Un reportaje de una hora a Julio De Vido insume, como poco, una hora y media. Es viernes a la noche, la Plaza de Mayo despoblada ya tiene tono de fin de semana pero el teléfono (o, para ser precisos, los dos o tres celulares que manejan sus asesores y secretarios) del ministro de Infraestructura no tiene ni da sosiego. La entrevista se interrumpe una y otra vez. La ventaja relativa es que De Vido recupera su discurso allí donde lo ha dejado y lo reemprende a toda velocidad. No le gusta que le pregunten cuánto ranquea dentro del gabinete, pero la vastedad de los temas que recorre confirman que su agenda es prioridad esencial del Gobierno. Entre el grabador y los celulares se hace tarde pero el hombre luce cómodo en el edificio que su ministerio comparte con Economía, haciendo tres cosas a la vez. Sin embargo, y aunque lo diga a medias, parece que no le disgustaría dejar ese ajetreado lugar para intentar irse en 2007 a la casa de gobierno de Santa Cruz. A continuación, la hora neta de diálogo.

–La creación de Aysa, ¿es la primera de una serie de estatizaciones, es un caso especial o es una privatización encubierta?

–Ninguna de las tres cosas. Podría ser la cuarta estatización, después del Correo, de Thales Espectrum y del ferrocarril San Martín. Son contratos que se rescindieron por incumplimientos. El Estado tiene que recuperar la capacidad estratégica para definir los planes en distintas áreas de servicios. Eso no significa que deba administrarlos.

–¿Entonces no habrá otras estatizaciones?

–No hay una política de estatización. Hay una política de renegociación de contratos. Todos se analizaron en profundidad y hubo cuatro que decidimos rescindir, en otros 19 llegamos a acuerdos y quedan cinco por resolver, que son TGS, TGN, Aeropuertos, Hidrovía y la distribuidora de gas Metropolitano. También quedan los de colectivos y trenes, que estamos analizando porque son casos particulares y porque no hay recursos ante el Ciadi por ser empresarios nacionales.

–¿El hecho de que sean capitales nacionales les juega a favor, por ejemplo en ferrocarriles?

–Para nosotros es muy importante la participación del capital nacional en el desarrollo económico, pero en el caso de la renegociación de contratos no hemos tenido para nada en cuenta la nacionalidad del concesionario.

–Volvamos a Aysa. La pregunta de la privatización encubierta alude a un planteo del ARI, porque el estatuto no incluye una Acción de Oro en poder del Estado.

–No, porque no hace falta. La Acción de Oro es necesaria cuando el Estado se queda con una porción minoritaria del paquete accionario, como fue en la privatización de YPF. En el caso de Aysa, el decreto es absolutamente claro: el 90 por ciento de la empresa es del Estado nacional y el 10 por ciento de los trabajadores. Para cambiar esos porcentajes se necesitaría otra ley. Es falso que las acciones puedan venderse. Queremos que el Congreso ratifique esa relación accionaria que nosotros no tenemos ninguna vocación de transformar.

–¿Por qué se optó por la figura de sociedad anónima y no por una sociedad estatal?

–Porque nos permite mantener una estructura de gerenciamiento que pensamos que es muy eficiente. Aguas Argentinas no fracasó por el gerenciamiento, sino por la falta de inversiones y por un endeudamiento muy alto.

–Algunos cuestionan que sea una sociedad anónima porque son menores las posibilidades de control de la empresa.

–Es absolutamente falso. Enarsa, que también es una sociedad anónima, es controlada por la Sigén y por la Inspección General de Justicia, lo mismo que el Correo y el ferrocarril San Martín. La sociedad anónima es laherramienta más dinámica, y la que preserva la forma de gerenciamiento que tenía la empresa, que no era mala. Lo que era malo era su política.

–Pero la sociedad anónima puede hacer compras por otra vía que no sean licitaciones.

–Las sociedades anónimas tienen que hacer compras transparentes, porque así lo exige la Inspección General de Justicia. Lo que permite es tener mecanismos de compras mucho más dinámicos. Igualmente, quiero dejar aclarado que las inversiones del Estado se harán a través de licitaciones públicas. La empresa para comprar sulfatos y los distintos elementos para potabilizar el agua necesita un mecanismo de funcionamiento mucho más dinámico del que le puede dar una sociedad del Estado. Basta ver los resultados de la ex Obras Sanitarias de fines de los ’80. Esa falta de dinámica, ese mal gerenciamiento, llevó a que la empresa tuviera una performance muy negativa.

–Así como fue relativamente fácil en términos de opinión pública la reestatización del agua, ahora aparece la sombra de la vieja historia de las empresas públicas, cuyo descrédito lubricó la posibilidad de las privatizaciones.

–Efectivamente, por eso las queremos hacer eficientes y dinámicas. Tomar acta inventario de lo que pasó en aquel momento para evitar caer en situaciones parecidas. Esa ineficiencia justificó los negociados de los ‘90. En Argentina hay un total de 11 millones de personas sin agua y 20 millones sin cloacas.

–¿Qué pasará con las tarifas? José Luis Lingeri, jefe del sindicato y director de Aysa, dijo que haría falta un aumento.

–No habrá suba de tarifas. La empresa factura casi 800 millones de pesos al año, tiene gastos fijos por 450 millones y se van otros 200 millones en obras de mantenimiento y pequeñas expansiones. Queda un saldo positivo de 144 millones. La política es ganar clientes, que además lo necesitan, y dar un fuerte apoyo del Estado para megaobras.

–En el caso de los servicios públicos, ¿las tarifas congeladas no son un subsidio a sectores medios y altos, que pasa a no ser justo?

–Es muy valioso lo que dice. Como ministro no debo opinar sobre el tema, aunque a lo mejor piense igual que usted. La tarea que hay que darse es generar los consensos necesarios para diseñar los cuadros tarifarios más justos, y que la sociedad lo perciba de esa manera. La Ley de Cargos Específicos es fundamental en nuestra política de expansión de los servicios porque de esa manera se terminaron los aumentos indiscriminados de tarifas. El cargo indica claramente qué obra se hará, en cuánto tiempo y quién la va a pagar. En el caso de los gasoductos, hoy lo pagan los industriales, que son el sector económicamente más beneficiado.

–¿Qué pasará con el Etoss?

–El secretario de Obras Públicas, José López, reunió hace unos días a todos los intendentes de las zonas alcanzadas por la empresa para que nos den ideas para establecer las nuevas pautas regulatorias. El diseño con que fue constituido el Etoss es muy precario. El primer presidente del organismo fue Eduardo Cevallos, quien había privatizado Obras Sanitarias. No hace falta cambiarle el nombre, pero hay que buscar otro diseño.

–¿Entonces el Etoss continúa?

–Sí, habrá un ente regulador y mi aspiración es que sea por ley. Espero que en dos o tres meses podamos tener redactado el proyecto por las tres jurisdicciones que participan de Aysa –Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires– y por las intendencias. Y vamos a darle una fuerte participación a las asociaciones de consumidores.

–¿Las asociaciones de consumidores tendrán algún representante en el directorio de Aysa?

–A los directores los designa el Presidente. El primero está claro que es Carlos Ben, que fue nombrado presidente. El segundo es Lingeri, enrepresentación de los trabajadores. Y en este momento se encuentran a la firma del Presidente las designaciones de dos de los tres faltantes. Uno es Juan Pablo Bohoslavsky, que es un abogado del ministerio que participó muy activamente en el proceso de rescisión del contrato de Aguas y creación de Aysa, un hombre de 29 años con un posgrado en Viena. Y también el Presidente le ofreció un lugar al intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, que es un hombre independiente, un hombre que ha transformado Tigre y fundamentalmente porque ese partido es uno de los más castigados por la falta de inversiones de la empresa, con sólo el 4 por ciento de cloacas.

–¿Por qué se eligió a Carlos Ben para la presidencia de Aysa siendo que él fue director adjunto de Aguas Argentinas, designado por Suez, y fue quien firmó el último plan de obras que propuso la empresa en la renegociación del contrato, en el cual se excluyó el proyecto para resolver el problema de los nitratos?

–En rigor de verdad, Carlos Ben era empleado de la empresa cuyo contrato hemos rescindido, lo cual no lo inhabilita en lo personal ni en lo profesional.

–Pero él tenía un cargo muy alto en Aguas Argentinas.

–No descarto que el cargo haya sido de mucha responsabilidad, pero también tengo que destacar que fue uno de los artífices de los resultados que tuvimos durante el verano. Hoy está al frente de Aysa, pero obviamente en el marco de las políticas que dicta el gobierno nacional. Estoy seguro de que él las llevará adelante con mucha solvencia. Viene de una historia de treinta años en Obras Sanitarias y no representa el interés antinacional. Yo apuesto a que hará una excelente gestión, porque conoce profundamente la empresa.

–Llama la atención que tanto Ben como Lingeri sean autoridades de la nueva compañía estatal cuando ambos defendieron públicamente en los ’90 la privatización de Obras Sanitarias.

–Eso tendría que preguntárselo a Lingeri. El se expresó claramente durante el acto en que se anunciaron inversiones para Aysa. Pensar que él fue quien determinó la privatización de Obras Sanitarias es lo mismo que decir que Ben fue quien determinó la política de endeudamiento y desinversión de Aguas Argentinas. Además, en el caso de Lingeri yo no tengo por qué defenderlo o atacarlo. Es el representante de los trabajadores. Yo tengo profunda fe tanto en Ben como en Lingeri, si bien a Lingeri no he sido yo quien lo designó.

–Ubieto es un intendente que fue elegido por el voto popular, pero también fue funcionario de la dictadura. ¿Eso no le suscita algún reparo?

–A mí en lo particular no me pone ningún reparo. Creo que es un hombre honesto, muy buen gestor, y yo necesito una empresa dinámica, con gente que represente a su comunidad. Fue elegido cinco veces en Tigre. El Presidente pone permanentemente el límite de los derechos humanos y ahí seremos inflexibles. En el caso de Ubieto no tenemos ninguna prueba ni ninguna denuncia. Es un excelente gestionador que ha cambiado Tigre.