El procedimiento para designar a Germán Garavano como Fiscal General, a Mario Kestelboin como Defensor General y a Laura Musa como Asesora Tutelar General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos ellos por siete años, no cumplió con las mínimas formalidades necesarias, se hizo por acuerdos partidarios a espaldas de la ciudadanía y sin permitir ningún escrutinio de las calidades de los nuevos jefes del Ministerio Público Fiscal y sus proyectos de trabajo. Garavano, de FORES, fue propuesto por el macrismo, el ex interventor en la Facultad de Derecho de la UBA, Mario Kestelboin, por el Frente para la Victoria y la ex diputada nacional Laura Musa por el ARI. El jefe de gobierno Jorge Telerman firmó lo acordado y junto con la Legislatura imprimió al trámite un carácter casi clandestino.

Un decreto de 2003 estableció un trámite que favoreciera la participación ciudadana en la selección del perfil de las máximas autoridades judiciales de la Ciudad. Pero las nominaciones sólo se publicaron en el Boletín Oficial y en la página del gobierno en internet. A diferencia de lo que ocurre con el Ministerio de Justicia de la Nación y del Senado, que consultan sobre los candidatos con organizaciones especializadas en cuestiones de justicia, publican las nominaciones en la prensa y facilitan el acceso en sus páginas electrónicas, detectar el trámite porteño es un juego de obstáculos más difícil que la búsqueda del tesoro. Para enterarse si hay un nombramiento en marcha hay que pasar cuatro pantallas sucesivas: el portal inicial, el Area de Gobierno, la subsecretaría de Justicia, y recién allí, perdido bien abajo, el “Procedimiento”. Por las dudas que alguien superara esas vallas, tampoco se respetó el plazo de quince días para presentar por escrito observaciones, impugnaciones o apoyos, antes de que el Ejecutivo remita los pliegos la Legislatura. En vez de contarse días hábiles (como ordena el decreto 151/97 que establece el procedimiento administrativo de la Ciudad) se contaron días corridos, en aplicación del Código Civil, que nada tiene que ver con un acto administrativo del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Así se redujo el plazo de quince a diez días hábiles. Peor es lo que vino después. Vencido el 1° de diciembre el plazo para las presentaciones de la ciudadanía, la Subsecretaría de Justicia tenía siete días hábiles para analizarlas y elevar el expediente administrativo al Poder Ejecutivo, que a su vez tenía 15 días hábiles para estudiar las observaciones recibidas y decidir si los candidatos satisfacían el perfil buscado. Pero en vez de 22 días hábiles o algo más de un mes calendario, el velocísimo jefe de gobierno Jorge Telerman no insumió ni siquiera diez horas para comunicar a la Legislatura una decisión tomada con anterioridad. Por supuesto sólo se presentaron apoyos a los tres candidatos, de gente bien avisada por ellos mismos y ninguna objeción ni impugnación.

La Constitución de la Ciudad ordena a la Legislatura convocar a una audiencia pública en la que los legisladores y la ciudadanía puedan interrogar a los candidatos sobre sus concepciones jurídicas y planes de trabajo. La audiencia se celebró el 6 de diciembre, apenas dos días después del envío de los pliegos. Pero la denominada “Junta de ética, acuerdos y organismos de control” convocó a la audiencia un mes antes de que el Ejecutivo hubiera remitido los pliegos, lo cual sólo fue posible porque ya conocía quiénes serían los elegidos, sin que nada pudiera alterar lo ya decidido. Tomó conocimiento de sus nombres a través de una nota del Poder Ejecutivo, que no se publicó en el Boletín Oficial, y que muestra el aprecio del jefe de gobierno por las opiniones que aún no había recibido. Las huellas de esta manipulación se descubren en el Boletín Oficial. El mismo día se publicaron los antecedentes de los candidatos y la convocatoria a la audiencia pública. Así vencieron antes los cinco días que la ley asigna para presentar impugnaciones ante la Junta de la Legislatura que los quince que el Ejecutivo ofrecía para el mismo fin.

La Audiencia Pública en la Legislatura fue un mero trámite protocolar. Ante complacidos familiares de los candidatos ni un legislador formuló preguntas. El CELS había preparado diecisiete preguntas para Garavano, dado que el Fiscal General definirá cómo aplicarán los fiscales el Código Contravencional, es decir la coerción estatal sobre las personas más vulnerables: cuidacoches, vendedores ambulantes, trabajador@s sexuales, recicladores. Los puntos de vista del candidato acerca de la vigencia de los derechos sociales, o del modo en que pensaba llevar adelante la política criminal en la Ciudad hubieran permitido conocer si satisfacía los criterios de idoneidad y respeto a los derechos humanos que requiere el cargo. El mismo tipo de preguntas se hicieron en las audiencias públicas para la designación de Esteban Righi y Stella Maris Martínez como Procurador y Defensora generales de la Nación. Pero al presidente de la Junta de Ética (Pablo Failde, del ARI) le parecieron demasiadas preguntas y sólo autorizó dos. Alegó para ello una ley por la cual el público sólo puede realizar una pregunta, pasando por alto el artículo por el cual esta restricción no se aplica a las audiencias públicas previas al otorgamiento de acuerdos o designaciones. La vieja práctica del acuerdo político cerrado reapareció así a pesar de los instrumentos concebidos para superarla. La participación ciudadana democratiza el poder judicial y pone los actos de gobierno en manos populares. La mofa a ese avance no contribuye a la legitimidad y el respeto por las leyes y profundiza el descrédito de las instituciones de la Ciudad. No está de más consignar que este método tramposo benefició en forma nítida a Garavano, ya que ni Kestelboin ni Musa necesitan de gallos ni medianoche para demostrar su idoneidad profesional y moral.