Para recuperar un posicionamiento político, Bergoglio no tuvo más remedio que solicitar audiencia con un gobierno que, aun debilitado, es la única fuerza con un proyecto claro y una voluntad nítida a pesar de los contratiempos. Un sacerdote del movimiento en opción por los pobres celebra la insistencia eclesiástica en la “deuda social” pero entiende que llevar el documento a los poderes de la República es posicionarse como uno de ellos. De hecho, el Código Civil reconoce a la Iglesia Católica Apostólica Romana como persona jurídica pública no estatal, un sinsentido que justificó que en la nueva ley de servicios audiovisuales no se le asignen licencias en las mismas condiciones que al resto, sino autorizaciones, de manera directa y a sola demanda. Esa concesión a la ICAR fue incluida por el Poder Ejecutivo después de que la ley pasara por los foros regionales y ha influido en el nuevo tono de las posiciones episcopales. Si bien Bergoglio no planteó en forma directa las cuestiones de interés eclesiástico, como las reformas en marcha a la ley de matrimonio y la posible legalización del aborto, el breve documento contiene referencias implícitas. Como los pobres sufren más que nadie “es el momento de privilegiar la sanción de leyes que respondan a las necesidades reales de nuestro pueblo, y no de detenerse en opciones fijadas por intereses que no tienen en cuenta la naturaleza de la persona humana, de la familia y de la sociedad”, dice el texto. Es decir, ni matrimonio universal ni aborto. De este modo, la urgencia por enfrentar la pobreza pasa a ser un pretexto para postergar o suprimir reformas a la legislación civil que surgen de necesidades sociales concretas, contra la discriminación y el maltrato que padecen las mujeres y quienes no se ajustan al canon tradicional sobre la sexualidad. Esta concepción, que el sacerdote consultado califica como propia de la antropología helénica (en oposición a una antropología más semita, bíblica) implica una solapada desconsideración por la República y la democracia, ya que supone la existencia de una naturaleza de las personas, de la familia y de la sociedad basada en la religión, superior a cualquier ley que puedan dictar los seres humanos. Los obispos católicos se arrogan la única interpretación válida de una ley moral inscripta en cada persona por el Dios que ellos representan. La obligación de los gobernantes sería conformar su acción a ese orden natural y ninguna ley que lo contradijera sería válida. Este principio es subversivo del orden constitucional secular y pluralista que se ha dado la Argentina. Si las fotos muestran a los obispos como uno de los poderes en paridad con la presidente, la Corte Suprema de Justicia y los presidentes de ambas cámaras del Congreso, el texto entregado los coloca por encima, como intérpretes exclusivos de una verdad inmutable a la que los demás deben allanarse y que se llama nada menos que la voluntad de Dios. Por eso los obispos se refieren a sí mismos como El Magisterio. Desde 1981, con su documento Iglesia y Comunidad Nacional, la ICAR se resignó a la democracia como algo inevitable, dado el fracaso de la dictadura a la que había sostenido y cuyo derrumbe estrepitoso previó antes que nadie. Pero durante los años previos esa doctrina del orden natural junto con la concepción del nacional-catolicismo fue el fundamento doctrinario de la represión, que se extendió hacia todos y cada uno de los estamentos sociales, con prescindencia de sus opciones políticas.