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Un capítulo menos conocido de estas escaramuzas se abrió con el proyecto de creación de sendas Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso Administrativo Federal. Su propósito implícito era liberar al gobierno de la sistemática oposición del primero de esos fueros, colonizado por las grandes empresas, y del chantaje de diversos magistrados y operadores judiciales del segundo, en causas económicas, tarifarias y de regulación. El centro de gravedad se desplazaría de los juzgados y las cámaras al nuevo tribunal de cada fuero. Con el pretexto de ayudar al gobierno, esos operadores insertos en la autonomizada Secretaría de Inteligencia, han construido una base de poder propia, más duradera que cualquier administración. Sus figuras más notorias, pero no excluyentes, son el ex secretario de Rodolfo Barra y Adolfo Vásquez en la Corte Suprema, Javier Fernández, actual miembro de la Auditoría General de la Nación, y sus hermanos Sergio, camarista, y Claudio, ex secretario que debió renunciar cuando fue procesado por pasar datos de un expediente a un amigo que con ellos intentó extorsionar a una empresa energética extranjera para obtener un fallo favorable. Uno de los jueces que padecieron a esta logia de servicios y negocios anticipó que no estaría disponible cuando el gobierno la precisara, porque su exclusivo propósito era el beneficio de sus propios miembros, en un fuero en el que las causas menores implican decenas de millones de pesos. El gobierno nacional tuvo un atisbo de ello en 2009, cuando el juez de ese fuero Esteban Carlos Furnari, recién designado a instancias de esta asociación, aceptó un amparo del Grupo Clarín a favor de la fusión de Multicanal y Cablevisión (como fiscal general del fuero civil y comercial, Gils Carbó se había opuesto a esa fusión y denunciado un fraude millonario en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial con los acreedores de Cablevisión); y en 2010, con una decisión de Cámara contraria al uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública. Pero una vez que el Poder Ejecutivo resolvió crear las nuevas Cámaras de Casación, estos precedentes parecieron simples jabs para abrir el camino a más contundentes uppercuts y directos. El proyecto de nuevas Cámaras de Casación fue firmado en abril. En mayo, cuatro salas del fuero anularon las multas impuestas a consultoras que realizaban mediciones dudosas de inflación; en junio, la sala IV dispuso que el Estado debía incluir al Grupo Clarín en la pauta publicitaria oficial; en julio, la Cámara ordenó a la Inspección General de Justicia que entregara sin condiciones la información requerida sobre las sociedades registradas en su sede. Con esta enumeración sólo se intenta ejemplificar la escasa confiabilidad para el gobierno del sistema montado por este grupo de operadores, sin discutir la razonabilidad de cada decisión. A ello debería sumarse el vibrante alegato del fiscal Alberto Nisman, quien se presentó en forma espontánea en una causa de la que no era parte, para descalificar en términos más propios de un discurso político que de un instrumento judicial el memorando de entendimiento con Irán, encaminado a que la Justicia argentina pueda indagar a los imputados por el bombardeo a la mutual judía porteña. Nisman también integra una unidad fiscal ad hoc. Fue designado en 2004 por el Procurador General sustituto Eduardo Casal (el segundo de Esteban Righi, quien se excusó porque había adelantado opinión sobre la AMIA) para asistir al fiscal de la causa, ni más ni menos que Guillermo Marijuán, el impugnador de los fiscales ad hoc. El dictamen de Nisman motivó tres reacciones

- para el gobierno iraní es una eximición de culpa por la falta de avances en la investigación;

- para la Asociación Memoria Activa, formada por víctimas del atentado, Nisman “nos engañó, nos mintió, nos intenta embarullar con centenares de fojas que cuentan historias que ojalá algún día pueda probar. Tenía la posibilidad de demostrar que todos estos años invertidos por usted podían sostenerse en una indagatoria, pero sus acciones demuestran lo contrario”;

- para el juez de la causa que debe decidir sobre la constitucionalidad del memo, Rodolfo Canicoba Corral, todo es confusión, ya que la cancillería firma el memorando pero un fiscal de la SI lo torpedea. Primero pónganse de acuerdo entre ustedes, mandó a decir.