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Latinoamérica será un acuerdo entre los estados, o no será nada.
En el siglo XX, especialmente en la última década, se configuró un escenario con un cúmulo de transformaciones de tal profundidad y alcance que es posible afirmar que el mundo será distinto al anteriormente conocido, digo distinto y espero que sea mejor.
La búsqueda de la paz y de un mundo regido por una concepción basada en la libertad y la justicia intenta indicar el rumbo hacia una comunidad internacional más solidaria, donde cada problema alcance una solución que contemple el interés de cada actor y sea capaz de reemplazar la fuerza por la razón y la confrontación por la negociación. A pesar de ello, parecería que se pasó de un mundo bipolar, estructurado y previsible, a otro unipolar (militarmente), menos estructurado y menos predecible, donde algunas naciones imponen su propio sentido de justicia y deciden cuándo la guerra está, o no, justificada. Otra muestra de ello es la persistencia de conflictos predominantemente internos o intraestatales. Entre 1990 y 1997 existieron en el mundo 83 conflictos, 79 de ellos internos.
En este contexto, donde algunos pocos estados pueden usar la fuerza con libertad de decisión casi total cuando aprecian que sus intereses están amenazados, resulta claro que la defensa de tales intereses sigue siendo responsabilidad indelegable del Estado y esto impone la necesidad de contar con un instrumento militar disuasorio que obre como freno efectivo a las conductas y tentaciones imprevistas.
Es indispensable identificar situaciones estructurales críticas que constituyen, o pueden constituirse en el futuro, en desafíos a la democracia, a la defensa y a la seguridad, entendida esta última tal cual la define las Naciones Unidas como “la condición exenta de peligros, presión o coerción al desarrollo y progreso de los pueblos”. Este concepto se complementa con el de defensa, que tiene por finalidad “garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación” (Ley 23.554). Entre las principales amenazas están: el terrorismo internacional ligado al narcotráfico, la extensión horizontal de la producción y posesión de armas de destrucción masiva y el armamentismo. Existen también factores de riesgo como las desigualdades en el desarrollo socio-económico de los pueblos (extrema pobreza y marginación social) y la intemperancia y discriminación étnica, religiosa, cultural o política. Todo ello es generador de desequilibrios y tensiones, pero debemos priorizar la voluntad decisional terrorista que está utilizando la más moderna y original tecnología. La perversidad criminal no tiene límites ni fronteras y se apoderará de los medios más imprevisibles. Además, constituye un verdadero desafío a nuestra voluntad y a nuestra imaginación.
En nuestro escenario latinoamericano aún no se ha consolidado una adecuada estabilidad político-económica, la situación psico-social es vulnerable, persiste un marcado atraso científico-tecnológico y la presencia del narcotráfico ligado al terrorismo contribuye a acentuar amenazas.
Pese a ello, estamos ante una oportunidad histórica para desarrollar un ámbito regional caracterizado por la confianza y la cooperación.
El objetivo de la defensa y la seguridad cooperativa es por ello el más importante desafío de la época y constituye el instrumento idóneo para avanzar en un marco ampliado de integración económica, militar y política, en ese orden. En el caso de las Fuerzas Armadas, ellas cumplen su función esencial en el ámbito de servicio de Estado. Ellas existen, en razón de este servicio y no en función de amenazas o riesgos concretos. Responden auna política de defensa que debe ser una política de Estado, definida por el poder civil, y bajo ninguna circunstancia delegada a los propios militares. En esencia, cumplen un rol permanente de defensa del interés nacional y subsidiariamente otros roles con los cuales es posible desarrollar una amplia gama de acciones de naturaleza eminentemente cooperativa. Su composición, dimensión y despliegue es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo nacional. Las Fuerzas Armadas modernas deben adecuarse a la realidad y posibilidades de la Nación, ser altamente especializadas, poseer gran movilidad y flexibilidad y estar constituidas por soldados profesionales con gran excelencia militar y humanística. No tienen que tener como misión tareas para las que no están organizadas, equipadas y adiestradas, y deben concentrarse en lo que les es propio: garantizar la seguridad externa. El empleo de las mismas en la seguridad interna tiene carácter de excepción y está condicionado a las disposiciones legales vigentes. De lo contrario se corre el riesgo de policializar el instrumento militar o militarizar las fuerzas de seguridad y policiales. Ello atentaría contra la eficiencia y especificidad de ambas fuerzas.
Conviene señalar que lo colectivo es complementario de lo cooperativo, ya que este último resulta un ingrediente de mayor confiabilidad en la implementación de mecanismos de defensa y seguridad. Entendemos que la esencia de lo colectivo en el pasado significaba la reacción común frente a la agresión y comportaba una participación proporcional pero cualitativamente semejante. Un ejemplo de ello fue, en nuestra región, el ineficiente y obsoleto Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR), diseñado para responder a una agresión de la ex Unión Soviética en los tiempos de la superada Guerra Fría.
La esencia de lo cooperativo, en cambio, es la prevención, la participación proporcional, pero con la posibilidad de la heterogeneidad en el aporte de los medios y podrá desarrollarse sin que sea imprescindible una estricta correspondencia geográfica o de poder relativo.
El compromiso cooperativo parte de la conveniencia aceptada por cada actor de los beneficios que cooperar produce en términos de defensa y seguridad. El compromiso cooperativo, entonces, es superior en la obligación frente a los restantes actores. Los marcos de cooperación pueden ser múltiples y las asimetrías de potencias dentro de él se ven morigeradas. Por ello, consideramos conveniente avanzar en todos los espacios posibles pero dando prioridad, inicialmente, al ámbito vecinal, a fin de contribuir a consolidar los procesos de integración en marcha y progresar en el ámbito subregional sobre bases más sólidas.
Multilateralismo no es ceder poder, debemos avanzar juntos pero no mezclados –al igual que Europa– a una integración regional no sólo económica. La defensa y seguridad cooperativa contribuirá a consolidar la confianza mutua, la democracia y la plena vigencia de los valores fundamentales que posee la persona humana en todo momento y lugar, y que le permiten vivir en condiciones de dignidad, libertad e igualdad.

* Ex jefe de Estado Mayor Conjunto, actual embajador argentino en Venezuela.