Los ex represores acusados de delitos de lesa humanidad deberán cumplir su condena en cárceles comunes si el Congreso aprueba un proyecto de ley para eximir del beneficio de la prisión domiciliaria a los militares mayores de 70 años.

La propuesta, que comenzará a ser debatida en comisión esta semana, fue redactada por los diputados Gerónimo Vargas Aignasse y Beatriz Rojkes de Alperovich. “No puedo ver que genocidas como Videla, Massera, Suárez Mason, Bussi, Menéndez, Arrechea y tantos otros pasen sus días en countries residenciales con piscinas, recibiendo visitas y dando paseos en bicicletas alegando 70 años de edad o enfermedad terminal”, señalaron los legisladores en los fundamentos del proyecto.

El beneficio de la prisión domiciliaria se estableció como una excepción extraordinaria para aquellas personas mayores de 70 años sin capacidad para afrontar vida carcelaria ni de fugarse. Su derogación es un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos.

El debate por el tema lleva ocho años. Comenzó en 1998, cuando el ex juez Roberto Marquevich procesó con prisión preventiva a Jorge Rafael Videla y la Cámara Federal de San Martín le concedió el beneficio de estar detenido en su domicilio. Aunque algunos magistrados entienden que la prisión domiciliaria no es una prerrogativa automática, sino que su otorgamiento deber ser evaluado por el juez, lo cierto es que hasta ahora muy pocos revocaron ese permiso.

El tema fue hace poco eje de debate a raíz de un fallo de la Cámara Federal que decidió cambiar la custodia de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros ocho imputados en la causa Esma, por oficiales del Servicio Penitenciario Federal. Si bien los ex marinos continuarán detenidos en sedes militares, la decisión de los camaristas alteró sus condiciones de arresto, ya que sus horarios y reglas pasaron a regirse de acuerdo con el reglamento penitenciario. Los organismos lo consideraron insuficiente, pero el tribunal rechazó trasladar los presos a celdas comunes, argumentando cuestiones de seguridad.