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La inédita inundación del centro urbano de San Antonio de Areco brinda un oportuno, aunque dramático para sus habitantes, ejemplo de lo que hace el mercado librado al manejo de las fuerzas del poder económico. También es una contundente enseñanza de que no es suficiente el discurso sobre la necesidad de la presencia del Estado en la economía. Se requiere decisión política y legitimidad social para intervenir con eficacia para evitar que, pese a normativas y mecanismos de control oficiales, los grupos que ostentan considerable riqueza patrimonial tengan capacidad de subordinar a las autoridades para la defensa de sus intereses materiales.

La construcción de canales clandestinos es habitual en la actividad agropecuaria. Algunos son de riego y otros para protegerse de crecidas. Esa tarea debe ser supervisada y planificada por autoridades competentes para ordenarla y preservar el bien común. La canalización es una alternativa para favorecer el deslizamiento del agua en el corazón de la pampa bonaerense, una llanura de escasa pendiente natural. Pero cuando se realiza en forma ilegal provoca daños a productores vecinos o genera desastres, como el que está viviendo San Antonio de Areco. Los dirigentes de la Mesa de Enlace ofenden la inteligencia de sus interlocutores cuando pretenden ocultar la responsabilidad de esos canales en la inundación. Es obvio que las fuertes lluvias encendieron la mecha, pero la explosión tuvo semejante efecto expansivo con su consiguiente impacto destructivo por los varios canales clandestinos aliviadores, que aceleraron el caudal de recepción en el curso natural del río, que terminó desbordado, penetrando las aguas en el casco urbano.

El recorrido aéreo de la zona reveló a las autoridades municipales, provinciales y nacionales que los campos más grandes, o sea de los propietarios más poderosos del municipio, estaban escurridos debido a la existencia de canales no autorizados, en pendiente en forma lineal, que imprime mayor velocidad al drenaje de las aguas. No se requiere de mucha sagacidad para deducir los motivos de ese fenómeno topográfico, así como también a quiénes les corresponde una importante cuota de responsabilidad por hundir así en el agua a gran parte del centro urbano de San Antonio de Areco.

En ese municipio agrícola-ganadero, como en casi todos con estrechos vínculos con esa actividad económica, los grandes productores de la zona son venerados y temidos por el pueblo. Son los que “brindan” trabajo y “mueven” el circuito comercial e inmobiliario de la zona, a la vez que “otorgan” apoyo político a su intendente. Por las características de esas sociedades, un rasgo distintivo de esas localidades agrícolas es la prepotencia e impunidad del poder económico local. Si a esa configuración regresiva de las relaciones económicas se sumó en los últimos dos años la presión extorsiva de las cámaras patronales de la Mesa de Enlace a las fuerzas políticas, más complicada se presenta la posibilidad de controles y sanciones del Estado por la construcción de canales clandestinos. De ese modo, el drama de San Antonio de Areco expone al mercado en su expresión más genuina de destrucción con un Estado subordinado a las corporaciones. Esta es la forma de organización política y económica por la que está batallando desde marzo de 2008 la alianza de la trama multinacional sojera con las fuerzas políticas subordinadas a los intereses de los poderosos. En San Antonio de Areco ya hubo una muestra de su resultado y de lo que se puede esperar con la consolidación de su hegemonía: la inundación.

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