Pasado mañana la Asamblea Universitaria intentará reunirse para elegir al nuevo rector de la UBA y un sector de los estudiantes congregado en la FUBA tratará de impedirlo. Se anuncia que tal vez sean repelidos por barrabravas, esos rudos auxiliares de la política realmente existente. La principal universidad del país parece encerrada así entre dos grupos partidarios. De un lado, lo que queda de la UCR, que durante dieciocho años desde que concluyó la dictadura controló como una caja cerrada la Universidad, en alianza con algunos grupos políticos menores. Del otro, el frente universitario de la paleoizquierda. El segundo bando, que nunca gobernó, tiene algún atractivo para personas jóvenes que con sinceridad quieren un cambio progresista y que se están movilizando para impedir un nuevo retroceso, pero ambos grupos tienen más en común de lo que ellos mismos advierten. Las últimas elecciones generales muestran cuál es la significación real de cada uno en el área de influencia de la UBA. La UCR obtuvo el 2,2 por ciento en la Ciudad y el 7,7 por ciento en la provincia de Buenos Aires. Ninguna de las microfracciones de la paleoizquierda superó el 1,5 por ciento en la provincia y el 2 por ciento en la Capital. La UBA es así su último refugio. Esto ayuda a entender la desesperación con que se aferran a sus posiciones en el archipiélago universitario, pero torna incomprensible tanto la ausencia de una expresión representativa de las grandes mayorías de la sociedad como la pasividad con que el gobierno nacional asiste al deprimente espectáculo. La demonización de Alterini debido a su actuación como director de Asuntos Jurídicos en la Municipalidad de Buenos Aires, corre el riesgo de banalizar el mal absoluto que fueron los crímenes atroces de aquellos años. Pretender aplicarle el artículo 36 de la Constitución (que inhabilita a perpetuidad para ocupar cargos públicos a los .autores. de .actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. y a quienes, .como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución.) es una demasía inaceptable. Su ostensible inconducta ética no permite equipararlo con los autores del golpe y de la masacre, sin riesgo de una peligrosa confusión. Su cargo como el principal hombre de confianza jurídica del delegado de la dictadura en la Municipalidad no es una mera función técnica, como él dijo cuando no pudo seguir ocultándolo y es absurdo que pretenda haberlo desempeñado en nombre de la Multipartidaria, que por entonces no se había creado. Pero tampoco fue una de .las autoridades de esta Constitución.. Si cualquiera que, por carrerismo o miedo, prestó el juramento por el papel higiénico que exigió la dictadura fuera tan responsable como Videla o Massera, algunas personas menos sofisticadas que miran y escuchan estos despropósitos podrían ser convencidas de que nadie tiene la culpa de nada. Cuesta resignarse a que ésto que está a la vista sea toda la UBA, que su nexo con las personas normales que no conciben la política ni la vida como un negocio o un barullo ideológico sea tan tenue, que el Gobierno no advierta la importancia de la Universidad en su proyecto de recuperación del país que fue y, tal vez, será.