la ex ministra Nilda Garré no aceptó designarla, cosa que hizo Puricelli muy poco después de asumir. (Ayer el bisemanario “Perfil” le atribuyó la designación a Garré, lo cual es falso). Una vez rechazada su renuncia, el ministro defendió ante Cristina la situación de Cuattromo y la presidente respondió que lo pensaría. Tampoco es claro todavía el destino de un grupo de asesores ministeriales que ingresaron junto con la informante naval despedida, amigos de la hija de Puricelli, formados en universidades privadas de la Iglesia Católica, con postgrados en institutos del establishment de seguridad nacional de los Estados Unidos, y/o colaboradores de Clarín como Juan Battaleme, profesor del think tank liberal UADE-Ucema, quien el mes pasado publicó un artículo en ese diario donde cuestiona la Unasur y alaba la Alianza del Pacífico compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, países “que sirven de puerto para unidades de la IV Flota de los Estados Unidos”.

El capitán con cinco hombres

La decisión de evacuar la fragata y traer de regreso a la Argentina a 320 tripulantes, también incluye que el capitán Pablo Lucio Salonio permanezca a bordo con una guardia de cinco hombres mientras prosiguen las gestiones políticas y las apelaciones judiciales. La presión sobre el gobierno nacional para que aceptara la negociación que no está dispuesto a entablar con los fondos buitre incluyó la difusión de datos extravagantes. El diario Clarín sostuvo el 14 de octubre que el costo portuario de la Fragata Libertad era de 50.000 dólares diarios. El 19 le hizo una pequeña rebaja, a 49.000 dólares por día, siempre según cálculos de fuentes no especificadas. Los del gobierno argentino, que paga la factura, son muy distintos: apenas superan los tres mil dólares diarios, como se observa en el cuadro.

Antes de que la presidente ordenara la evacuación, Timerman tenía previsto viajar hacia Etiopía para plantear la crisis ante la Comisión de la Unión Africana y recién después debía volar a Nueva York para presentar el caso ante las Naciones Unidas. Aunque ese viaje fue suspendido, la cancillería envía más abogados a Accra para asistir a Forti y al secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuain, ya que ni las negociaciones políticas ni los recursos judiciales se interrumpirán por el regreso de los embarcados. Como resultado de las gestiones políticas realizadas se resolvió recurrir el fallo ante una cámara de apelaciones de Ghana. Este es un paso previo indispensable antes de acudir al tribunal de Hamburgo que ejerce la jurisdicción sobre los países miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En las reuniones mantenidas la semana que hoy termina con el Canciller, el Ministro de Defensa y el Procurador General de Ghana, los emisarios argentinos plantearon que la orden judicial que impide continuar el viaje de instrucción, excede incluso los alcances del fallo del juez estadounidense Tom Griesa al desconocer la inmunidad soberana de una nave de guerra y crea un problema entre ambos Estados. El gobierno de Ghana reconoce que la Argentina tiene razón en este punto, y así lo alegó en una presentación como amigo del tribunal, que el juez de primera instancia no atendió. Los funcionarios admiten además que Ghana dio la anuencia para la escala de la Fragata, lo cual torna lo sucedido en un bochorno para el gobierno africano. Pero aducen que no se trata de un problema de Ghana con la Argentina sino de la Argentina con el demandante y se escudan en la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, por lo que aconsejan presentar la apelación ante una cámara de tres jueces, sobre la que prometen ejercer toda la presión posible dentro de la ley. Así podrían obtener un pronunciamiento expeditivo, en consideración a las características especiales del caso. El propio Procurador General representaría el apoyo de Ghana a la posición argentina ante ese tribunal. El Canciller es un ex magistrado que transmitió una visión optimista sobre este trámite. No está claro cómo incidirá en esta secuencia prevista de acontecimientos el anuncio de anoche, en el que el Canciller responsabilizó al gobierno de Ghana por “un acto ilegal, violatorio de las normas internacionales”. También los fondos buitre de Italia están buscando abogados para conseguir otro embargo sobre la nave detenida en el puerto. El representante a cargo de la gestión se llama Michelle Colella, un apellido con fuerte resonancia en la Argentina. Hasta hoy, Zuain y Forti no fueron recibidos por el presidente John Dramani Mahama, quien asumió en julio al morir de un cáncer su antecesor John Evans Atta Mills. Los influyentes fondos de inversión ingleses celebraron que la transición del presidente a su vice haya ocurrido sin sobresaltos ni cambios en la política económica. Por intercesión de diplomáticos cubanos y brasileños Zuain y Forti tuvieron acceso a un anciano asesor presidencial de legendario pasado durante las guerras de la independencia, junto a Patrice Lumumba en el Congo y Agosti-nho Netto en Angola. En el encuentro manifestó su voluntad de evitar que se profundizara un conflicto con la Argentina, que no ayudaría al presidente Mahama en su campaña por un nuevo mandato de cuatro años, en elecciones convocadas para diciembre. Aparte de la solución de fondo, le pidieron que intercediera para despejar la peor amenaza, la prohibición de reaprovisionar de combustible al buque. El asesor prometió transmitir la cuestión al presidente y dar una respuesta esta noche, pero antes se produjo el anuncio de ayer, que cambia el cuadro de situación.

Al este del paraíso

El moderado optimismo que produjo ese contacto contrastaba con los temores por la estrecha relación de Ghana con el Reino Unido, al que está unido en la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones cuya titular simbólica es la reina británica Isabel II. Peor aún, Ghana figura tercero en la lista de paraísos fiscales ultra secretos para realizar transacciones ilegales, según el ranking confeccionado por la coalición de investigadores y activistas The Tax Justice Network Africa. Ese paraíso es también de hechura británica. Según el diario londinense “The Guardian”, el banco Barclays trabajó desde 2005 en estrecha relación con el gobierno de Accra para establecer un centro internacional de servicios financieros que ofreciera “bajos impuestos y mínima transparencia”. Al año siguiente, Barclays se instaló también en la Argentina, donde asesoró a la provincia de Buenos Aires para la colocación de deuda y, en 2010, lideró el grupo de bancos que operó el segundo canje de títulos argentinos en default. Las leyes de Ghana fueron modificadas para permitir que Barclays operara como banco offshore. Organizaciones internacionales de ayuda al desarrollo citadas por el diario expresaron temor de que “los barones de la cocaína, que cada vez más utilizan el Africa occidental como ruta de tránsito hacia Europa, puedan lavar en Ghana el dinero de la droga”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió a Ghana que su emergencia como nuevo paraíso fiscal podría estimular la corrupción y la criminalidad en toda la región. Como consecuencia de estas preocupaciones, el año pasado el gobierno canceló la autorización concedida a Barclays. Y hace dos meses, Barclays cerró su oficina en Buenos Aires.