Los gremios docentes y la administración de Scioli deberán volver a reunirse cara a cara, ahora por orden judicial.
Imagen: DyN.

La Justicia bonaerense aceptó ayer el recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo y ordenó a los docentes “el cese inmediato de la huelga” que ya lleva 13 días. El juez Francisco Terrier, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 3 de La Plata, también intimó al gobierno de Daniel Scioli a reabrir la paritaria y no descontar los días de paro. Los gremios ya habían ratificado la medida de fuerza y ahora evaluaban cómo proseguir después del fallo. La presentación realizada por el defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto, el viernes a última hora, afirmaba que “existe una colisión de derechos y el derecho a la educación de los niños debe prevalecer ante el de huelga”. También solicitaba una medida cautelar para que “se ordene el cumplimiento inmediato y urgente del dictado de clases en todos los niveles de la Dirección General de Cultura y Educación”.

En ese sentido, el juez Terrier hizo lugar al pedido de Bonicatto y pidió que los gremios eviten “adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños, niñas y adolescentes”. Además, ordenó a la administración de Daniel Scioli que reabra la negociación salarial cerrada de manera unilateral el jueves pasado cuando, sin acuerdo entre ambas partes, la provincia resolvió el aumento por decreto. A la paritaria, dice el juez, “deberán concurrir obligatoriamente las partes en conflicto”, mientras que otro de los puntos destacados es “la prohibición de efectuar descuentos salariales”. El magistrado tomó esa decisión para “resguardar a los docentes que han adherido” a la medida de fuerza.

Luego de conocerse el fallo, desde el gobierno bonaerense aseguraron que acatarán lo dispuesto por la Justicia y reabrirán la discusión salarial. También se abstendrán de avanzar en el descuento de los días de paro, que no se verían reflejados en el sueldo de marzo sino recién en el de abril. Sin embargo, si el juez obligó a reabrir la paritaria, cabe esperar todavía lo que sucederá con los sueldos de marzo, que según el ministro de Trabajo bonaerense ya habrían empezado a liquidarse con el aumento decretado por Scioli.

El gobierno bonaerense se mantenía esperanzado en que el fallo llevara a los docentes a levantar las medidas de fuerza. Sin embargo, no se aventuraron a afirmar que los maestros acatarán finalmente la decisión judicial, teniendo en cuenta como antecedente el rechazo de los gremios a la conciliación obligatoria. Para la administración sciolista, esta decisión “les da a los docentes una salida al conflicto y los deja bien parados frente a las bases que no están pudiendo controlar”.

Hasta ayer los gremios aún no habían definido cómo proseguir ante la resolución e incluso habían ratificado el paro. En ese sentido, el titular de Suteba, Roberto Baradel, aseguró a Página/12 que los gremios no harían “hipótesis previas” porque aún no conocían ni la presentación realizada por Bonicatto ni los alcances del fallo, por lo que todavía se mantenían a la espera, sin tomar ninguna definición.

Por la mañana, la Federación de Educadores de Buenos Aires (FEB) decidió en un plenario en la ciudad de La Plata continuar con el paro. “Los docentes están convencidos de seguir adelante con el reclamo pese a las advertencias, las amenazas y los intentos intimidatorios”, afirmó la titular de la FEB, Mirta Petrocini. “Hasta que no haya una propuesta que resulte satisfactoria, continuaremos sin retornar a las aulas”, añadió.

En todo caso, sostuvo Bonicatto, los gremios podrían apelar la disposición, aunque “eso no impide que se mantenga la vigencia” de la resolución judicial.

Para destrabar el conflicto, el gobierno provincial barajaba también distintas opciones, entre ellas, una “ley de emergencia educativa”, una idea deslizada el viernes por la directora de Cultura y Educación, Nora De Lucía. Consultado respecto de esa opción, Baradel sostuvo que la norma “deberían establecerla para cobrar un impuesto a los sectores de mayor capacidad contributiva y pagar un salario justo a los trabajadores”.

Sin embargo, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez, sostuvo: “Quisiéramos que los docentes cobraran mucho más, pero no podemos ofrecer un aumento que después no se pueda pagar. Tenemos una provincia equilibrada, con recaudación fiscal record, no podemos aumentar impuestos porque esto afectaría el bolsillo y la inflación, no vamos a ser parte de esto”.

Sin acuerdo entre las partes y antes de la decisión judicial, tanto los gremios como los funcionarios sciolistas protagonizaron una serie de acusaciones cruzadas en torno de la supuesta “inflexibilidad” de ambos lados. “Desde el primer día los gremios se han puesto en una posición intransigente, quitándonos la posibilidad de dialogar”, consideró Alvarez Rodríguez en declaraciones a la prensa.

Por su parte, Baradel desestimó esas críticas y aseguró que desde los funcionarios bonaerenses “hay un grado de confrontación que no han tenido ni con sectores que tienen poderío económico, como las patronales agrarias”. “Lo que se vio es que intentaron enfrentar a los docentes con la comunidad”, remarcó el dirigente gremial.

Ante este escenario de entredichos y cuestionamientos de ambos lados, la decisión del juez Terrier aparece como la primera punta para comenzar a destrabar el conflicto que desde el 5 de marzo impide el comienzo de clases en la provincia y afecta a 3,5 millones de chicos.

Informe: Aldana Vales.