Con un fallo dividido, el Tribunal Oral en lo Criminal Número 6 absolvió ayer al líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, acusado de extorsionar a la empresa Mc Donald’s durante una protesta en diciembre de 2004. Su abogado defensor, Miguel Angel Pierri, se mostró “satisfecho” y destacó que se trata de un “tribunal serio, integrado por juristas que con este fallo sentaron jurisprudencia”.

Para el dirigente piquetero, que se considera “un perseguido político”, este juicio “fue una más de las tantas truchadas judiciales” que lo tienen como objeto. Apenas leído el veredicto, que desestimaba el pedido de la fiscalía de cuatro años y ocho meses de prisión, el líder del MIJD pidió ante la sala juzgadora la libertad y el desprocesamiento de los “luchadores populares encarcelados”.

La decisión de los jueces Guillermo Yiacobucci, Leonardo De Martini y Ricardo Rongo fue festejada por los seguidores del dirigente piquetero, quienes aguardaron durante horas sobre la calle Talcahuano, frente a la puerta principal del Palacio de Justicia. Ante un público de alrededor de 200 personas, Castells aseguró que volverá “a las calles para seguir peleando por los que no tienen nada” y agregó: “Soy un perseguido político porque no acepto ser oficialista y porque lucho por los que no tienen ni comida ni trabajo. Después de este fallo, me comprometo a seguir estando al lado de ustedes, peleando por lograr nuestros objetivos”.

El líder del MIJD –quien insiste en que se presentará como candidato a presidente en las elecciones del 2007, secundado por su mujer Nina Peloso– había sido acusado de intimidar a los empleados de un local de la empresa Mc Donald’s, cercano al Obelisco, para conseguir 50 mil raciones de comida. El fiscal Diego Nicholson había pedido cuatro años y ocho meses de prisión, unificando una eventual condena de tres años y dos meses por este último episodio y otra de dos años, en suspenso, por un hecho similar ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

Durante el alegato del lunes pasado, la defensa pidió la absolución basándose en los dichos de varios testigos, entre ellos un gerente, que negaban que hubiera un pedido expreso de alimentos por parte de Castells. Pierri también subrayó el hecho de que la empresa no se había presentado como querellante y que las declaraciones testimoniales negaban el uso de violencia. Además, Orlando Molaro, el encargado de prensa de Mc Donald’s, había admitido haber sido “conminado” por el fiscal de primera instancia a efectuar la denuncia judicial.

Castells reiteró que pedirá el juicio político contra un juez de instrucción y dos fiscales por “privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita y tormentos”. Se trata del magistrado Facundo Cubas y los fiscales Martín Nikilson y Diego Nicholson. También dio pistas sobre sus próximos pasos: “Pediremos al Estado la entrega mensual de mil kilos de alimentos durante 10 años a nuestros comedores, que forman parte de la red social más grande del país después de Cáritas”.