La causa por la masacre de Juan B. Justo en la que está acusado el ex subcomisario Luis Abelardo Patti continúa avanzando. Luego de la detención del principal responsable de la represión en San Nicolás, teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, del ex comisario de la Federal Jorge Muñoz y del suboficial de la bonaerense Carlos Alberto Azzara la semana pasada, el juez Carlos Villafuerte Ruzo les tomó declaración indagatoria. Según fuentes judiciales, Azzara admitió que no hubo un enfrentamiento, contra la versión de los represores. Sostuvo que llegó después del operativo –en el que mencionó a la Federal y al Ejército y exculpó a su propia fuerza– y le informaron que no habían salido balas desde dentro de la casa. También detalló que dispararon tanto contra la casa, que tuvieron que pedir recargas de munición.

El 19 de noviembre de 1976 un operativo conjunto de Ejército y policía rodeó la casa de Gastón Gonçalves, donde se encontraba su mujer, Ana María Granada, otros dos adultos y dos niños. Tras la balacera, el único sobreviviente fue Manuel Gonçalves, de cinco meses. En una carta que escribió al Gobierno bonaerense, Azzara admitió que había participado de la masacre y había asesinado a la madre de Manuel. En su indagatoria, se desdijo y sostuvo que eso lo escribió para vengarse de las cúpulas policiales, que lo abandonaron –según dijo– ante una enfermedad que sufre y por la que se le concedió el arresto domiciliario.

En tanto, Saint Amant, de 72 años, se negó a declarar y quedó detenido en el Batallón de Ingenieros de Combate 101, del que fue jefe entre 1975 y 1977. Es la primera vez que se encuentra procesado. Saint Amant había sido indagado una vez el 9 de octubre de 1984. Ahora deberá responder por el asesinato del obispo nicoleño Carlos Ponce de León y por desapariciones en el marco del Plan Cóndor.

Por su parte, Muñoz objetó que sólo podía responder sobre lo que había firmado y contestó todas las preguntas con un “no recuerdo”. Los abogados defensores de ambos han solicitado el arresto domiciliario.

“La prisión domiciliaria la estamos cuestionando en un montón de casos, por las violaciones que se han producido. Esto facilita que queden como si estuvieran en libertad. Lo mismo con que vayan a unidades militares, donde terminan teniendo privilegios indebidos. Para nosotros, tienen que estar en unidades penales”, remarcó la abogada de HIJOS, Ana Oberlin, que es querellante en la causa. “Vamos a seguir insistiendo con el resto de los pedidos de detención: el de Patti y los policías Fernando Meneghini y Omar Marelli”, afirmó, por su parte, el fiscal Juan Murray.