En una especie de balance de gestión, el saliente ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, reconoció una “gran frustración” por no haber podido resolver la desaparición de Julio López. Consideró, sin embargo, que el déficit fue “compensado con un extraordinario grado de avance en aspectos muy importantes en la investigación” del caso y confió en que finalmente se conocerá lo ocurrido con el principal testigo contra el represor Miguel Etchecolatz.

“Sigo siendo al día de hoy sumamente optimista sobre el esclarecimiento no solamente del trágico hecho de López, sino también sobre una multitud de fenómenos concurrentes”, señaló el ministro en una entrevista radial. Estos hechos concurrentes de los que habla Arslanian “tienen que ver con la existencia de personas, sujetos que trabajan organizadamente, y cuyas actividades el Estado, desde su inteligencia, tiene que observar”, agregó.

A menos de dos semanas de dejar su cargo en el gabinete de Felipe Solá y de ser reemplazado por el hasta hace unos días fiscal federal Carlos Stornelli, Arslanian procuró destacar que “los fenómenos más severos de criminalidad organizada están bastante controlados en la provincia de Buenos Aires”.

“Una de las notas salientes que tiene esta policía reformada es la operatividad extraordinaria, que no conoce precedentes en la provincia”, sostuvo; y comparó esta circunstancia con lo que consideró una baja efectividad de los jueces de garantía para resolver distintos casos. En tal sentido, consideró que en la provincia existe una “asimetría muy grande entre cómo estamos trabajando policialmente, e incluso con los fiscales, y los tropiezos que tenemos con el juez de garantía”.

De esta manera, repitió sus críticas contra la actuación del juez de La Plata César Melazo en la causa abierta por los asesinatos de tres policías en una dependencia del Ministerio de Seguridad provincial, en octubre pasado. “Este es un problema bastante serio que tenemos tanto en el caso de este juez como en algunos otros. Resulta evidente que ordenar ciertos trámites como forzar a un sospechoso a la extracción de sangre, conspira contra una buena administración de justicia”, aseguró.

Por otra parte, Arslanian hizo referencia al incremento del 57 por ciento en las denuncias por violencia familiar, según revelaron los registros de la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género del ministerio que encabeza: “Más del 60 por ciento de los homicidios dolosos no son por robo ni por asalto. Son por temas pasionales, por temas familiares, por temas domésticos –precisó–. Uno de los principales problemas que advertimos son los fenómenos de mujeres y niños golpeados. Esto trae secuelas muy graves e instala la violencia incluso como modo de resolución de conflictos.”