La presentación argentina ante La Haya ya tiene fecha. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el canciller, Jorge Taiana, se reunieron ayer con el Gobierno y los asambleístas de Entre Ríos para dar las últimas pinceladas a la denuncia que el Gobierno realizará ante los tribunales internacionales por la instalación de las papeleras a fines de este mes. Esa vía aparece como la única salida posible al conflicto, luego de que Uruguay diera por concluido el diálogo la semana pasada. En este marco, la administración de Néstor Kirchner volvió a pedir el cese de los cortes para fortalecer la presentación judicial. Sin embargo, los ambientalistas de Gualeguaychú mantienen su postura y no dieron señales a favor de frenar los bloqueos. En tanto, los vecinos de Colón resolverán hoy si retoman la medida y vuelven a la ruta.

El encuentro en el Palacio San Martín duró más de tres horas. Repitiendo la foto de la semana pasada, Taiana y Fernández recibieron a los asambleístas para evaluar las próximas líneas de acción. Esta vez, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, faltó a la cita sin dar explicaciones. La ausencia del funcionario cayó mal entre los vecinos, aunque en su lugar participó su vice, Pedro Guastavino, encargado de dar la noticia. “La presentación ante La Haya será lo antes posible”, dijo tajante al salir de la reunión. Según estimó, se concretará entre fines de abril y principios de mayo. El problema es que, de acuerdo con lo que estimaban ayer en Cancillería, aún restan varios puntos por definir.

Ayer, se evaluaron dos cuestiones. Por un lado, se revisaron todas las condiciones para concretar la presentación. Para ello, los abogados de Cancillería se reunieron con los representantes legales del gobierno entrerriano horas antes del encuentro. Uno de los puntos que más dudas presenta es el pedido de una medida cautelar para que se paralicen las obras mientras dure la contienda judicial. Concretamente, el tribunal tendría seis meses para expedirse, una vez que se realice la presentación. Este punto es fundamental para el gobierno argentino dada la posibilidad de que el proceso se extienda más de tres años. Hasta el momento, ése había sido el principal argumento por el cual en Gualeguaychú se venían oponiendo a la iniciativa, ya que al cabo de ese plazo las plantas estarían terminadas y en funcionamiento. Sin embargo, la abogada ambientalista de Entre Ríos, Romina Picolotti, expresó ante este diario ciertos reparos de avanzar con el pedido. Según explicó, La Haya es reticente frente a este tipo de demandas, con lo cual se estarían evaluando otras alternativas.

Otro de los temas fue la posibilidad de terminar con los cortes. El Gobierno aprovechó la ocasión para reiterar su pedido a los ambientalistas. El argumento que defiende el oficialismo es que, de esa forma, la Argentina quedaría en mejor posición que Uruguay para encarar las negociaciones. En la Casa Rosada entienden que el gobierno de Tabaré quedó muy mal parado luego de que la empresa Botnia decidiera reducir el plazo de paralización de las obras a diez días. “Los cortes perjudican muchísimo nuestra postura y debilitan la presentación ante La Haya”, evaluó Guastavino en referencia a la carta que ayer Uruguay envió al tribunal quejándose por las pérdidas económicas que le estarían provocando los piquetes (ver página 6).

Sin embargo, el pretexto no logró prendió entre los asambleístas de Gualeguaychú, que están a favor de acompañar con los cortes la presentación judicial. “Hay que ir lo antes posible a los Tribunales de La Haya. El pueblo se va a mantener en vela para que así sea. Además, el Gobierno debe hacer cumplir el Código aduanero para que no lleven materiales a las pasteras”, declaró antes de ingresar el ambientalista Edgardo Moreira. Atrás suyo, llegaba un grupo de la Asamblea Juvenil, formada por adolescentes, que decidieron aguardar en la puerta de la Cancillería repartiendo volantes de papel reciclado entre los que salían del edificio. “No queremos la nefasta experiencia vivida por Pontevedra y Valdivia”, rezaba el extenso comunicado que explicaba los efectos contaminantes que implican las papeleras para la zona. En la reunión también participaron los vecinos de Colón, que hoy decidirán en una nueva asamblea si retoman las medidas de fuerza o adoptan otro tipo de reclamos, como viene haciéndose en Concordia.

Una de las medidas que se planteó fue la de realizar boicots contra las empresas vinculadas a la instalación de las dos pasteras. Tal es el caso de los bancos, que otorgarán los créditos a las firmas para que avancen con sus inversiones. El gobierno de Entre Ríos anunció que mantendrá en los próximos días reuniones en Europa con directivos del Banco Francés y el grupo ING para advertirles que, si apoyan financieramente a las firmas Botnia y Ence, serán “cómplices de violaciones a derechos humanos”. Así lo anunció Picolotti, una de las representantes que viajará al exterior para reunirse con los accionistas españoles y holandeses. En este sentido, la abogada recordó que el gobierno entrerriano “logró por ahora” obstaculizar los créditos del Banco Mundial por alrededor de 900 millones de dólares.

Ahora será el turno de los bancos internacionales. “Si les prestan dinero a las empresas, sepan que estarán violando los principios de Ecuador y siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. Si llegamos a La Haya, muy pocos bancos van a querer financiar a una empresa que forme parte de un litigio internacional de esta gravedad”, concluyó.

Informe: Carolina Keve.