“Muchas empresas que emplean mano de obra esclava boliviana se están trasladando al conurbano bonaerense a fin de evitar las inspecciones”, advirtió la ministra de Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ola de mudanzas arroja su particular perspectiva sobre las medidas que, sin embargo, se acordaron entre el gobierno porteño y entidades de la comunidad boliviana: el eje del acuerdo es un censo de talleres de costura, que permitiría establecer cuántos trabajadores emplean en total, cuántos de éstos se hallan “en negro” y cuántos locales están habilitados. Entre tanto, las personas que, además de trabajar en los locales clausurados, residían en ellos, siguen viviendo en las mismas condiciones, ya que se niegan a retirarse: para que se fueran sería necesario un desalojo judicial, lo cual plantearía el contrasentido de que, a fin de salvaguardar sus derechos humanos, fuesen retirados a la fuerza por la policía. Ayer, el Ministerio de Producción clausuró otros seis talleres.

Gabriela Cerruti, ministra de Derechos Humanos porteña, precisó que hay 110 personas de la comunidad boliviana internadas en el centro asistencial que el gobierno de la ciudad tiene en Parque Avellaneda: “Del total, 60 provienen del establecimiento que se incendió en la calle Luis Viale; 50 provienen de lugares clausurados en las inspecciones o son trabajadores que quedaron en la calle cuando los patrones, al ver que venía la inspección, directamente cerraron sus establecimientos”, aclaró la ministra.

El gobierno de la ciudad no había precisado hasta anoche la cantidad de personas que siguen viviendo en los locales clausurados. Hasta ahora hubo 122 clausuras, contando las seis de ayer. Según había informado en su momento el Ministerio de Producción, en la mayoría de los establecimientos clausurados trabajaban de 10 a 40 personas, de las cuales el 40 por ciento vivía en el mismo lugar de trabajo.

–Los riesgos que estas personas corren son los mismos que corrían antes de las clausuras –comentó Página/12.

–Así es –admitió Cerruti–. Pero para retirarlos por la fuerza tiene que intervenir la Justicia.

Además, “muchos empresarios que cerraron sus talleres en realidad los trasladaron a la provincia de Buenos Aires, especialmente el conurbano bonaerense –reveló la ministra–. Esto hace que su actividad sea más difícil de controlar por razones de extensión geográfica”, y afirmó que la posibilidad de una solución “implicaría un trabajo conjunto con las autoridades bonaerenses”.

La funcionaria reiteró que “para los talleres que trabajan sin habilitación o tienen dificultades normativas, se contemplará su regularización; con los que no va a haber ningún tipo de negociación es con aquellos que someten a la gente a trabajo esclavo”.

La ministra subrayó que “los dueños de talleres donde trabaja mano de obra boliviana son de distintas nacionalidades, ante todo argentinos, como lo eran los dueños del taller de Luis Viale, que se incendió”, y afirmó que “hay alrededor de 1600 talleres ilegales, de los cuales en 200 se plantearían situaciones de explotación y reducción a la servidumbre”.

En cuanto a la reunión de la comunidad boliviana con las autoridades porteñas, estuvo representada la Asociación de Talleristas, que afirma reunir a los empresarios que emplean personal y a los unipersonales y familiares. Por el gobierno porteño, hubo representantes de los ministerios de Producción, Seguridad, y Derechos Humanos y Sociales. Gabriel Juricich, representante legal de la Federación Boliviana en la Argentina, sostuvo que “lo más importante decidido hasta ahora, en las reuniones entre la colectividad boliviana y los funcionarios de la ciudad, es el acuerdo en realizar un censo que abarque todos los talleres de costura donde trabajan personas de la comunidad; el censo incluirá cuántos trabajadores tienen, si éstos están en negro o no y si el local se encuentra o no habilitado”.

–¿La obtención de estos datos no depende de la buena voluntad de estos empresarios?

–Sí –admitió Juricich–, pero los que no entren en el censo no tendrán derecho a reclamar los préstamos o facilidades que se dispongan para la posterior habilitación.

Ayer, el Ministerio de Producción de la Ciudad de Buenos Aires clausuró seis talleres: “De las 17 inspecciones que se realizaron, se clausuraron seis locales –informó esa cartera–; también se verificó que un taller que había sido clausurado con anterioridad violó la medida, por lo que deberá intervenir la Justicia contravencional”. Además, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, se reunió con la delegación llegada de Bolivia, encabezada por el vicecanciller Mauricio Dorfler y el viceministro de Coordinación Política, Héctor Arce. Telerman subrayó su intención de “aportar soluciones de fondo que garanticen el derecho de quienes trabajan”.