Juan Carlos Blumberg se presenta como paradigma de la seguridad, pero está rodeado de un grupo de ex integrantes de la Bonaerense que fueron exonerados acusados de graves delitos e irregularidades. Entre esos delitos está el que representa lo más habitual y grave de la conducta de enormes franjas policiales: hacer acuerdos con delincuentes, liberarlos a cambio de dinero, algo que estuvo en el centro de la tragedia del propio Blumberg. Su hijo estaría con vida si la banda de Martín “El Oso” Peralta no hubiera tenido la complicidad de policías como los que rodean ahora al ingeniero (ver aparte). Ante la publicación del prontuario de esos ex efectivos, Blumberg reaccionó de dos maneras distintas. Primero dijo que “son extraordinarias personas”, después intentó una tímida desmentida, sosteniendo que no tiene custodia, únicamente la que le provee el Ministerio del Interior. Las fotos que acompañan esta nota muestran a Blumberg en su acto de Plaza de Mayo al lado, a milímetros, de algunos de esos policías exonerados, que –según se ve claramente– utilizan equipos de comunicaciones. Es decir, estaban participando de su custodia. El ingeniero podría haber argumentado que se le infiltraron, que rechaza su presencia, pero en todos estos días no lo hizo.

La lógica de Blumberg parece ser: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, el enemigo de mi archirrival, León Arslanian, está de mi lado. No importa el prontuario que tenga. El primer dato surgió el propio día de la marcha a Plaza de Mayo, cuando la ex capitán Lidia Seimandi se presentó frente a varios medios gráficos y radios como adherente al ingeniero pero también como parte de la custodia. En varios momentos posó con sus compañeros y representados –Seimandi es abogada– y en las fotos se pueden ver y los cables de los equipos de comunicaciones. También se puede apreciar junto a Blumberg a Mario Attardo, cuyos antecedentes fueron publicados por Página/12 en forma exclusiva hace más de un mes, cuando el exonerado ex cabo primero participó en la detención de Martín Ríos, el hombre que disparó en forma indiscriminada en la esquina de José Hernández y Cabildo.

Attardo ya estuvo preso dos veces por órdenes emitidas por los jueces que actuaron en ambos casos. El hecho más reciente ocurrió el 8 de abril de 2004, cuando el ex cabo, junto a otros efectivos de la Bonaerense, detuvo a dos personas, una de ellas con orden de captura de un juez de Salta. Para dejarlos en libertad, los policías les pidieron 13.000 pesos, pero como no tenían dinero les exigieron que vendan el Peugeot 206 en el que fueron apresados. Los efectivos acompañaron a los detenidos hasta dos agencias de autos para vender el vehículo, pero como no lo lograron, finalmente acordaron que les firmarían un boleto de compraventa en blanco y entregarían la cédula verde y el título. Como no tenían el título, los uniformados le dieron plata a uno de los detenidos para que se tome un remise a casa y lo trajera. Para tapar la maniobra, dejaron constancia de que ambas personas fueron detenidas, pero los registraron con el apellido cambiado, de manera que el pedido de antecedentes dio negativo y no surgió el pedido de captura salteño. A raíz de la denuncia presentada por uno de los afectados intervino la Unidad Fiscal de Investigación número 5 a cargo de Martín Mateos. Attardo estuvo preso varios meses por orden del juez de San Isidro Orlando Díaz. El ex cabo afirma que le dictaron la falta de mérito, lo que no implica que haya sido sobreseído, sino simplemente que continúa la investigación. Sin embargo, la falta de mérito se refería a la detención y la causa no sólo continúa sino que el fiscal Mateos pidió la elevación a juicio. Ahora debe resolver nuevamente el juez Díaz.

En 2000, Attardo ya había estado preso. El hecho ocurrió el 30 de abril de ese año, cuando a las 5.30 de la mañana, a la salida de un boliche bailable de San Martín, varios jóvenes que andaban a los gritos por la calle fueron interceptados por una patrulla. Con la situación controlada, Attardo separó a uno y al grito de “saltá puto” disparó, primero un tiro al aire, y después un segundo disparo que impactó en la rodilla del joven, provocando –según la causa judicial– la pérdida de sustancia y tejido muscular de una pierna y ocasionándole “fractura multifragmentaria del peroné”. El 8 de marzo de 2004, Attardo fue condenado por el Tribunal Criminal 1 de San Martín a un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación para desempeñarse como funcionario público y utilizar armas de fuego. El 16 de septiembre de 2004 fue pasado a disponibilidad y el 7 de julio de 2005 terminó exonerado. Este es el hombre que se ve pegado a Blumberg a la llegada a la Plaza de Mayo, con equipo de comunicaciones.

Antes del acto, la ex capitán Seimandi insistió en que su grupo es parte de la custodia de Blumberg. Según su expediente de Asuntos Internos, Seimandi no ejercía el control del servicio ordinario y las horas extra en la subcomisaría Delta de El Tigre donde revistaba, tanto que aparecía personal fuera de servicio haciendo horas extra que fueron liquidadas con irregularidades y firmas falsas. Parte de los libros de registro aparecieron en el auto de un cabo primero. Seimandi también autorizó el uso de dos patrulleros para la custodia de dos empresas particulares. Una entregaba a cambio combustible, lo que no quedó registrado oficialmente. Agentes que revistaban bajo las órdenes de Seimandi declararon que no se les hacían firmar los recibos de horas extra y que cada mes se les pagaba menos de lo que correspondía. También dijeron que no existía ordenamiento sobre el servicio ordinario y las horas extra, por lo que prácticamente iban a trabajar según su conveniencia. Vecinos de la zona denunciaron que se prestaba custodia a empresas con personal de servicio ordinario, a esas empresas se les cobraba y que había desprotección del ciudadano común. El dinero por esos supuestos servicios tampoco fue ingresado a la contabilidad de la comisaría. Los mismos vecinos –siempre según el expediente de Asuntos Internos– señalaron que el Casino de Tigre aportaba cinco mil pesos mensuales a la comisaría. No hay registro de ese dinero. La capitán fue puesta en disponibilidad por encabezar una red de recaudación ilegal y otras graves irregularidades. En el mismo expediente fueron acusados otros oficiales y suboficiales, y todos terminaron expulsados de la Bonaerense. En el caso de Seimandi, la Justicia absorbió el expediente, pero esta semana se firmó la cesantía.

En las fotos aparece también el ex sargento Jorge Gómez. El 1º de agosto de 2001, Gómez y otros dos efectivos detuvieron a una persona acusándola de haber intentado robar un autoestéreo. Se confeccionó un acta, suscripta por Gómez, en la que no se consignó la tentativa de robo sino una averiguación de antecedentes. En el documento aparece una firma del detenido, que luego las pericias caligráficas demostraron que era falsa. El joven fue alojado en una celda y allí le propinaron una terrible paliza que le provocó la muerte. El hecho fue caratulado “privación ilegal de la libertad, seguida de muerte, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Intervino la Unidad Fiscal 2 de La Matanza y Gómez fue expulsado.

Otro de la guardia de Blumberg es el ex cabo primero Roberto Daniel Fernández. Siendo integrante de la Comisaría 3 de San Martín participó de un procedimiento en el que fueron detenidas nueve personas en una parrilla de Villa Lynch. Se labraron actas por averiguación de antecedentes, aunque en ese documento se dice que los detenidos intentaron fugar. Los testigos declararon que todo fue una mentira y el dueño de la parrilla denunció que los policías pretendían sacarle una cuota mensual para no clausurar el local. La causa es por privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica y extorsión; fue elevada a juicio oral ante el Tribunal Oral Criminal 6 de San Martín. Fernández fue exonerado.

Otro distinguido hombre que apareció en la Plaza de Mayo, también con su equipo de comunicaciones, es el ex oficial inspector José Marinelli. Según el legajo de Asuntos Internos de la Bonaerense, en 2004 Marinelli era jefe del servicio exterior de la Seccional 5 de Vicente López. Les cobraba a comerciantes para darles vigilancia preferencial, utilizando efectivos de servicio o que cumplían horas extra y debían estar recorriendo la jurisdicción, no en puestos fijos frente a locales que pagaban. Marinelli está cesante e interviene en la causa la Unidad Fiscal 10 de San Isidro.

Por último, aparece en escena el ex oficial inspector Pablo Ramos Leiva, que en 2001 estaba a cargo del Cuerpo de Infantería. Los efectivos a su cargo llegaron a la Seccional Segunda de Pilar para efectuar una requisa de los calabozos. Obligaron a los reclusos a desnudarse y los golpearon mientras salían de sus celdas. Acto seguido, con los bastones destruyeron las pertenencias de los presos. Cuando la médica legista revisó a los presos, encontró evidencia de las lesiones y la denuncia llevó a una nueva golpiza como represalia. Ramos Leiva fue exonerado.

Hace diez días este diario publicó por primera vez que policías exonerados por causas graves aparecían rodeando a Blumberg. Por ahora, el ingeniero no deja en claro que su estrategia de seguridad no consiste en utilizar este tipo de efectivos.