El plan electoral que sacaron de la galera el gobernador Felipe Solá y su ministro de Justicia Eduardo Di Rocco tiene un indisimulable aire de familia con el presentado por el ex presidente Carlos Memen, también en el último año de su mandato. Así se desprende del Plan Nacional de Reforma Judicial, la nueva justicia del siglo XXI, editado por el ministerio de justicia de la Nación en 1998 y que sigue a su vez los lineamientos propuestos por el Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia, FORES. Ya en 1990, cuando se debatió el copamiento de la Corte Suprema de Justicia por una mayoría automática, el camaleónico diputado Franco Caviglia citó a FORES en apoyo del proyecto menemista durante el debate en la Cámara de Diputados.

Los trabajos de FORES en los que se basó Menem y ahora Solá fueron financiados con aportes del Consejo Empresario Argentino y de los bufetes que atienden a las mayores empresas transnacionales y grupos económicos locales. Entre ellos está el de Roberto Durrieu, viceministro de Justicia del ex dictador Jorge Videla y ahora abogado y asesor del empresario Juan Blumberg en materia de seguridad y justicia. La eventual candidatura de Blumberg en las boletas del hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri explica el intento del gobierno bonaerense por adelantárseles y expropiarles su discurso en las materias que según todo indica serán centrales en la campaña de la fórmula de los empresarios. Esto también ayuda a entender el sentido de la reforma, que refuerza la selectividad del sistema penal sobre los sectores marginales de la sociedad, que cometen delitos en la calle, y nada propone respecto de los delitos complejos propios del crimen organizado.

Consignas en las paredes

Aunque la presentación institucional de FORES dice que fue creada “hace más de 25 años” por “un grupo de abogados independientes” cuyo interés era “una justicia eficaz y transparente al servicio del ciudadano”, se trata de una institución de lobby creada en el emblemático año 1976 con el objetivo entonces explícito de defender a la dictadura militar de los cargos que se le formulaban por violaciones a los Derechos Humanos y consolidar desde la Justicia las victorias de la guerra sucia. Una década después del golpe, en 1985, FORES publicó un libro reivindicativo de la represión ilegal titulado Definitivamente nunca más, la otra cara de la Conadep, en el que se afirma que “los maestros que envenenan la mente” son los responsables cuando un grupo armado “arranca a un muchacho de su casa y lo acribilla a balazos”. Quienes hoy escriben “en las paredes consignas terroristas, morirán abatidos por las fuerzas de seguridad. ¿Estos solos serán los asesinos?” Desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia FORES se opuso en forma sistemática a todas sus iniciativas en materia de justicia y seguridad, e impugnó los pliegos con las designaciones de Esteban Righi (FORES sostuvo que la Ley de Amnistía de 1973 y la disolución del Camarón Federal en lo Penal “destruyeron las vías legales de combate al terrorismo, contribuyendo a la posterior represión ilegal”), Raúl Zaffaroni (“centra su preocupación en los derechos de los imputados”) y Carmen Argibay (“realizó imprudentes declaraciones periodísticas sobre el aborto”). La influencia de este grupo de presión no se limita a la provincia de Buenos Aires. El ex director académico de FORES Germán Garavano fue propuesto como Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el jefe de gobierno Jorge Telerman, a pedido del bloque macrista. La Legislatura aún no aprobó ese pliego, en un trámite a espaldas de la ciudadanía.

Con el plan de Solá-Di Rocco en la provincia y con Garavano al frente del ministerio público porteño, el Area Metropolitana quedaría unificada bajo los conceptos ideológicos de FORES. Esto implica en la provincia una derrota del ministro de Seguridad Carlos Arslanian, quien es autor de un proyecto distinto de reforma, y en la Nación de los criterios participativos y de transparencia que impulsó el gobierno nacional con los decretos sobre designación de jueces federales y de la Corte Suprema. Arslanian, presidente del tribunal que en 1985 condenó a Videla, es el único funcionario del gobierno provincial que polemiza con las afirmaciones efectistas y lineales de Blumberg.

El discurso con el que Menem presentó el plan maestro en 1998 fundamenta la reforma en la lentitud de los procesos judiciales y la imposibilidad de los jueces de entender en enormes cantidades de causas e igual que su ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca propone mejorar el gerenciamiento de los recursos de la administración de justicia para que el trabajo del personal sea más eficiente, ya que, Menem dixit, “los problemas de la justicia no son de recursos financieros ni de dotación de personal, sólo se requiere una mejor planificación y administración”. Las mejoras en la eficacia del sistema sólo generan rechazo en sectores internos del Poder Judicial que no desean cambiar sus asentadas rutinas. Pero las disidencias aparecen cuando se analiza la política criminal que debería aplicar ese aparato una vez reformado.

Sin defensa

Ni las propuestas de FORES, ni el programa de Menem ni la reforma enviada por Solá a la Legislatura de su provincia contemplan el recurso de Casación ni la Defensa Pública. Esto es especialmente grave en una provincia en la que las tasas de encarcelamiento son las que crecen con mayor rapidez en el mundo después de Estados Unidos y nueve de cada diez personas privadas de su libertad carecen de dinero como para contratar un abogado de confianza. Según estadísticas oficiales suministradas por el propio Di Rocco, 80 por ciento de quienes abarrotan las cárceles y comisarías bonaerenses no tienen condena firme y un tercio de ellos serán absueltos cuando terminen sus juicios. Esto significa que entre 6000 y 8000 inocentes viven sometidos al régimen despiadado que administra la provincia y que tuvo su expresión más acabada en el incendio de la Unidad Penal de Magdalena donde murieron 34 personas. Con cierta astucia discursiva, Solá reconoció esta realidad y dijo que en Buenos Aires no había justicia ni para los inocentes ni para los culpables. Pero las enmiendas que propone tienden a obtener más condenas en menos tiempo entre los sectores más desprotegidos, dado que no se aplicarán a los delitos más graves y complejos, que la justicia provincial no está organizada para perseguir.

La reforma que se inició en la década pasada contemplaba el recurso de Casación y una Defensa Pública de alcance provincial, pero su autonomía fue recortada por el ex Procurador Eduardo Matías De la Cruz. La subordinación de la Defensoría a la Procuración General crea una situación de desigualdad entre las dos partes enfrentadas en el proceso penal, amen de la distribución de recursos, que desde siempre posterga a los defensores. Este tema quedó atrapado en un capcioso debate acerca del instrumento jurídico que podría devolver la autonomía perdida a los defensores, entre quienes sostienen que es precisa una reforma constitucional y quienes entienden que bastaría con una ley provincial o incluso una resolución de la Procuración General. La Constitución provincial sostiene que el Procurador General ejerce la superintendencia sobre los demás miembros del ministerio público, entre ellos los defensores. Pero esta disposición, redactada con algún descuido no puede anular una de las garantías fundamentales establecidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional sobre la inviolabilidad de “la defensa en juicio de la persona y de los derechos”. Esa misma ley superior dice que el ministerio público tiene dos cabezas, el procurador y el defensor general, todo lo cual basta para concluir que si un caso por violación a la igualdad ante la ley llegara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su pronunciamiento no sería complaciente con el ordenamiento bonaerense. La Comisión Provincial por la Memoria se entrevistó varias veces con el gobernador Solá, quien prometió la creación de una Defensoría General autónoma, pero nunca lo cumplió. La comisión fue recibida también por el presidente Kirchner, quien dijo que los problemas de la seguridad y la justicia bonaerense tenían una proyección nacional y prometió visitar algunas cárceles de la provincia, escenario das peores violaciones a los derechos humanos que hoy ocurren en el país. Sin embargo esa visita nunca se produjo y el presupuesto y las facultades de la Defensa fueron cada vez más restringidos. A la muerte del Procurador De la Cruz y al ser propuesta para sucederlo, la ex secretaria de justicia y ex diputada nacional María del Carmen Falbo sostuvo que restituiría la autonomía a la Defensa, lo cual incluía la reactivación del banco de datos sobre torturas y tratos inhumanos y degradantes que llevaba el Defensor de Casación, Mario Coriolano. Pero una vez designada mantuvo la situación anterior.

Aunque su nombre es Defensoría de Casación, el organismo que Solá se propone disolver interviene también ante la Suprema Corte de la Provincia, ante la Corte Suprema de la Nación y ante tribunales internacionales de derechos humanos. Creada en 1998 encaró su trabajo desde una perspectiva de protección a los derechos humanos y de prevención de la tortura y los malos tratos a personas privadas de su libertad. Por eso, sus planteos fueron acompañados por la Comisión Provincial por la Memoria, que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón y cuya vicepresidenta es Laura Conte, por las ONG más importantes del país y del mundo y por el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos. Sus planteos en los litigios de casos lograron importantes cambios de jurisprudencia y permitieron hacer efectivos los derechos constitucionales a la doble instancia en materia penal, a la defensa en juicio y al debido proceso. La Defensoría también creó un centro de estudios penales (CEDEP). La Comisión Provincial por la Memoria propondrá modificar el proyecto oficial de modo de que no se pierda la Defensoría ante la Suprema Corte de Justicia. Según el texto que elevarán al Poder Ejecutivo, tanto el Procurador como el Defensor deberán prestar juramento ante la Suprema Corte, una forma simbólica de equiparación. En forma expresa, la Comisión propone que “el cargo de Defensor ante la Suprema Corte de Justicia continuará siendo desempeñado de modo permanente por el actual Defensor de Casación y su Adjunto”. Esta sensata sugerencia choca con la inquina personal de Solá hacia el titular de la Defensoría, Mario Coriolano, por sus constantes investigaciones sobre casos de torturas a personas detenidas, que el autorreferencial mandatario interpreta como ataques personales.