El delegado de los trabajadores de Kraft Foods y militante del PTS Javier Poke Hermosilla difundió una Carta Abierta y luego me pidió su publicación aquí, invocando el “derecho a réplica”. Sus conceptos principales se publican porque son pertinentes para la discusión sobre temas de gran interés público, no en ejercicio de un derecho inexistente, porque no escribí nada inexacto ni agraviante, que son los únicos casos en que el Pacto de San José contempla el derecho a rectificación o respuesta. Hermosilla cita la nota en la que escribí que la defensa del jefe de la Gendarmería “es menos sólida de lo que parece. Por más que la firme un juez, la orden de hacer Inteligencia sobre trabajadores en huelga o movilización es ilegal”. Agrega que en esa misma columna expliqué que el personal de seguridad en manifestaciones públicas debe lucir una identificación clara y respetar la Ley de Inteligencia Nacional. También recuerda mi afirmación de que el jefe de Gendarmería Héctor Schenone es uno de los hombres de la DEA en la Argentina. Llama “lamentable” mi frase de que la persecución “es un estigma político, no legal” y dice que pretendo negar el espionaje de la Gendarmería que había aceptado como evidente la semana anterior. Me explica que las once causas penales y el embargo por 290 mil pesos que padece son reales y no sólo un estigma político. No hay nada en mis notas que justifique el rechazo de Poke. Ratifico lo que escribí un domingo y también el siguiente, y no veo contradicción entre ambas notas. Al hablar de criminalización de la protesta social estoy criticando esa actitud, que considero un estigma político, pese a que el Código Penal tipifique como delito el corte de rutas, y señalo a los cuatro jueces que ordenan tareas de inteligencia que considero prohibidas por la ley. Supongo que de buena fe, el delegado ha hecho una lectura equivocada de mi artículo. Luego dice que lo ridiculicé “al insistir jocosamente” en que “estaría ‘alienado’ a tal o cual organización política”. Esa sería una forma de “banalizar mi trayectoria y mi buen nombre y honor”. Aquí ya no estoy tan seguro de su buena fe. No me burlé de él, sino de la Inteligencia de la Gendarmería, que lo menciona como “alienado al partido Obrero”, en vez de “alineado con el PTS” y nada dije de su trayectoria ni honor. Así llamé la atención sobre la baja calidad de la tarea impugnada. Y concluí que, pese al resultado negativo de la auditoría sobre el Proyecto X ordenado por la ministra de Seguridad Nilda Garré, es ostensible que la Gendarmería tiene “otra base de datos sobre dirigentes políticos y sindicales”, como se advierte en la repetición de esa frase errónea sobre la alienación de Hermosilla en escritos firmados por distintos gendarmes. Garré explicó que las tareas de Inteligencia de Gendarmería en caso de cortes de rutas las realizó la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud), con sede en Campo de Mayo, por orden y con control judicial. ¿Qué más da que eso ocurra dentro del Proyecto X o en la Uesprojud? En cualquier caso, es ilegal. También dice que me separa una gran distancia moral con Rodolfo Walsh y su “compromiso con la verdad para dar testimonio en los momentos difíciles (Carta Abierta a la Junta Militar)”, porque de otro modo yo revisaría mi “alineamiento incondicional” con el gobierno “responsable de 17 muertes por protestas sociales ‘en democracia’, incluida la de Mariano Ferreyra –a manos del sindicalismo patotero, muchas veces elogiado por CFK–, o los miembros de la comunidad Qom en Formosa, que trató de meter preso al delegado ferroviario Rubén Sobrero (en otra vergonzosa causa armada) para castigar a los trabajadores que denunciaban la complicidad objetiva del gobierno y la empresa de Cirigliano en el Ferrocarril Sarmiento”. Adivinar qué pensaría o haría Rodolfo ante episodios ocurridos 35 años después de su muerte es un mero entretenimiento intelectual. En cambio, es un hecho verificable que aporté algunos de los materiales que él utilizó en su Carta Abierta, que contribuí a imprimir y distribuir en forma clandestina. También que en los tres casos que Hermosilla menciona fijé clara posición: el CELS, que presido, representa a la familia de Mariano Ferreyra y a la comunidad La Primavera, de la etnia Qom de Formosa, en las respectivas causas judiciales y participé en sendas conferencias de prensa con el hermano del chico asesinado, Pablo Ferreyra, y con el cacique de la comunidad, Félix Díaz. El miércoles 7 el CELS expondrá en la audiencia especial convocada por la Corte Suprema sobre los derechos de la Comunidad. También fuimos la primera organización en condenar la detención de Sobrero, “realizada mediante un procedimiento irregular y en el contexto de una investigación plagada de dudas”. También objetamos los testimonios de “empleados de la empresa TBA que, con muchísimos cuestionamientos sobre las condiciones de prestación del servicio, está a cargo de la ex línea Sarmiento”. Concluimos que la detención de Sobrero “obliga a reflexionar sobre la desprotección que padecen quienes protagonizan las luchas para democratizar la representación sindical. Resulta preocupante la persecución penal de un militante de larga trayectoria comprometido con la defensa de los trabajadores. Sobrero denunció de manera sistemática las lógicas mafiosas de la cúpula de la Unión Ferroviaria, encabezada por José Pedraza, hoy detenido por el asesinato de Mariano Ferreyra”. Todo bien con la ideología y el activismo, muchachos, pero háganse tiempo para tomar un curso de lectura veloz que va a mejorar la calidad de sus intervenciones.