El presidente Néstor Kirchner ha dividido aguas como pocos antes de él. Sus medidas de gobierno y el estilo frontal con que las defiende han hecho crecer tanto sus índices de popularidad como la lista de quienes se declaran humillados y ofendidos, tanto en el terreno económico como político, nacional e internacional. Esta semana, al confirmar que las elecciones presidenciales serán en octubre del año próximo, Kirchner dijo que faltaban dos octubres y que sólo pensaba en gobernar. Dos octubres es una expresión engañosa. El hecho es que en apenas seis meses comenzará en forma abierta la campaña electoral para la designación de quien lo suceda y este acortamiento de los plazos va acompañado por el encono de los ánimos. Impedir que Kirchner sea reelecto o sucedido por su esposa es el objetivo principal de esa nómina de agraviados. El problema es que no tienen otro factor de unidad que el temor a la continuidad del proceso político iniciado casi por azar hace tres años. Su consolidación era tan difícil de prever entonces que los mismos observadores que cuestionaban la debilidad de aquel gobierno se quejan ahora por lo que consideran un exceso de poder.

Líneas cruzadas

Los intereses económicos se cruzan con líneas ideológicas que sólo a veces coinciden. La recesión con que culminó la década de la convertibilidad y la feroz devaluación que la sucedió en diciembre de 2001 multiplicaron el número de desocupados y subocupados y hundieron los ingresos de los asalariados. A pesar de la mejoría constante esos indicadores siguen siendo desalentadores y confirman una regla con tres décadas de vigencia: las grandes transferencias de ingresos contra la clase trabajadora son bruscas e instantáneas, la recuperación posterior lenta e incompleta. Pese a la ofensiva desigualdad social resultante, no son esos sectores los que expresan disgusto con el gobierno.

En cambio algunos de los grandes beneficiarios de su política (como los exportadores o las empresas privatizadas que no han dejado de ser rentables ni de reclamar aumentos de tarifas), repiten sus letanías sobre la presunta inseguridad jurídica, falta de estímulo a la inversión y mal clima de negocios. Luego de la cumbre presidencial de las Américas en Mar del Plata, en la que Kirchner afirmó la prioridad del Mercosur sobre el ALCA, y del encuentro de la Comunidad Sudamericana de Naciones, donde se decidió el apoyo argentino a Venezuela para ocupar una banca en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos ha endurecido su actitud hacia la Argentina. El último indicador fue la oposición al otorgamiento de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y otro del Banco Mundial. El primero, que de todos modos fue concedido, está destinado al programa satelital argentino, con socios tan inobjetables como Italia y la propia NASA estadounidense. El segundo, sobre el que aún no hay decisión, se aplicará a un programa de eficiencia en el consumo de energía. En forma más explícita que nunca, el Tesoro de Estados Unidos condicionó su aprobación a un aumento de tarifas. En el caso de Edenor y Edesur, el incremento ya fue aprobado por el Congreso, pero Kirchner demora su aplicación para un momento en que no impacte sobre el índice de inflación. Que Roberto Lavagna haya iniciado su actividad como candidato desde Washington y con una diatriba contra Hugo Chávez dista de ser una casualidad.

La anulación del indulto a los ex ministros José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy y al ex presidente de facto Jorge Videla, dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, designado en ese cargo por el mismo presidente que firmó los indultos, Carlos Menem, abre otro frente de animadversión hacia el gobierno que impulsó la anulación de las leyes de impunidad. La primera condena pronunciada contra un represor de la dictadura militar (el ex policía Julio Simón), el avance de las audiencias contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, la aproximación de la apertura a juicio de las megacausas del Cuerpo I de Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada, aceleran el pulso de quienes no se resignan a que se haga justicia con los crímenes del Estado Terrorista.

Partidos al medio

Los partidos políticos tradicionales no se han repuesto de la crisis de legitimidad que llevó al colapso de diciembre de 2001 pero que aún no ha concluido. Reducida a la insignificancia en sus dos distritos históricos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires (donde se entrevera con porcentajes equivalentes a los de la paleoizquierda) la Unión Cívica Radical discute a qué sector del justicialismo se adherirá en la esperanza de una resurrección. Eso no significa que el PJ goce de mejor salud que la UCR, lo cual se refleja en el desinterés de Kirchner por asumir su conducción, luego de haber batido el año pasado a sus dos últimos líderes, Carlos Menem y Eduardo Duhalde. La crisis radical ya había producido desmigamientos a izquierda y derecha, cuya suerte no ha sido más lucida que la del tronco originario. Los remanentes de la Asociación de Republicanos Indignados a que se ha reducido el ARI no deben haberse alegrado cuando Bernardo Neustadt reveló que con nadie siente mayor afinidad que con Elisa Carrió. Su anunciada candidatura presidencial aparece cada día más desgajada de su propio partido, que está por quedarse sin candidato en el único distrito en el que hasta ahora hizo pie. Enrique Olivera pidió luz verde para recaudar fondos de campaña entre empresarios, como ya hizo para Fernando de la Rúa en el pasado, pero la diputada chaqueña por la Capital reiteró la prohibición vigente, con una encomiable estrictez que la diferencia del resto de las fuerzas políticas del país. Ricardo López Murphy no se ha repuesto de la dolorosa elección que hizo en Buenos Aires el año pasado. Su alianza con el hombre de negocios Mauricio Macri excluye al gobernador neuquino Jorge Sobisch, el único de todos ellos con conocimientos del juego político y su remate electoral. Un dilema parecido sobrevuela los intentos de acercamiento entre Macri y el ex ministro kirchnerista Roberto Lavagna. Separados se condenan a la irrelevancia y favorecen que el candidato oficialista se imponga en primera vuelta. Unidos ganarían votos en algunos distritos pero perderían el aparato alfonsinista que les aseguraría presencia en el resto del país. La novedad en este cuadro es el empresario Juan Carlos Blumberg, quien se ha reunido tanto con Macri como con Lavagna. Macri le propuso ser su candidato en la provincia de Buenos Aires, pero Blumberg imagina que si se decide a “agarrar un cargo” (sic) éste puede ser la presidencia.

Seguridad y justicia

Mientras Blumberg resuelve qué hará, otros padres de jóvenes muertos en episodios violentos fijan posiciones desde su lugar de víctimas. Aunque carezcan de acompañamiento de dirigentes políticos y su repercusión sea menor en los medios de comunicación, sus aportes son dignos de análisis. Al cumplirse dos meses de que un enfermo mental la emprendiera a tiros contra los transeúntes en una calle de Belgrano, los padres de Alfredo Marcenac encabezaron una movilización en su ciudad, Necochea, en homenaje al adolescente muerto esa noche y en demanda de seguridad y justicia.

Mónica Bouyseede de Marcenac dijo que su hijo era una víctima más de la violencia social que produce en toda la ciudadanía un sentimiento de miedo e inseguridad. Para que eso cambie pidió que se adopten algunas medidas serias, sin tentarse con soluciones “que parecen sencillas pero que seguramente no serán efectivas”. Tener “más policías, agregar más leyes, aumentar las penas a los menores que cometen delitos, armarse más” sólo agravarían el problema de la violencia. “Hay que aceptar desde todos los sectores que la inseguridad y la violencia son fenómenos que estamos viviendo y de los que tenemos que hacernos cargo”. Ello implica terminar con la impunidad, con la corrupción y con la inmoralidad. “La única manera de sentirnos seguros es que las leyes que ya existen sean cumplidas por todos, ricos y pobres, ciudadanos comunes y funcionarios públicos, que deberían dar el ejemplo. La tolerada impunidad y la transgresión de las leyes también constituyen violencia. “La mayoría de los culpables de esta violencia, los genocidas, los corruptos, los que se robaron el país y marginaron a millones de familias, los que envenenan a nuestros jóvenes, los que vaciaron de contenido las instituciones dejando sólo cascarones inoperantes, andan sueltos y amparados por leyes y códigos procesales que los protegieron y los protegen. Incluyo a muchos que todavía son legisladores o funcionarios. Estos verdaderos culpables, generadores de la sensación de desprotección en la sociedad, deberían estar presos, y no la sociedad temerosa, guarecida tras las rejas de las propias casas.” Para ello los ciudadanos, dijo, deben dejar de lado la indiferencia y el no te metás y convertirse en observadores atentos del funcionamiento de las instituciones, exigir que los tres poderes del Estado “actúen analizando las causas profundas que nos llevan a vivir como estamos viviendo, y no solamente pongan parches porque eso no nos sirve

de nada”. Cuando se reclama por la inseguridad “podemos quedarnos inactivos, sólo protestando, pero cuando pedimos por la seguridad tenemos que tratar de hacer algo, para dejarles a nuestros hijos y a nuestros jóvenes una sociedad mejor, más equitativa, más justa y más segura”.

También se pronunciaron sobre los mismos temas los padres de otras víctimas de la inseguridad, Laura y Gustavo Melmann, Rosa y Néstor Bru, Dolores Demonty, Raquel y Jorge Witis y Pablo Blanco, entre otros. Para ellos la violencia que condiciona a la sociedad tiene orígenes “mucho más profundos y complejos que la visión utilitaria con la que se quiere tratar el tema en estos días”. Esto “no se soluciona con dos o tres medidas mágicas”, porque “la violencia campea por estas tierras desde hace tiempo: la tortura, la desaparición forzada de personas, la policía de gatillo fácil, la corrupción de bolsones del Estado, la impunidad generalizada y la ineficiencia de los órganos encargados de aplicar la ley. Durante décadas de salvaje exclusión y corrupción, se destrozó el tejido social y se multiplicó el desamparo” con “la ideología del cada uno por su cuenta, del no te metás, del sálvese quien pueda. Treinta años de decadencia no se recuperan con medidas cosméticas. Esto tiene un costo: la vida de nuestros hijos”.

La policía de la mano dura no les parece la solución sino parte “del agravamiento del problema.” ¿De qué sirve aumentar las penas si las cárceles “son depósitos de personas y terminan siendo una universidad de delincuencia y degradación humana? La solución está del lado de la educación, la recuperación y la reinserción de quienes han delinquido. De paso, recordemos que los primeros en entrar y salir de las cárceles son los poderosos comprando voluntades para torcer el sistema, dando el ejemplo de que es posible violar la Ley impunemente. Cuando se habla de menores ¿no deberíamos empezar por preguntarnos qué hacen en la calle en lugar de en la escuela? ¿Y quién les vende las armas o el paco? (Porque los niños no los fabrican)”.

La seguridad se consigue con “políticas de Estado que abarquen la educación, la salud, la igualdad de oportunidades, la asistencia a la niñez en peligro, trabajo para sus padres y vivienda para las familias, igualdad ante la ley, acceso a la Justicia, reconstrucción de las instituciones. Es una consecuencia de la justicia, la equidad, el respeto al otro y la solidaridad, no lo contrario. Es imperativo otorgar de hecho y de palabra una indiscutible jerarquía de valor supremo a la vida. Seguridad y Derechos Humanos son sinónimos, no opuestos. Las soluciones mesiánicas no sirven. Por eso llamamos a la búsqueda de consenso, al abordaje multidisciplinario, la tolerancia hacia el diferente, a arrojar salvavidas en lugar de atar piedras de molino al cuello, ése debe ser el camino. El que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, pero se hará responsable del crimen subsiguiente. Este es un camino largo y arduo, pero es el único camino que toda sociedad humana debe asegurar para todas y todos. Vale la pena, porque la próxima víctima puede ser tu hijo”.

Sofismas

Ante este cuadro, la práctica más conveniente para el gobierno es concentrarse en la gestión. La entrega de un subsidio a Ernesto Sabato y la presencia presidencial en un acto dedicado a los avances del programa de alfabetización son guiños que intentan compensar el pisotón en el dedo chico del electorado porteño que asestó la semana anterior Luis D’Elía. El aumento de la jubilación mínima a 560 pesos mensuales y del 13 por ciento a las demás categorías, en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia que reconoció la movilidad de esos ingresos; los créditos para la vivienda con una cuota baja equivalente a un alquiler, a los que una docena de bancos anunciarían su adhesión a cambio de una devolución anticipada del IVA para la construcción de nuevos departamentos, tienen mayor impacto en la base de la sociedad que la constante inauguración de obras públicas de cualquier magnitud que lleva a Kirchner de un punto a otro del país y que le permiten hacer política desde el gobierno al mismo tiempo que fustiga a quienes hacen política desde la oposición.

La descripción anterior muestra la dificultad de estructurar una oposición única. El jefe de la Iglesia Católica, cardenal Jorge Mario Bergoglio y su principal colaborador, el obispo a cargo de las relaciones políticas Jorge Casaretto, intentan dar alguna homogeneidad a esos segmentos con intereses contradictorios. Luego de la filípica que asestó al estoico Kirchner el 25 de mayo, el Cardenal aceptó que el obispo Joaquín Piña encabezara la lista opositora al gobernador de Misiones Carlos Rovira en las elecciones que decidirán si puede ser reelecto en el cargo. Bergoglio dejó trascender un sofisma de alto vuelo: “la Iglesia no puede estar otra vez cerca de los gobiernos ni lejos de las instituciones”. Es decir: la autocrítica por la promiscuidad eclesiástica con la dictadura consiste en enfrentar a Kirchner.

También apoyó el acto de Blumberg en Plaza de Mayo con una sutileza de la que carecen los demás aspirantes al liderazgo opositor: una misa oficiada en honor de San Ramón Nonato, a la que asistió Blumberg. (A pesar de su nombre y de que Bergoglio lo recordó predicando en contra del aborto, el santo catalán del siglo XIII vivió casi 40 años. Quien murió en el parto fue su mamá.) Luego de la misa Blumberg dio una conferencia de prensa en la puerta del templo, exhortando a asistir al acto de esa misma tarde, con mucho cuidado de aclarar que no se había reunido con el Arzobispo porteño. Ayer por la tarde, Bergoglio reunió en la Iglesia de San Cayetano a dirigentes de los partidos de Macri y Carrió, del socialismo y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional dispuso que ninguno de sus integrantes ni partidarios asistiera a esa tentativa de alumbramiento con fórceps de la oposición nonata.