En Corrientes se acumulan causas por violaciones a los derechos humanos. Una de las más controvertidas es la investigación que involucra al ex funcionario de la dictadura Adolfo Navajas Artaza, dueño del establecimiento Las Marías, donde se produce la yerba mate Taragüí. La causa se abrió por la denuncia del peón Jorge Catalino Pérez, cuyo padre, Neri Pérez, trabajó desde 1968 en Las Marías, en Virasoro. Neri Pérez era delegado de los tractoristas ante la Federación de Trabajadores Rurales. Fue secuestrado el 4 de julio de 1977. Ese día le habían dado franco, algo que sorprendió a su familia. “A la casa llegaron efectivos del Ejército que se llevaron detenido a mi papá, sin presentar orden judicial. Desde ese día no lo volvimos a ver”. Jorge se entrevistó una vez con Navajas Artaza, quien sólo le dijo que a su padre “le había perdido el rastro”. Uno de los principales testigos es custodiado en forma permanente porque fue amenazado. Sería “un arrepentido” dispuesto a señalar a responsables materiales e intelectuales de las desapariciones, no sólo de Neri Pérez, sino también de un grupo de trabajadores y dirigentes agrarios. “El testigo prestó declaración ante un escribano y dejó constancia en un acta porque la causa todavía no tiene juez”, explicó a este diario el abogado Eduardo Molina. El juez federal Juan Angel Oliva, que lleva la causa de La Polaca, se declaró incompetente, alegando el grado, aunque lejano, de parentesco que tiene con Navajas Artaza, funcionario de Economía durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz. Desde entonces “un total de 30 abogados del fuero local, convocados como conjueces, han desistido”.