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El Gobierno se ha comprometido a invertir miles de millones para ir saneando el Riachuelo y para aumentar todas las jubilaciones. Así lo hizo público durante esta semana, en ambos casos forzado por precisas intervenciones de la Corte Suprema de Justicia.

Es sabido que el Presidente es devoto del paso a paso, incrédulo respecto de la planificación y obsesivo en pos de concentrar la iniciativa y la sorpresa. Si Néstor Kirchner restringió el estilo que mejor sabe y que más le gusta no fue por su pura voluntad sino porque las instituciones funcionaron bastante mejor de lo que es hábito en estas sufridas pampas.

Desde que empezó a trabajar con su actual composición la Corte tuvo entre ceja y ceja ir reparando daños generados por la desaprensión característica de lo que, por simplificar, se suele llamar neoconservadorismo. La vigencia de las leyes de la impunidad ulteriores a la violación de derechos humanos durante la dictadura era un ejemplo central, pero no fue jamás el único en la concepción de los jueces supremos. La vulneración de la movilidad de los jubilados y la prelación del medio ambiente también integran una nómina (aún inconclusa) de derechos básicos desbaratados.

La Corte viene enhebrando sentencias que iluminan un camino complejo y desafiante. Sus acciones convalidan la higiene y renovación del tribunal, seguramente la mejor decisión institucional de Kirchner. Esa decisión presidencial tan promisoria en términos estratégicos para el sistema político limita y condiciona al contingente mandatario Kirchner en términos tácticos. No podía ser de otra manera, la restauración de un poder del Estado enriquece su relación con los otros y amojona límites para un Ejecutivo proclive al decisionismo y a veces desatento a la lógica republicana.

Principios contrapuestos

Dos principios confluyen, y eventualmente colisionan, en el sistema previsional. El contributivo, que enfatiza la proporcionalidad entre lo aportado por el beneficiario y su pensión ulterior. Y el solidario, que preserva a los más desamparados que no tuvieron ingresos altos, aporte o, aun, trabajo. El contributivo es el más que se aviene a la ideología fundante del capitalismo, “yo puse tanto, merezco tanto”. El solidario refleja mejor el ethos democrático, la idea de que cada ciudadano, por serlo, tiene derecho a acceder a bienes básicos aunque no haya tenido fortuna en la despiadada competencia del capitalismo. La dialéctica entre ambos principios existió siempre y se expresa aún en el modo en que se colectan los recursos: aportes y contribuciones previsionales por un lado (sesgados al principio contributivo) y tributos generales por otro.

La política oficial de recomposición de las jubilaciones optó por una interpretación particular del principio solidario. La mayoría de los aumentos se constriñó a los jubilados con menores ingresos. La Corte consideró que el Ejecutivo se excedió en esa discrecionalidad, juzgando una injusticia haber puesto “en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo”. Los jueces no le vedaron al Ejecutivo la potestad de “hacer política” discriminando entre la masa de jubilados, dentro de ciertos límites. Si esa hubiera sido su intención le hubieran impuesto equiparar a los que no tuvieron todos los aumentos con los que cobran el mínimo y sí los recibieron. La solución propuesta es más compleja y respetuosa de las incumbencias del otro poder. El respeto a las competencias del Ejecutivo no excluye velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales.

El Presidente reinterpretó la exhortación de la sentencia Badaro a su manera, pues no recompuso la asimetría excesiva que padecieron algunos jubilados. El incremento dispuesto el viernes fue universal, lo que no está nada mal “para adelante”, pero no restaura la desigualdad de trato previa. “Kirchner no va a decidir un esfuerzo fiscal enorme sin mejorar la situación de los más rezagados. Todos los aumentos de sueldos de este gobierno privilegiaron a los trabajadores de ingresos más bajos, no vamos a hacer ahora una excepción”, describen, elogian, justifican en su derredor.

En voz baja más de un ministro reconoce que el reacomodamiento deberá ser implementado más temprano que tarde, no más allá de mediados de 2007. Las precisiones se escatiman porque al Presidente le enfada que se anticipen sus jugadas. El Gobierno supone que dispone de varios meses porque imagina que la Corte no responderá de volea. “No crea que van a pronunciarse muy velozmente, van estar divididos” –confidencia un alto morador de la Casa Rosada–. “La movida de Kirchner no puede ser cuestionada en lo esencial. ¿Quién puede tachar un aumento general y sustentable?” Quizá sea demasiado optimista, desde su particular punto de vista. La Corte tendrá la palabra y, ya se sabe, no suele quedarse callada ni ser imprecisa o complaciente.

Las gloriosas AFJP

El régimen privado de capitalización de fondos de pensión tuvo buena acogida inicial en un clima de opinión que llevó a demasiados argentinos a encolumnarse tras el espejismo de la salvación individual. Se prometió “a cada uno lo suyo” y, además, la formación de un consistente mercado de capitales. Fueron dos defraudaciones, unidas por un hilo conductor ideológico banal, compradas con excesiva facilidad por incautos.

Remiso, por definición, a una reforma previsional integral, el Gobierno tiene en carpeta medidas para aminorar los daños que causan las “gloriosas” AFJP. Un proyecto de ley, ya anticipado por este diario, es modificar el régimen de opción entre el sistema público y el privado, en caso de duda del beneficiario. La urdimbre cavallista hacía que los indecisos se sumaran de oficio al régimen privado de capitalización. La propuesta del Gobierno es cambiar la tendencia y engrosar, en esos supuestos, el sistema estatal.

Otra modificación se negocia con las administradoras privadas. Se trata de mochar sus comisiones y cuentas de gastos fastuosas si se las mide en base a cualquier criterio razonable y exorbitantes si se las coteja con el nivel de los servicios que prestan. Juan González Gaviola, titular de la Superintendencia de AFJP, maneja esta reforma consensuada, en la Rosada se da por hecho que llegará a buen puerto. Si lo lograra no se probaría la existencia de un ataque de filantropía o aunque más no fuera de capitalismo sensato de las rapaces AFJP sino que esas corporaciones rapaces han puesto las barbas en remojo. El creciente descrédito de las empresas de pillaje que prosperaron a fin del siglo pasado (universo que incluye a las privatizadas de servicios públicos) es perceptible aun por las cabezas más testarudas.

Consistencias y asimetrías

La actual política incluye regímenes jubilatorios bastante generosos para trabajadores largamente relegados, como lo son muchos informales (o formales con patrones evasores) y el personal de servicio doméstico. En la vasta afiliación de beneficiarios primó el criterio solidario sobre una excesiva rigidez del principio contributivo que los hubiera dejado afuera. Se trata de una tendencia encomiable que exigirá de la sociedad en su conjunto y del fisco en especial un esfuerzo perdurable. Es la cobertura de una necesidad flagrante en una sociedad en la que el pleno empleo de los ’50, ’60 y los ’70 es un recuerdo remoto y doloroso.

En materia de seguro de desempleo la situación es más decepcionante. Ese seguro, stricto sensu, sólo rige para un núcleo escaso de trabajadores y funciona con base contributiva. Sólo pueden acceder a él los que fueron laburantes formalizados, en cantidad irrisoria. En ese tema un gobierno que se proclama productivista queda a la zaga de países primermundistas y aun de países cercanos no especialmente más venturosos que la Argentina.

Las asignaciones familiares, un beneficio que llegaba a casi todos los hogares en tiempos mejores, es ahora una prerrogativa de los trabajadores formales. El principio contributivo prima, en ese campo, en toda su extensión. La universalización de las asignaciones familiares por hijo, una bandera progresista exclusiva de ciertos sectores de la oposición y de la Central de Trabajadores Argentinos, sería un avance fenomenal que (por razones poco precisas y jamás interesantes) el Gobierno rehúsa considerar.

Con más y menos

Las crisis sobredeterminan acciones simplistas, hasta brutales. La normalización conduce a tratamientos más sofisticados, a dar cuenta de la complejidad de los intereses o del abanico de situaciones entre compañeros de clase.

Los debates e intercambios institucionales que se están produciendo en las causas Riachuelo y Badaro son un salto de calidad y un testimonio de que no todo es emergencia en la Argentina. El Poder Judicial ilumina obligaciones del Ejecutivo, éste se hace cargo, la sociedad civil está representada en los estrados judiciales.

Hace diez o quince años, la Corte era una repartición subalterna del Ejecutivo, que se ne fregaba ostentosamente de la cuestión. La mejora, enorme, es apenas el primer paso de una ruta muy escarpada. Tomará décadas, si se hacen las cosas muy bien, deconstruir un modelo que fue letal para la mayoría de los argentinos pero propicio para sectores privilegiados no irrisorios en número.

La convivencia de un sistema político democrático y un sistema económico capitalista, que en los últimos años se naturaliza de modo acrítico, es intrínsecamente contradictoria. El mercado premia a los que más tienen, refuerza las situaciones de desigualdad y propende a fijarse en el presente, aboliendo o mutilando la dimensión de futuro.

Los ingredientes solidarios entre contemporáneos que son desiguales o entre generaciones quedan supeditados a la acción pública, a la que un imaginario individualista en expansión descalifica con buena propagación mediática. El desamparo a los jubilados, la polución del Riachuelo son expresiones extremas pero también obvias del avance de un ethos individualista y desaprensivo del que el menemismo fue abanderado pero para nada único portador. Muchos ciudadanos bajaron la guardia, internándose en atajos individuales que usualmente los dejaron a la intemperie. La entrega del patrimonio nacional, la mercantilización del sistema jubilatorio, la “modernización” del sistema de relaciones laborales, la adopción de un peso sosías del dólar como moneda nacional lograron un deprimente nivel de aprobación, que lubricó una política de tierra arrasada en la sociedad que había sido la más igualitaria de América del Sur, en aquella que albergó al Estado benefactor más extendido de la región.

Que sea otro gobierno peronista (integrado en buena medida por cuadros que participaron con fervor y protagonismo del destrozo) el que gestiona hoy para remendar esos desaguisados es una de las tantas paradojas argentinas.