Uruguay y Argentina volverán a enfrentarse mañana en el Tribunal Internacional de La Haya, con los cortes de ruta como tema central. En una audiencia citada para el lunes a las 10 de la mañana (las cinco de Buenos Aires), la cancillería local deberá hacer frente al pedido uruguayo de una medida cautelar que busca que los jueces ordenen a la Casa Rosada poner fin a los bloqueos contra las papeleras.

La delegación argentina ya está en Holanda, encabezada por la jefa de asesores legales de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, y el director del Instituto de Servicio Exterior, Horacio Basabe. El grupo es menos numeroso que el que viajó en junio a la audiencia anterior, cuando se intentó sin éxito que la Corte frenara la construcción de las pasteras.

Ante el plenario de la Corte, plantearán dos argumentos como defensa. El primero es estrictamente jurídico y sostiene que La Haya no es competente para intervenir en el tema; el equipo de Cerruti dirá que el organismo pertinente es el Tribunal Arbitral del Mercosur (que ya laudó contra la Argentina). En segundo lugar habrá una defensa política, con eje en que el Estado “no ha sido inactivo ante los cortes, sino que ha trabajado en su disuasión”. Así lo anticiparon ayer en la delegación, donde agregaron otros argumentos:

u Que los cortes son una manifestación popular, no del Estado ni del Gobierno, que tiene origen en la decisión uruguaya de permitir instalarse a Botnia, con una resolución unilateral, violatoria del Tratado del Río Uruguay.

u Que el país vecino no está bloqueado, ya que de los tres puentes internacionales solamente uno tiene el tránsito interrumpido de forma permanente.

Los abogados vienen trabajando en el tema hace un mes; estaban en París, ocupados en terminar el memorial sobre la cuestión de fondo que la Argentina debe presentar el 15 de enero cuando se enteraron de la ofensiva uruguaya.

En el Gobierno no derrochan optimismo. Cerca del canciller Jorge Taiana estiman que, con el corte de Gualeguaychú por tiempo indeterminado, no hay que esperar de los jueces un fallo favorable. “No nos van a felicitar”, consideran en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los alegatos se realizarán en dos audiencias, lunes y martes, en las que los dos países se sucederán en el uso de la palabra. Los uruguayos culpabilizarán a Kirchner por las protestas. Así lo adelantaron en la denuncia por escrito, que sostiene que la reinstalación de los piquetes fue consecuencia de las críticas de Kirchner al Banco Mundial luego de que el organismo le otorgara a Botnia un crédito para construir la planta de Fray Bentos.

“Las ásperas críticas del presidente argentino, del canciller (Jorge Taiana) y de la secretaria de Ambiente (Romina Picolotti), entre otros altos funcionarios, inevitablemente animaron” a los asambleístas, señala el escrito.

Los orientales llegan a las audiencias con dos bajas, la de los juristas Edison González Lapeyre y Roberto Puceiro, que se desvincularon del equipo molestos por no haber sido consultados sobre la decisión de llevar a La Haya el pedido cautelar. La denuncia fue redactada por el jefe del equipo jurídico Héctor Gros Espiell y el norteamericano Paul Reichler. Tras presentar su renuncia, González Lapeyre dijo que tenía “reparos” sobre la viabilidad de la solicitud.

Mañana cada país tendrá dos horas. Los uruguayos abrirán la ronda con una fundamentación de su pedido, tras lo cual le tocará a la Argentina rebatir la acusación. El martes será para las réplicas.

El juicio ante La Haya se inició en mayo, cuando Argentina demandó a Uruguay por la instalación de las pasteras de Botnia y Ence, hoy relocalizada. El tema de fondo es la presunta violación del Tratado del Río Uruguay, que establece que las decisiones que afecten al río deben ser consensuadas. Cuando en el mes de julio el Tribunal rechazó el pedido argentino de frenar las obras, llamó a las partes a “abstenerse de cualquier acción que pueda hacer más difícil la solución” del conflicto. El gobierno de Tabaré fundamenta ahora su reclamo en este párrafo. También emplea en su favor el laudo del Tribunal arbitral del Mercosur, que habló de inacción del Gobierno ante los bloqueos.

La Casa Rosada intentó, a través del mediador español Antonio Yáñez Barnuevo, que Vázquez retirara la denuncia, pero el acuerdo no fue posible.

Si bien no hay plazos para que los jueces se expidan, se estima que el fallo se conocería en la segunda quincena de enero, luego del receso por las fiestas de fin de año.