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Néstor Kirchner se obstina en separar los tantos.

–Tengo las manos limpias. No me voy a bancar que esto pase. Yo esto no lo banco –vocifera ante dos hombres de su círculo áulico.

Suena a reprimenda tras la vinculación de Fulvio Madaro y Néstor Ulloa con el caso Skanska. Pero su prédica de transparencia convive con aquel llamativo decreto que anunció el cese de funciones de los titulares de Enargas y Nación Fideicomiso: un texto que podría abrir las puertas a una recusación de Carlos Stornelli, el fiscal de varias causas que inquietan al Gobierno.

La inclusión de los textuales de Stornelli en el decreto difícilmente haya sido fortuita y son varios los que leen en ella alguna intención de ridiculizarlo. ¿Qué otra razón hay para mixturar allí el supuesto deseo del fiscal de participar de la campaña bonaerense de Daniel Scioli con su objetivo de “llevarse puesto” a Madaro y Ulloa?

Si alguien infiere que la Casa Rosada intentó así ponderar la independencia de un fiscal –que es capaz de apoyar al kirchnerismo y a la vez acercar a la cárcel a funcionarios sospechados de corruptos– se equivoca rotundamente.

“Pelotudo”, “vanidoso”, “pacato”, fueron apenas tres de las palabras que salieron de boca de los inquilinos de Balcarce 50, todos ellos con oropeles de ministro, o más, a la hora de calificar al fiscal que avisó que Ulloa y Madaro serían citados a indagatoria sospechados de haber cobrado coimas.

–La mención no tuvo ninguna finalidad oscura –jura y perjura Alberto Fernández, quien sorprendió el miércoles con la lectura del curioso decreto. El jefe de Gabinete fue testigo de las palabras de Stornelli durante la charla que éste mantuvo con Aníbal Fernández. Eso fue gracias a que el ministro del Interior se comunicó por Nextel, un celular que puede operar a modo de handy.

El abogado Ricardo Monner Sans, quien estuvo con Stornelli, habló de la existencia de una “operación” para desacreditar al fiscal. Intramuros, la cofradía K es categórica. “¿Cuál es la operación? La verdad, es imposible que alguien pueda recusar a Stornelli porque hayamos puesto lo que dijo en el decreto. No es que él llamó para decirnos ‘¿qué le parece al Presidente si hago esto o aquello?’, sencillamente nos comunicó una decisión tomada. Este muchacho no es contemplativo con nosotros, eh”, argumentan.

Pico cerrado

Stornelli se cohibió de responder a la maniobra oficial. Sencillamente apeló al recato para no aportar más letra a un capítulo que el fiscal sospecha de maquiavélico.

–¿Qué es eso que publicó La Nación? –le inquirió Monner Sans antes de conocerse el decreto de la discordia. Se refería al artículo de ese diario que mencionaba la posibilidad de que el fiscal se sume a un futuro gobierno de Scioli como ministro de Seguridad.

–Me están operando –le respondió, escueto, Stornelli.

–¿Pero no vas a decir nada?

–¡¿Qué voy a decir si a mí no me ofrecieron nada?!

Fuentes de la Vicepresidencia de la Nación también negaron la existencia del convite. Aseguran que a Scioli el tema no le cayó nada bien. “Yo no dije que me voy a sumar a la campaña, ni me lo dijeron, ni lo pedí. Eso no es verdad”, señala Stornelli, según aseguran en su entorno, contrariando así la letra del decreto oficial.

El fiscal no saldrá públicamente a desmentir la norma porque lo llevaría a una discusión estéril con quien la suscribió: el propio Kirchner. “Lo quieren hacer reaccionar pero no va a abrir el pico”, dicen en su entorno, abortando un escenario de debate mediático entre Stornelli y los ministros que lo escucharon.

Quizá sea el momento de una aclaración. Stornelli habla a menudo con Aníbal Fernández, casi en “términos familiares”, sobre seguridad y justicia. Lo hace desde antes de que el bonaerense fuera ministro. Pero cuando el fiscal lo llamó el miércoles motu proprio no fue para platicar de Scioli –aunque finalmente sí sacó el tema, motivado por las publicaciones periodísticas– sino para comunicarle la citación a indagatoria de Ulloa y Madaro.

Efectivamente, la conversación se hizo a través de un Nextel mientras el fiscal recorría la calle Libertad en busca de un repuesto para su reloj. Según las fuentes, no anticipó ninguna estrategia ni aportó el nombre de la carátula, simplemente hizo un “gesto” al que se había comprometido. Dio un dato que, imaginó, minutos después de todos modos saldría por los medios ya que el juez Guillermo Montenegro tenía la decisión tomada.

Al fiscal le cuesta creer que existan razones para recusarlo. “Es parte y juez. No ve ninguna causal. Si la tuviera se excusaría él mismo”, dicen a su lado, aunque saben que el “trato amistoso” que mantiene con Aníbal Fernández no es bien visto en el universo judicial.

“A mí no me gusta tener esta causa, porque es más trabajo, más stress, significa mucha carga por el mismo sueldo. Pero soy fiscal, trabajo de eso”, dicen haber escuchado en boca de Stornelli. Habrá que entender la preocupación oficial: los pedidos de indagatoria de Montenegro por ahora se limitaron a Ulloa y Madaro. Pero el fiscal también pidió la citación del secretario de Energía, Daniel Cameron, y de toda la unidad ejecutora del Fideicomiso.

–¿La investigación por hechos de corrupción puede ir “para arriba” y salpicar a De Vido? –fue entonces la pregunta de este diario a una fuente de la investigación.

–Uno no va ni para arriba ni para abajo porque sí, uno va hasta donde las pruebas lo lleven. E iremos hasta donde las pruebas nos lleven.

Torniquete

La reacción oficial al conocerse el pedido de indagatorias se acomodó a lo anunciado. Kirchner hizo lo que prometió: se desembarazó rápidamente de los funcionarios sospechados por la Justicia. El Presidente advierte que no hay que equiparar esa velocidad con un torniquete. Asegura que no hará nada para frenar la sangría y que si ésta alcanza a otros hombres de su gobierno también les dará de baja.

–¿Incluso a De Vido? –pregunta este diario.

–No está implicado. Y Julio (De Vido) asegura que nada de lo que se dice es verdad. Pero nadie tiene coronita –es lo que manifiesta Kirchner.

El ministro de Planificación está en la mira de Adrián Pérez (ARI) y Esteban Bullrich (Recrear). Los dos diputados que iniciaron originalmente la causa ahora piden el juicio político del funcionario que impulsó las obras públicas investigadas. “O sabía lo que pasaba y no lo denunció, entonces es corrupto y no puede ser ministro; o no sabía lo que pasaba, y por ende es ineficaz e incompetente y no podría ser ministro”, argumenta Bullrich a Página/12.

Elisa Carrió no cree en la prédica de transparencia de Kirchner. Está convencida de que existe una orden oficial para “proteger a De Vido”. La titular de la Coalición Cívica lo enmarca en la lógica de autopreservación del Ejecutivo. ¿Podría el Presidente seguir como si nada si uno de sus hombres más cercanos estuviera vinculado a un caso de corrupción?

Poco se sabe de lo que Kirchner y De Vido hablaron el viernes durante un hermético encuentro en la Casa Rosada. En cambio, no tardó en circular la tirria presidencial con Daniel Sabsay. El constitucionalista había sugerido la posibilidad de un juicio político contra el mandatario a raíz de la firma del controvertido decreto. Curiosamente, Aníbal Fernández insiste en que el caso Skanska es un tema “entre privados”, aun después de conocerse que dos funcionarios fueron citados a indagatoria. Hay cierta inercia por mantener esa teoría, como si el hecho de admitir otra realidad pudiera eyectarlos del calor del poder. “Yo leí el texto de la desgrabación y la verdad que el 95 por ciento habla de los privados y sólo el 5 de Energas y Nación Fideicomiso”, dicen los K, en la discutible convicción de que la cantidad de renglones sería proporcional a la responsabilidad que les pudiera caber en el eventual ilícito.

En la desgravación aludida, que está en manos de la Justicia, el ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate y el síndico Claudio Corizzo ponen en relieve el sistema de sobreprecios y el pago de comisiones.

Hay quienes, con sigilo, le extienden un salvoconducto a Madaro, no así a Ulloa. Semanas atrás, el titular de Enargas, de la mano de Alberto Fernández, explicó a varios periodistas los detalles de su papel en los contratos de concesión de Transportadora del Gas del Norte y del Sur. Madaro es un santacruceño a quien Kirchner puso en el cargo de la misma manera que ahora lo echó: por decreto.

–Si es chorro, hay que darle un Oscar –dicen muy cerca del ahora ex funcionario, blandiendo la teoría de que sólo con una buena actuación Madaro podría disimular aquello de lo que es sospechado. El propio afectado salió a negar que haya percibido coimas, aunque aplaudió la decisión de Kirchner al entender que la misma sirve para “descomprimir la situación”.

“Si se tienen que ir cien,
se van cien”

En las cercanías del Presidente ya empiezan a atizar el mismo argumento que Fernando Burlando. El abogado de varios ex gerentes de Skanska pedirá la nulidad de las grabaciones secretas asegurando que éstas registraron “una charla coloquial en la que los intereses personales pesan más que la verdad”. En otro momento, el Gobierno se hubiera mostrado refractario a las críticas. Anoche, entre los suyos, Alberto Fernández, se exhibió hasta concesivo.

–Nosotros no entramos en ninguna joda con nadie. No vamos a pagar todos la boludez de algunos. Si se tienen que ir cien, se van a ir cien. No es que lo decimos y nada más. Lo decimos y lo hacemos. Las pruebas están a la vista –le reprochó a un interlocutor incrédulo.

Un discurso similar escuchó el miércoles 2 de mayo el director de Relaciones Institucionales de Techint, Luis Betnaza. El jefe de Gabinete lo recibió en su despacho al día siguiente de conocerse aquella solicitada oficial que puso a la empresa en el ojo de la tormenta al comprometerla con el caso Skanska. No fue un encuentro de dos desconocidos: habían compartido, por poner un ejemplo, la cabina del Tango 01 en un viaje a la ciudad venezolana de Puerto Ordaz.

Para decirlo en términos futboleros –y ellos lo saben, por su fanatismo por Argentinos y Boca– fue un partido de ida y vuelta, con mucha tensión.

Betnaza buscó aclarar la situación de su empresa, accionista de Transportadora del Gasoducto Norte. (“Techint juntaba la guita”, dijo el ex gerente de Skanska, Javier Azcárate, en la grabación que está en manos de la Justicia). Y Fernández le pidió al directivo el nombre y apellido de algún funcionario del que pudiera sospechar como involucrado en un delito, bajo promesa de echarlo.

De la avidez del jefe de Gabinete por encontrar un miembro de la administración K implicado también fue testigo Graciela Ocaña. La titular del PAMI mantiene un excelente vínculo con Stornelli por investigaciones que el fiscal llevó adelante aun antes de que la funcionaria saltara del ARI al kirchnerismo. A Ocaña algo le hizo ruido, y no del bueno, cuando leyó que en el famoso decreto de eyección de Madaro y Ulloa aparecían textuales de Stornelli. La titular del PAMI no obró furtivamente. Habló a la luz de día con Stornelli y hasta lo visitó en Comodoro Py ante testigos de la oposición, como fue el caso del ex gobernador radical Carlos Maestro, quien en ese momento se encontraba con el fiscal. En ese despacho también estaba un legislador de la UCR que aportó pruebas sobre irregularidades en la construcción de un gasoducto en Chubut.

En los Tribunales aseguran que, lejos de los debates casuísticos, las razones de tanto alboroto están a la vista: el Gobierno busca lisa y llanamente “desacreditar” a Stornelli. En poder del fiscal –vale reiterarlo– no sólo está el caso Skanska sino también otros que mantienen en vilo a la administración K.

Stornelli fogonea una investigación preliminar de todas las obras públicas financiadas con fondos fiduciarios, un esquema de recaudación que cultiva y cautiva al Gobierno. Y también trabaja activamente en una causa contra Guillermo Moreno por amenazas. Concretamente, quiere saber si el secretario de Comercio presionó a una directora del Indec para obtener datos confidenciales de ese organismo. Como si fuera poco, investiga el desvío de fondos para obras sociales en el que están sospechados varios sindicalistas amigos del Gobierno, entre ellos el actual presidente de AySA, José Luis Lingeri.

Habrá que ver, ahora, si las versiones que vaticinan una embestida contra el fiscal se hacen realidad.