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El anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial sigue a estudio del Ejecutivo, que se había autoimpuesto un plazo de un mes al efecto. El término no es perentorio, sino indicativo. El afán de la Casa Rosada es desbrozar el mamotreto y elevarlo pronto al Congreso.

La magnitud de la movida y la relativa representatividad de la Comisión redactora (juristas con prestigio, aunque integrantes de un microclima cultural, minoritario por definición) seguramente fuerzan a un tratamiento amplio en Diputados, que será la Cámara de origen. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner comentó, y es elogiable, que no quiere una aprobación a “libro cerrado”. Tampoco sería deseable un trámite acelerado que no diera tiempo y espacio a cuestionamientos o críticas de variados actores u organizaciones de la sociedad civil. Tal vez sería eficaz (acaso imperiosa) la realización de audiencias públicas como las que realzaron la urdimbre previa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Habrá que ir viendo, será agenda del Congreso para los meses venideros, tal vez el proyecto ingrese antes de que sea invierno.

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Ese es mi amigo el Yauhar: El ministro de Agricultura y Ganadería, Norberto Yauhar, le viene metiendo pata a un proyecto vinculado con otro reclamo presidencial. Es la implementación de un seguro obligatorio para “el campo”, destinado a precaver los riesgos climáticos. La elevación al Congreso navega entre lo cercano y lo inminente.

El proyecto de ley con el nuevo régimen de accidentes de trabajo avanza, a su vez, en los respectivos ministerios y Superintendencia. Manifestación palpable de la explotación capitalista y de la escasa responsabilidad social empresaria, los riesgos del trabajo siegan vidas o dejan su marca en los cuerpos de los trabajadores. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, engendro del menem-cavallismo pensaron el problema en clave financiera y no de tutela de derechos superiores. Cuando se aborda esta densa temática, suele enderezarse la crítica contra “la industria del juicio” pero la proliferación de pleitos (cuando la hay) no es el nudo de la cuestión. El principal problema es la falta de garantías esenciales contra la explotación y de reparaciones justas cuando el daño se produce. La respectiva ley, aseguran en Trabajo y la Rosada, será aprobada en 2012.

La reforma del Código Penal quedará, con suerte, para el período parlamentario 2013. El aggiornamento de normas esenciales para la vida y derechos de ciudadanos comunes es otro aporte interesante del oficialismo, uno de los tantos que están de moda subestimar.