Una resolución del año 2003 es muy ilustrativa sobre los criterios empresariales con que se manejan los dueños del campo. Era un momento en el que la crisis aún golpeaba fuerte y el gobierno de Eduardo Duhalde había dispuesto un aumento general de 130 pesos en enero y otro de 150 en marzo. Por el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, los trabajadores rurales no estaban alcanzados por esta disposición, pero a instancias de los representantes del Estado y los gremiales, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario debatió la inclusión del campo a esa mejora. Allí, los planteos de los empresarios fueron diferentes según cada entidad:

- Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas consideraron que la asignación no remunerativa en cuestión “debería ser evaluada en cada Comisión Asesora Regional, teniendo en cuenta las economías regionales”.

- La Sociedad Rural Argentina consideró “razonable generar el tratamiento de la asignación no remunerativa en tanto y en cuanto se revean ciertos aspectos de la jornada limitada de trabajo en el ámbito de las provincias de Buenos Aires y La Pampa”. El planteo era simple: dar el aumento a condición de derogar las ocho horas y volver a la jornada ilimitada en el trabajo rural.

- La Federación Agraria Argentina apoyó las subas, en conjunto con la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y el Ministerio de Trabajo.

Los aumentos fueron otorgados.