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Por impulso del Ministerio de Seguridad, los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal renunciaron a la defensa de los policías imputados en el asesinato de Mariano Ferreyra. Es decir que ya no tendrán la defensa corporativa y gratuita de la fuerza. El mes pasado, en la Cámara del Crimen, una de las abogadas de los heridos del Partido Obrero (PO), María del Carmen Verdú, cuestionó que los uniformados gocen “de una defensa orgánica puesta por el ministerio”. Esa situación, en rigor, venía juntando detractores dentro de la propia cartera, y también tenía objeciones de la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Aquella audiencia en el tribunal, además, inauguró una etapa de parálisis en la causa, por un planteo de incompetencia del comisario Hugo Lompizano, que si bien fue hecho por un abogado nuevo, particular, se presume que fue ideado por los letrados de la Federal.

“Es un privilegio injustificado que los policías tengan defensa corporativa cuando están acusados de cometer delitos graves, cuando además pueden optar por la defensa pública”, señaló Marcela Perelman, coordinadora del área de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS. Cerca del Ministerio de Seguridad dicen que el mismo criterio se aplicó con los policías imputados por brutal desalojo del Parque Indoamericano. Antes, cualquier policía recibía defensa de la institución, ahora se analiza caso por caso. La abogada Verdú reclama que “se aplique la medida a policías acusados en casos de gatillo fácil o tortura”.

La investigación sobre el papel de la policía en el asesinato de Ferreyra quedó escindida de la causa principal por decisión de la jueza Wilma López, aunque nunca se la desligó del homicidio. Las comunicaciones de los policías durante la mañana y el mediodía del 20 de octubre dejaron en evidencia que no eran ajenos a lo que sucedía o lo podía pasar en presencia de una patota armada, pero la decisión habría sido “dejar hacer”. La instrucción desde la Dirección de Operaciones fue “repliegue”. Las modulaciones registran también la orden de identificar a los agresores y socorrer a los heridos, que fue ignorada. Tampoco se rastrearon las armas. El fiscal Fernando Fiszer sostuvo que los policías propiciaron con su pasividad el ataque de la patota a los tercerizados y “facilitaron los medios para alcanzar la impunidad de los hechos”. Permitieron que los agresores huyeran y ocultaran las armas, además omitieron notificar a la Justicia, no preservaron las pruebas, usaron teléfonos que impiden registrar el contenido de sus conversaciones (llamados POC) e interrumpieron su propia filmación de los sucesos. La jueza procesó por “abandono de persona” al comisario Luis Osvaldo Mansilla, jefe de Control de Líneas de la Policía Federal; al comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca; al subcomisario Rolando César Garay, de la comisaría 30, y a quienes monitoreaban desde la “sala de situación” , que eran Lompizano –luego jefe de comisarías hasta que lo echaron–; el principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, quien operaba la radio, y el subcomisario Luis Alberto Echavarría.

Las querellas pidieron imputarles el homicidio. “Nunca se hubiera podido llevar a cabo el ataque si no hubiese estado allí la policía, participando del plan criminal”, señaló Verdú. Perelman coincidió: “Así como no se entiende la responsabilidad de la patota sin (José) Pedraza, no se entiende este tipo de violencia sostenida a lo largo del tiempo (horas) que tuvo la agresión sin la complicidad policial”, dijo.

Como sea, el día que hubo una audiencia en la Cámara para discutir la apelación de los policías, otra discusión ganó terreno: Lompizano planteó que el delito de “abandono de persona” fue transferido a la Justicia porteña y que López era incompetente. Recién habrá nueva audiencia por este punto el 3 de noviembre. Allí estarán los nuevos abogados, entre ellos Valeria Corbacho –quien fue defensora del espía Ciro James y de los policías acusados por los crímenes dictatoriales en el circuito Atlético, Banco, Olimpo–, el ex defensor oficial Hilario Lagos y el ex fiscal Jorge Alvarez Berlanda. La pelea de competencia viene para largo y puede llegar a la Corte.