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La Cámara Federal porteña tendrá que definir a qué juzgado le corresponde investigar la denuncia de Elisa Carrió sobre el supuesto desmantelamiento de una caja de seguridad en una propiedad del empresario Lázaro Báez en los mismos días en que se iniciaba la causa por lavado de dinero en la que está imputado. Carrió había hecho su presentación en el juzgado que tramita ese expediente, el de Sebastián Casanello, quien la envió a su par en Río Gallegos, donde habrían ocurrido los hechos que ella señaló. Sin embargo, la jueza subrogante Ana Alvarez le devolvió los papeles a Casanello. Como, además, había apelado el fiscal Guillermo Marijuán, el juez decidió hacer lugar al planteo, de modo que serán sus superiores los que opinen y zanjen el debate, recargado de discusión política.

Carrió, envalentonada, denunció ayer penalmente a Casanello, a quien dijo considerar un “encubridor” que actuó en forma deliberada para “intentar frustrar la investigación”. Así, cada vez hay más causas satelitales que se originaron en relación con la inicial, que revelan un bombardeo que corre el foco de la causa inicial sobre maniobras de lavado de dinero en las que están implicados el contador Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar y el propio Báez. El fiscal Marijuán denunció al titular de la procuraduría que se ocupa de investigar lavado de activos y criminalidad económica, Carlos Gonella, y también impulsó investigar a la procuradora general Alejandra Gils Carbó por la designación de fiscales ad hoc. Se abrió otra causa por el relato de una ex secretaria de Néstor Kirchner, quien se refirió a viajes y al traslado de bolsos con dinero en los que involucró al ex secretario privado Daniel Muñoz. En este último caso, a cargo del juez federal Luis Rodríguez, se tomaron ayer las primeras medidas investigativas. Tanto Casanello como Rodríguez fueron nombrados jueces federales este año.

La denuncia que Carrió había llevado a Casanello sostenía, en base a fotocopias de 200 fotografías, que Báez desmontó una caja de seguridad en su quinta de Río Gallegos y que de allí se llevó bienes, armas y documentación a una estancia. Lo que hizo el juez fue mandar la denuncia a Santa Cruz pero se quedó con copias, de modo que si surgía algún elemento que pudiera estar vinculado con su pesquisa, sería incorporado. Su razonamiento fue que en caso de haber algún delito, como destrucción de pruebas, por ejemplo, debía investigarse en el lugar donde habría sido cometido. Y eso no le quitaría valor como evidencia en la investigación sobre lavado. La jueza Alvarez –quien hoy será reemplazada por la conjueza Andrea Askenazi– le devolvió la carpeta con el argumento de que no había sido notificada la fiscalía. En el juzgado sostienen que las denuncias no se notifican, sí las renuncias a la competencia, pero no era el caso.

Además del planteo de Alvarez, como Marijuán presentó una apelación, Casanello decidió girar el tema a la Cámara Federal para que defina y hoy se sabrá qué sala interviene. El tribunal de alzada también tendrá que expedirse sobre otro asunto objetado por Marijuán: la negativa de Casanello a hacer un allanamiento en un galpón de muebles de San Fernando, donde un anónimo sugería que podía haber documentación de la financiera SGI de Elaskar. El magistrado ordenó allí tareas de inteligencia, que no detectaron movimientos sospechosos.