“La idea central es blanquear el trabajo y la vida de los bolivianos en la Argentina. No se permitirá más la servidumbre, no funcionarán más los talleres donde adentro vivan 10, 15 o 20 personas, por lo que, de hecho, será obligatorio que los dueños de esos talleres les alquilen una vivienda. A partir del lunes, habrá nueve oficinas en la Capital Federal para legalizar en forma gratuita a los inmigrantes bolivianos que estén en situación irregular. Bolivia se comprometió a suministrarles, también en forma gratuita, la documentación necesaria para concretar la radicación en la Argentina. A los talleres que están habilitados, pero que tienen algunas fallas, se les otorgará un plazo para que regularicen todo. Los 200 talleres que existen actualmente estarán en la disyuntiva: o blanquean todo y sacan a la gente que está viviendo allí o serán clausurados.” Este resumen fue realizado anoche ante Página/12 por un hombre de la Cancillería y dos funcionarios del gobierno de la ciudad, tras largas horas de reunión con una amplísima delegación de la administración de Evo Morales. La intención de las tres partes –el gobierno nacional, el de la ciudad y el de Bolivia– es mantener una estrecha colaboración para que este menú concreto de soluciones mejore las condiciones de vida y de trabajo de los inmigrantes bolivianos. Los funcionarios ahora afrontan otro problema: las medidas de las últimas semanas han producido una migración de los trabajadores bolivianos hacia las villas de Capital y especialmente del Gran Buenos Aires, adonde han llevado las máquinas (ver aparte). Ayer, por ejemplo, la feria de La Salada, tal vez la más grande del país, funcionó al máximo nivel y el 70 por ciento proviene de talleres en los que trabajan los inmigrantes bolivianos.

A lo largo del día hubo dos encuentros entre el canciller Jorge Taiana y la delegación boliviana, encabezada por el vicecanciller, Mauricio Dorfler, y por el viceministro de Coordinación Política, Héctor Arce, uno de los más cercanos colaboradores de Evo Morales. También hubo una reunión clave con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, en la que participaron los ministros de Derechos Humanos, Gabriela Cerruti, y de Seguridad, Diego Gorgal.

La instrucción de los dos presidentes, Kirchner y Morales, es que debía encontrarse una solución al cuadro que estalló con las muertes en el taller de la calle Luis Viale. Y las soluciones debían venir en dos planos: el primero es el de ayudar a los inmigrantes bolivianos a que legalicen su situación en la Argentina y el segundo, que los talleres no sean un antro de servidumbre para pseudoempresarios que se dedican a lucrar con esa explotación.

En la cuestión migratoria, se llegó a un acuerdo entre Ricardo Rodríguez, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, y el gobierno de la ciudad para que a partir del lunes se establezcan nueve centros de atención a los inmigrantes bolivianos. El trámite será gratuito y habrá una ofensiva sobre integrantes de la comunidad boliviana para explicarles cómo se hace. Paralelamente, la delegación de Bolivia se comprometió a que la documentación necesaria –certificados de nacionalidad y de antecedentes– se suministren en forma rápida y, sobre todo, gratuita. Hay muchos cuestionamientos al cónsul de Bolivia en la Argentina, Albaro Gonzales Quint, por las trabas que se ponían en este terreno. Tal como adelantó Página/12, los días del cónsul están contados.

En el terreno del trabajo, ayer se delinearon las estrategias. Algunos dirigentes de la comunidad boliviana e incluso algún integrante de la comitiva llegada de La Paz insistieron en la idea de reclamar el cese de las inspecciones. A ese reclamo, los gobiernos nacional y de la ciudad le opusieron la política de blanquear el trabajo, terminar con la reducción a la servidumbre. Esto lleva a varias decisiones concretas:

- Hasta el momento, sólo el Ministerio de Trabajo de la Nación tenía facultades para inspeccionar viviendas particulares. Justamente en ellas funciona la mayoría de los talleres clandestinos. Ahora habrá un convenio con la ciudad para que los inspectores porteños sean los que tengan competencia en el ámbito de esas viviendas particulares.

- La consecuencia de esa movida será que terminarán clausurados todos los talleres instalados en viviendas particulares en los que haya rastros de sometimiento a servidumbre. En concreto, no habrá talleres donde al mismo tiempo vivan grupos numerosos de personas. Por ejemplo, una vivienda en la que haya diez máquinas y vivan quince personas, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, será clausurada.

- La ciudad sí tenía competencia y la seguirá teniendo para inspeccionar talleres habilitados. La idea es incrementar esas inspecciones y dar plazo para regularizar la situación en los casos de fallas leves. Cuando también se encuentren allí a personas viviendo o existan fallas graves, habrá clausura.

- El Ministerio de Derechos Humanos y el de Trabajo, ambos de la ciudad, junto con el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos establecerán una serie de planes que ayuden a todo este blanqueo. Entre otras cosas, habrá créditos para pymes, asesoramiento para conformar cooperativas y, a los que consigan la radicación, incorporación al plan de ingreso mínimo, que en la ciudad significan 400 pesos para familias con dos hijos.

El jefe de Gobierno, Jorge Telerman, sostuvo en la reunión con la delegación boliviana que “hay que actuar de manera inmediata ante la violación flagrante de los derechos humanos y laborales. Contemplamos la búsqueda de soluciones para aquellas situaciones que están dentro del marco de fallas simples que pueden ser resueltas en el corto plazo, pero no habrá concesiones para las más graves, donde actuaremos de manera inmediata. No habrá tregua para los talleres en los que haya reducción a servidumbre”.

Por el lado boliviano, hubo acuerdo con las propuestas y se acordó acelerar la llegada a la Argentina del nuevo embajador Roger Ortiz Mercado. El gobierno de La Paz está de acuerdo en regularizar la situación cuanto antes, entre otras cosas porque existe la intención de que los inmigrantes bolivianos recuperen sus derechos políticos. Hoy en día, habiendo en la Argentina una comunidad de casi dos millones de bolivianos, esos inmigrantes están privados de votar en las elecciones de Bolivia. La intención es que puedan hacerlo por primera vez a fin de año, en las elecciones municipales que constituyen el primer test que debe afrontar Evo Morales.

Las medidas planeadas entre las autoridades nacionales y las de la ciudad deberían tener su correlato en territorio bonaerense. La reacción a la oleada de inspecciones en Capital Federal fue el traslado de muchos talleres, incluso con su maquinaria, a varias villas del distrito porteño, pero fundamentalmente a las del Gran Buenos Aires. Ayer hubo un hecho palpable: la feria de La Salada, en la que el 70 por ciento de los proveedores son de origen boliviano, funcionó en forma normal y con más clientela que la habitual, ya que la tensión con los negocios de la calle Avellaneda, en Flores, potenciaron las ventas en La Salada. La delegación boliviana que llegó el sábado de La Paz estuvo haciendo gestiones para que la provincia de Buenos Aires se sume a estas comisiones de trabajo que se conformaron. En territorio bonaerense no sólo existen talleres con reducción a la servidumbre, sino también las ferias y el trabajo, con sistemas de explotación feroz, de los quinteros dedicados a las frutas y verduras.

Las llamas y las muertes en el taller de Luis Viale produjeron un verdadero estallido en la industria de la indumentaria. El rumor es que a las empresas de venta y fabricación de telas les devuelven los pedidos, porque “no hay quien haga la costura”. Otros señalan que se rompió la cadena de pagos porque, con el argumento de que los talleres se cerraron, les informan a sus proveedores que no les pueden pagar las deudas. Paralelamente, más de cien inmigrantes tuvieron que ir a vivir a Parque Avellaneda, porque se quedaron sin techo y otros se refugiaron en las villas.