El represor Pascual Oscar Guerrieri, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del centro clandestino de detención conocido como Quinta de Funes, está preso por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Cumplía arresto domiciliario hasta ayer a la mañana, cuando apareció sorpresivamente en el Regimiento I Patricios con una explicación que dejó perplejos a sus interlocutores: dijo, casi como una confesión, que se había tomado un remise para ir hasta una óptica a arreglar sus anteojos, y cuando regresó a su casa había periodistas en la puerta, por lo tanto no se atrevía a entrar. Guerrieri les estaba pidiendo cobijo. Pero el jefe de la unidad militar se comunicó enseguida con el juez federal Ariel Lijo, que instruye una de las causas en las que el coronel retirado está imputado, le informó la situación y le dijo que ellos no iban a alojarlo porque el Ejército no está a cargo de su custodia. El magistrado ordenó que lo llevaran detenido a Campo de Mayo y es probable que ya no vuelva a su hogar por haber violado el arresto domiciliario.

El beneficio de la detención domiciliaria le llegó a Guerrieri hace algo más de un año, cuando cumplió setenta. Antes había estado preso en el mismo Regimiento de Infantería de Buenos Aires al que recurrió ayer en busca de protección, un lugar que durante su detención le prodigó comodidades y frecuentes partidos de paddle con el jefe de la Guarnición Militar Buenos Aires, el general Eduardo Altuna. Altuna era el número dos del regimiento, y fue desplazado cuando el entonces ministro de Defensa, José Pampuro, descubrió que el lugar era sede de una reunión secreta de empresarios, operadores políticos y militares retirados y en actividad, entre ellos Enrique “Coti” Nosiglia, Vicente Massot y el represor de Automotores Orletti Rubén Visuara.

Guerrieri fue uno de los principales lugartenientes del genocida Guillermo Suárez Mason –ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército– y está preso por dos causas penales por su responsabilidad en los crímenes del terrorismo de Estado. Uno de los expedientes, a cargo del juez Lijo, se refiere al secuestro y a la desaparición de veinte militantes de Montoneros que participaron de la llamada “contraofensiva” en su regreso al país en 1980. El coronel (RE), que era jefe de la central de operaciones del Batallón de Inteligencia 601, está acusado de haber participado en los secuestros y desapariciones y se le aplicó el delito de asociación ilícita junto a otros represores. En otra de las investigaciones, a cargo del juez federal Omar Digerónimo, está implicado como autor de la privación ilegítima de la libertad y tormentos en 15 casos, 12 de los cuales terminaron en asesinatos, mientras comandaba el campo de concentración llamado Quinta de Funes, en la jurisdicción del Cuerpo de Ejército II, en Santa Fe.

Además, Guerrieri intervino a mediados de 1983 en el secuestro en el Bar Magnum de Rosario de los militantes Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, que un día después aparecieron muertos en un supuesto enfrentamiento, un episodio en el que aparece implicado el ex subcomisario Luis Patti.

Con el regreso de la democracia, el represor huyó a Paraguay. Más tarde quedó al amparo de la ley de obediencia debida. Durante el menemismo, comenzó a visitar con regularidad las oficinas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y prestarle sus servicios. En julio de 2002, quedó detenido junto con otros 40 militares por orden del juez Claudio Bonadío, que por entonces tenía a cargo la causa sobre la contraofensiva.

Acostumbrado al trato preferencial, Guerrieri apareció ayer a la mañana en el Regimiento de Patricios, en Palermo. Se bajó de un remise, invocó su pasado militar y pidió por favor que lo reciban. Más todavía, que lo amparen. Los oficiales, al escucharlo, quedaron descolocados por su explicación. Les contó que había salido de su casa para ir a una óptica aque le arreglaran los anteojos, y al regresar encontró en la puerta un grupo de gente, supuestamente periodistas, de modo que no quiso entrar. El jefe de la dependencia militar, al parecer, hizo algún intento infructuoso porque volviera a su domicilio. Finalmente se comunicó con el juez Lijo y le explicó que Guerrieri no tenía nada qué hacer ahí ya que, al menos hasta el momento, el Ejército no está a cargo de su custodia. Le informaron que la fuerza sólo lo vigila excepcionalmente si va, con autorización, al Círculo Militar, donde hay pileta olímpica, canchas de tenis, de básquet y de paddle.

Hasta ahora la custodia de Guerrieri la ejercía su esposa, una amiga y simpatizante de las ideas de Cecilia Pando, la mujer del mayor Rafael Mercado, pasado a retiro en diciembre cuando ella hizo una airada defensa de la dictadura y los represores. Pando, la que interrumpió a Néstor Kirchner en medio de un acto por el Día Internacional de la Mujer, en la Casa Rosada.

El juez Lijo finalmente decidió enviar a Guerrieri al Instituto Penitenciario Militar, en Campo de Mayo, y el lunes será trasladado a su juzgado, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. La situación fue informada al jefe del Ejército, Roberto Bendini quien, a su vez, la reportó al Ministerio de Defensa, que encabeza Nilda Garré, según confirmaron a Página/12 fuentes de la cartera. El magistrado evalúa modificar las confortables condiciones de detención del represor por haber violado el arresto domiciliario, una situación que él mismo reveló creyendo que conseguiría ayuda.

Guerrieri podría quedar preso en dependencias del Ejército, pero si avanza un proyecto de la ministra Garré para exhortar a los jueces que instruyen las causas sobre los crímenes de la dictadura a que lleven a los militares a cárceles comunes, tal vez le toque pasar el resto de sus días, por ejemplo, en el penal de Marcos Paz.

En otros tiempos, cuando el fallecido Ricardo Brinzoni era jefe del Ejército, Guerrieri se dio el gusto de presionarlo en busca del fin de las causas sobre los crímenes contra la humanidad de la última dictadura. “Si usted no nos soluciona la situación, yo voy a hablar”, lo intimó. Brinzoni se jactaba en ámbitos militares de manejar gestiones políticas y ante la Corte Suprema para que convalidara las leyes de punto final y obediencia debida. El desenlace, con la Corte renovada, fue exactamente el inverso.

El arresto domiciliario es un beneficio para presos con enfermedades terminales o mayores de setenta años que los jueces tienden a conceder automáticamente a militares, pero excepcionalmente a los presos comunes. El ex jefe del Batallón 601, Carlos Tepedino, detenido en la misma causa que Guerrieri, fue sorprendido en la puerta de su domicilio y al periodista Diego Martínez, que lo había descubierto, le dijo: “Te prometo que no salgo más”. El ex presidente de facto, Reynaldo Benito Bignone, detenido por apropiación de menores hijos de desaparecidos, le confesó a una periodista francesa: “Yo salgo todos los días”. El ex almirante Emilio Massera fue sorprendido paseando por una arboleda a cien metros de su quinta en Pacheco. Como todos ellos, Guerrieri salió a la calle con la impunidad naturalizada. Pero le salió mal.