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El viernes se cumplirán cuatro años desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia, cuando se vivía una de las circunstancias de mayor precariedad política, social y económica que se recuerden en la Argentina moderna. El presidente al que el diario La Nación vaticinó en un editorial de tapa que no duraría más de un año (porque no había aceptado el ultimátum de alinearse en forma automática con Estados Unidos, reunirse en primer lugar con el embajador y los empresarios, condenar a Cuba, reivindicar la guerra sucia militar contra la sociedad argentina y tomar medidas excepcionales de seguridad) llega a ese aniversario en condiciones difíciles de imaginar entonces: tasas asiáticas de crecimiento repetidas mes a mes, un superávit fiscal y de comercio internacional sostenidos, niveles de inversión superiores a los de la década del neoliberalismo, la mayor acumulación de reservas desde que hay registro, una reducción constante de los indicadores de pobreza, indigencia, desocupación y desigualdad. El marco político-electoral tampoco presenta mayores sobresaltos, pero el duro conflicto que se disparó en su provincia, Santa Cruz, y la separación de dos funcionarios de segunda línea dispuesta cuando sus oficinas aparecieron mencionadas en una grabación clandestina, agregada a una causa judicial sobre pagos indebidos en la construcción de obras públicas, encienden luces de alarma que no deberían ser desatendidas.

La retahíla electoral se inició en marzo con dos victorias cómodas para las listas oficiales en Catamarca y Entre Ríos (un radical y un peronista) y continuará hoy con un nuevo triunfo en Río Negro, donde los dos candidatos que se enfrentarán por la gobernación (un radical y un peronista) disputan por establecer cuál representa mejor al kirchnerismo en esa provincia. Algo similar se insinúa en el Gran Buenos Aires: en Lomas de Zamora, por ejemplo, ya son cuatro los aspirantes a la intendencia que hacen campaña con una foto del presidente. El acto conmemorativo del cuarto aniversario se realizará en Mendoza, la provincia que conduce Julio Cobos, jefe de la Liga de Gobernadores de la UCR que han decidido atar su suerte a la del gobierno nacional, en contra de los deseos de la conducción de su partido que, bajo la tutela del ex presidente Raúl Alfonsín, se alinea con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. Haya o no algún anuncio ese día sobre la fórmula que se presentará a las elecciones presidenciales del 28 de octubre, Kirchner estará allí junto con Cobos y con su esposa, CFK. La curiosa construcción política de Lavagna no comprende alianzas con ninguno de los candidatos que el 3 de junio pugnarán por la gobernación porteña, a diferencia de la ex diputada Elisa Carrió, quien ha cerrado trato con el actual jefe de gobierno en busca de su reelección. Afirmada en los valores sociales heredados de su madre y en el sostén dogmático que le provee el cardenal Jorge Bergoglio, la chaqueña intentará reunificar el voto de los correligionarios de su padre, con un discurso republicano y de contenido social afín al programa progresista que en 1946 presentó a las urnas la Unión Democrática. Inmune al principio de contradicción, apoya a uno de los funcionarios a quienes acusó de integrar uno de los dos bandos corruptos que en la topografía de Carrió dividen al gobierno.

Las denuncias ya parecen ser un condimento inseparable de cualquier operación proselitista, sobre todo cuando se ponen en juego los principales cargos ejecutivos en la Nación y en las provincias. Los acusados afirman que son víctimas de una campaña sucia. Las tres imputaciones principales de esta temporada afectan al gobierno nacional (en la ampliación de un gasoducto se habrían pagado sobreprecios), a Lavagna (sus hombres de confianza en el ministerio de Economía habrían reconocido deudas inexistentes del Estado con una empresa quebrada) y al jefe de gobierno y candidato Jorge Telerman (por su licenciatura imaginaria y por el desvío de fondos públicos a una firma fantasma). Más allá de las intenciones de quienes las impulsan, las denuncias tienen un valor intrínseco, aunque no es fácil evaluarlo con objetividad, dadas la indisponibilidad de parte de la información y las interpretaciones de los respectivos adversarios. Lo que sigue es un análisis somero de cada caso.

Techint-Skanska

Esta investigación comenzó por denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, que descubrió la existencia de empresas fantasma proveedoras de facturas falsas a grandes empresas, entre otras Skanska, la mega-constructora sueca que absorbió las operaciones en el país de SADE-Pérez Companc. Kirchner había dicho que se trataba de un caso de corrupción entre privados y que si algún funcionario aparecía involucrado lo echaría del gobierno. Esta semana despidió a los titulares del Enargas, Fulvio Madaro, y de Fideicomisos Nación, Néstor Ulloa, con un sustento al menos curioso: el fiscal federal Carlos Stornelli informó al ministro del Interior que ambos eran mencionados en una conversación entre dos directivos de Skanska.

La segunda constructora del mundo, de capital sueco, fue la empresa elegida para la ampliación de un gasoducto por la transnacional italiana Techint, accionista mayoritario del holding que controla las transportadoras de Gas del Norte y del Sur, TGN y TGS y al mismo tiempo proveedor de los tubos a instalar. Techint había polemizado con Madaro. Los italianos sostenían que el Enargas les ordenó contratar con Skanska pese a que avisaron que estaba cobrando la obra más cara de lo que costaba. Madaro respondía que ante esos avisos anuló tres veces la contratación y dispuso que se realizaran nuevas convocatorias, que también fueron ganadas por los suecos. Recién aceptó que Skanska realizara el trabajo cuando Techint comunicó que no estaba en condiciones de hacerla con su propia constructora, que es la mayor del país, en el plazo estipulado y al precio testigo. Confirmó así una vieja práctica, de construir sólo como subcontratista, pagada con fondos estatales y sin asumir riesgos. Uno de los gerentes despedidos por los suecos por el desvío de fondos, Alejandro Gerlero, fue contratado de inmediato por Techint.

El despido de Madaro y Ulloa va a contramano de la cultura nacional en la materia, por lo que ha despertado tanto encomios como suspicacias. Los indicios en su contra provienen de una grabación subrepticia que el auditor interno de Skanska, Claudio Corizzo, le hizo al gerente Javier Azcárate, sin orden de un juez ni conocimiento de su interlocutor. La grabación que secuestró el juez penal económico Javier López Biscayart no tiene valor como prueba, pero contiene varios puntos de interés. En ningún tramo se menciona a Madaro, cuyos nombre sí fue suministrado al gobierno por el diligente fiscal Stornelli, cuya vocación política somete a excesiva tensión las costuras de su atuendo judicial. Lo que Azcárate afirma en ese diálogo es que 3 por ciento del dinero distraído por medio de las facturas truchas en las obras contratadas por Techint fue para el Enargas y 2 por ciento para Nación Fideicomisos.

Ulloa sí fue mencionado, pero a título conjetural. El gerente investigado cuenta al auditor que “el cliente, para asegurarse cobrar”, puso en contacto a Skanska con el contador Alfredo Greco, encargado de proveer las facturas truchas de la empresa fantasma Infinity. El auditor pregunta si Greco responde a Ulloa. “Y, vos nunca sabés exactamente. Debería reportar a Ulloa”, contesta Azcárate. También sostiene que la empresa no debería “tirar abajo el negocio del tipo que hizo todo el fronting y del pingüino de acá a dos cuadras”. Front man, y de allí quien hace el fronting, significa tanto testaferro como fiduciario. El diálogo se grabó en una oficina a dos cuadras de la de Julio De Vido.

“El cliente”, que Azcárate no menciona, ¿es Techint, que contrata la obra, Enargas que la autoriza o Fideicomisos Nación, que la financia? En otro tramo de la grabación, Azcárate también narra que el abogado Sergio Goldstein se presentó como amigo de López Biscayart y le ofreció un contacto con el juez. “Es un duro pero debe ser permeable, como todos”, afirma el auditor Corizzo. También dice que visitó tres veces a López Biscayart en compañía de su abogado penalista “y el juez lo atendió bien, hola Huguito, cómo te va”. El diálogo entre los gerentes alude a la cartelización de Skanska con Techint y con otras empresas para la construcción de distintas obras en el Perú y en la provincia argentina de La Pampa y en relación con las respectivas autoridades públicas. También involucra pagos realizados a través de la filial chilena de una de las empresas del cartel. Azcárate afirma que en Perú “éramos socios de Camet. Firmaba las órdenes de compra, nosotros buscábamos los proveedores”. (Jorge Camet Dickman fue el ministro de Economía del presidente Alberto Fujimori y durante su mandato de 1993 a 1998 se privatizaron las telecomunicaciones, la minería y la electricidad.) De la conversación entre los dos funcionarios de la empresa sueca surge que la operatoria que hoy se investiga fue más sofisticada que las de Perú y La Pampa.

–Nosotros nunca llevamos la plata en valijas –dice el auditor Corizzo.

–En Perú sí y en La Pampa también –lo corrige el gerente Azcárate.

El 21 de marzo de 1993 en esta página se publicó el primer documento conocido acerca de este tipo de negocios, a propósito del gasoducto Loma de la Lata, construido entre Neuquén y Buenos Aires por la italiana Techint, Pérez Companc y Macri, que formaban el consorcio NEUBA. La financiera cautiva de Techint, Santa María, recaudaba los aportes, proporcionales a la participación de cada grupo en NEUBA, y pagaba las “Prestaciones de sede” a funcionarios y políticos, tanto radicales como peronistas, y a competidores excluidos del negocio, para que no protestaran. Sólo en el año 1987 se pagaron en tangenti por esa obra 11.527.000 dólares, o expresado con la técnica financiera de las planillas de Santa María: 11.527 U$S x10 a la tercera. El más alto porcentaje de las contribuciones, casi 3 millones de dólares, se pagó el mes previo a las elecciones del 6 de septiembre de ese año, en el que se adelantaron parte de las cuotas de los meses siguientes. El funcionario de Techint que entregó la planilla recortó antes la columna con los nombres de quienes habían cobrado las prestaciones de sede.

Aunque carezca de validez judicial por la forma subrepticia en que se realizó, la grabación de los directivos de Skanska es relevante desde los puntos de vista sociológico y político. Al referirse al proyecto de La Pampa, Azcárate informa:

–Techint juntaba la guita.

–¿Quién era el tipo de Techint? –pregunta el auditor.

–Carlos Bacher –informa Azcárate.

(Carlos Bacher es el vicepresidente ejecutivo y Chief Executive Officer, CEO, de Ingeniería, Construcciones y Servicios en la multinacional italiana.)

Sobre el pago de comisiones agrega Azcárate:

–La valijita la consolidábamos en Techint o la consolidábamos nosotros. Entonces, o la venían a buscar de La Pampa o se la llevábamos a La Pampa... El Estado dijo no movamos guita nosotros. Pero le dijimos es lo mismo dársela al tipo en el café o dársela a Techint para que se la dé a un tipo en un café. La guita la tenés que mover igual.

Más allá de la consistencia de las pruebas en su contra, la remoción de Madaro y de Ulloa relativiza el argumento oficial de un caso de corrupción sólo entre empresas privadas. En todo caso, los elementos que van apareciendo confirman que los corruptos pasan pero los corruptores quedan y refuerzan la presión en contra de los fideicomisos, instrumento fundamental en la impresionante expansión de la obra pública, con regulación pública pero sin invertir fondos públicos. Para el gobierno, los despidos de funcionarios bajo sospecha establecen un estandar muy exigente. ¿Qué pasaría si otro entusiasta como Stornelli anunciara que se llevará puesto a alguien más significativo que Madaro y Ulloa?

El vino de Lavagna

Dos íntimos colaboradores de Lavagna, Eduardo Pérez y Osvaldo Siseles, y varios abogados que dependían de ellos son investigados por el juez federal Sergio Torres, a raíz de una denuncia presentada por la ministra de Economía Felisa Miceli por la tentativa de pagos indebidos al grupo Greco, intervenido en 1980 por el ex dictador Videla y con el que Raúl Alfonsín celebró un convenio reparatorio el 6 de julio de 1989, tres días antes de entregar el gobierno. La ejecución de ese acuerdo dio lugar a distintas actuaciones judiciales. El reclamo de los Greco se basaba en la presunta existencia de 509 millones de litros de vino, cuya existencia, propiedad y origen fue controvertida por el Estado, y de varios edificios. En un día tan significativo como el 28 de diciembre de 2001 la justicia ordenó ejecutar el convenio firmado por Alfonsín. Para ello debían determinarse las obligaciones de ambas partes pendientes de ejecución y cuantificarse los daños y perjuicios recíprocos, que cada parte estimaba en 600 millones de pesos. La causa fue abierta a prueba en 2003, pero el Estado Nacional no produjo la de su parte y en cambio admitió el presunto derecho de los Greco. El Ratón Pérez, como lo llamaban en el ministerio, era Secretario Legal y Administrativo y Siseles subsecretario legal. Según la denuncia de Miceli, ellos, la directora de jurídicos Yolanda Eggink y el director de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados, Alberto García, separaron de su cargo a la abogada María Eugenia Martínez, quien documentó que el Estado no le debía nada a los Greco, y designaron en su reemplazo a otros letrados que homologaron sin apelarla la liquidación presentada por los bodegueros, luego de realizar una transacción encubierta e ilegal y sin consultar como establecía la normativa vigente con sus superiores. Miceli decretó la nulidad de todas esas actuaciones y denunció el caso a la justicia.

Licenciado al Sol

Dos denuncias fueron presentadas por legisladores afines al gobierno nacional contra el jefe de gobierno porteño. La legisladora local Sandra Bergenfeldt (una ex macrista borocotizada) lo acusó por usurpar el título de Licenciado. Telerman había dicho que el sello se aplicaba a los decretos después de su firma. La investigación del fiscal correccional Daniel Rodolfo Pablovsky determinó que en su declaración jurada en la Cancillería Telerman se atribuyó el título de licenciado en Ciencia de la Comunicación, pero no presentó su título habilitante. El propio Fernández dijo durante su informe en la Cámara de Diputados que en los allanamientos a los vendedores de facturas truchas, aparecieron varias contrataciones del gobierno porteño con Sol Group, otra empresa fantasma con el mismo domicilio legal que Infinity. El diputado nacional Miguel Bonasso presentó a la justicia facturas por más de tres millones de pesos que la Ciudad habría pagado a Sol Group el año pasado y sostuvo que era un sello de goma creado por el legislador de Pro Diego Santilli y su socio Sergio Mastropietro, para desviar fondos públicos. Los recursos se habrían aplicado a la abrumadora campaña publicitaria de Telerman, pero una parte habría retornado al jefe de gobierno y a su secretario de medios, Oscar Feito. Dijo que la empresa nunca presentó un balance a la Inspección General de Justicia ni tenía personal. El caso se esclarecería con el cotejo entre las facturas pagadas a Sol Group y los ingresos asentados en la contabilidad de los medios que emitieron la publicidad. Telerman mostró varias facturas: las contrataciones con Sol Group se iniciaron durante la gestión de Aníbal Ibarra, ahora asociado político de Bonasso. Mal de muchos.