A fines de marzo de 2011, la ministra de Seguridad Nilda Garré propuso a los 24 distritos del país un protocolo de actuación ante manifestaciones y protesta social. Diecinueve provincias firmaron; tres están evaluando (Corrientes, Córdoba y Santa Fe) y dos decidieron no firmar, Ciudad de Buenos Aires y Neuquén. El texto es categórico y recoge las nuevas técnicas: La intervención de las fuerzas de seguridad será progresiva, empezando por el diálogo con los manifestantes. Los Poderes Eecutivos deben designar un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones. Se establecerá claramente la prohibición de usar armas de fuego a todo el personal que tenga contacto directo con los manifestantes. Queda prohibido el uso de pistolas lanzagases. Las postas de goma sólo podrán usarse para fines defensivos, no se pueden usar para dispersar una manifestación. Deben establecerse vallas para salvar la integridad de los que protestan y del personal. No puede haber ni vehículos ni personal sin identificar. Los efectivos deben garantizar la libre cobertura y queda prohibido impedir que se tomen fotografías, imágenes o testimonios.