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Guillermo Díaz Martínez representa, junto con Bernardo Lobo Bugeau, a las secretarías de Derechos Humanos de La Rioja y de la Nación en la querella que los organismos sostienen en el juicio por la muerte del obispo Enrique Angelelli, sucedida en el marco de un dudoso accidente de tránsito hace 37 años en La Rioja. Para ellos, nada de accidente: fue un atentado por el que acusaron de homicidio agravado a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella. En su alegato, el primero y hasta ahora el único que se oyó, solicitaron para los represores prisión perpetua a cumplir en cárcel común y efectiva. “Angelelli se merece verdad, se merece justicia, y la condena a los responsables de su muerte es lo mínimo que le puede dar el Estado argentino no sólo por lo que significó su figura para La Rioja sino para toda América latina”, consideró en diálogo con este diario. “Siempre es preferible una Justicia lerda a una impunidad eterna”, concluyó. Para Díaz Martínez, el juicio que entró en su etapa definitoria, tras más de medio año de debate oral y cerca de cien testimonios, fue “contundente y no dejó márgenes para dudar acerca de que la muerte de Angelelli fue un homicidio fríamente premeditado”. Los alegatos continuarán el próximo viernes, la sentencia llegará el 4 de julio.

–¿En qué basaron su alegato?

–Existen dos grandes tipos de pruebas relevantes para la causa. Unas tienen que ver con el hecho del 4 de agosto, con el atentado automovilístico en el que falleció Angelelli. Otras, con el contexto sociopolítico en el que fue cometido ese atentado. En el primer grupo, el testimonio del ex padre Arturo Pinto fue fundamental. El, que fue testigo presencial de los hechos, relató la mecánica del atentado, que iba con monseñor Angelelli en la camioneta desde Chamical, que a las 15 de ese 4 de agosto se les pone atrás el famoso Peugeot blanco que, de repente y de forma intempestiva y brusca, le cierra el paso y hace que la camioneta salga de la ruta y vuelque, que luego Angelelli es sacado de la camioneta y para asegurar su muerte le hacen dar la cabeza contra el asfalto, lo que se acreditó luego desde el punto de vista pericial científico. Pinto dijo que no tiene dudas de que el atentado, la muerte de Angelelli, fue la última orden de Menéndez, por las amenazas que sabía que sufría el monseñor. Contó también la charla que Angelelli les dio a él, a otros sacerdotes y a unas monjas la noche anterior, en la que dibujó un espiral y se ubicó en el centro diciéndoles que era a él a quien buscaban, que lo querían matar. Pinto remarcó que previo a dejar Chamical ya se sentían amenazados. También contamos con el testimonio de Peregrino Fernández, un ex policía federal que testimonió desde España que vio en el escritorio de Albano Harguindeguy, quien era ministro de Interior de la dictadura, un informe sobre el asesinato de los curitas de Chamical (Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, asesinados en julio de 1976) que Angelelli había realizado y que llevaba el día del atentado en el auto. También contamos con testimonios de policías que participaron del sumario de instrucción del mal llamado accidente, donde figura cuántos militares había en la zona.

–¿Y respecto de los elementos que acreditan el contexto?

–Desde ese punto de vista, hay pruebas innumerables, desde testigos hasta documentación, que describen cómo la diócesis de monseñor Angelelli fue objeto y blanco de las persecuciones de la dictadura cívico-militar. Se acreditó la participación de Menéndez y Estrella en trabajos de Inteligencia que se hicieron sobre los sacerdotes y laicos vinculados con la diócesis de Angelelli; contamos con los testimonios de personas que, entonces privadas de su libertad, eran interrogadas por ese tema. Se sumaron innumerables pruebas de las amenazas que recibió Angelelli, incluso la entrevista que mantuvo él con Menéndez, probada en una carta que el padre le escribió a monseñor Vicente Zaspe (N. d. R.: localizada por las autoridades eclesiásticas hace muy poco tiempo y sumada a este juicio como prueba inédita), esa carta en la que Angelelli da cuenta de esa entrevista tantas veces negada por Menéndez, pero mencionada por un montón de testigos. Esa carta es prueba irrefutable, también, del terror de Angelelli tras las respuestas que Menéndez le dio entonces: que quería ser un “cruzado de la fe”, le dijo entonces, justificando la represión, contra el tercermundismo. El mismo día de nuestro alegato se incorporaron todas las cartas que Angelelli escribió al Vaticano y a la Nunciatura denunciando la represión, la persecución, las muertes.

–¿Quién aportó esos documentos? ¿Eran nuevos?

–Los entregó el papa Francisco y resultan una prueba importantísima. Como Secretaría solicitamos información al Vaticano antes de empezar el juicio. No pedimos especificidades, sino el aporte de toda la documentación que allí figurara de él, aunque nosotros ya sabíamos, por diferentes líneas, que algo había. El obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, agilizó todo para que se logre la entrega de ese material que finalmente llegó el mismo día en que terminaban las audiencias testimoniales. Se trata de las cartas que había mandado Angelelli a Pío Laghi, a cargo de la Nunciatura entonces, y al Vaticano, denunciando todo lo que estaba sucediendo en la provincia, incluida la muerte de los curas de Chamical. Pío Laghi sostuvo en entrevistas posteriores que nunca supo nada de lo que había ocurrido en Argentina. Estas cartas demuestran que supo y no hizo nada.

–Esas cartas podrían sumar más evidencia a la complicidad de la Iglesia Católica en los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad en la última dictadura. ¿El juicio sirvió también para sumar datos sobre la complicidad civil?

–Nosotros solicitamos como punto final de nuestros alegatos lo que llamamos las consecuencias de este juicio, en donde solicitamos que se investigue a los sectores civiles de La Rioja, aquellos conocidos como “los cruzados de la fe” y otros más que no sólo antes del golpe difamaron a Angelelli y a toda su pastoral ubicándolos como blanco a eliminar, sino que continuaron haciéndolo durante la dictadura a la que fueron funcionales. Fueron quienes, en lugar de denunciar la represión, delataban a compañeros. La tarea de ellos fue fundamental para visibilizar al monseñor como un enemigo de la dictadura. También solicitamos que se investigara a quien por esa época fue el director del diario El Sol, un periodista, José Furey, que actualmente es asesor de Carlos Menem en el Senado y lo fue de su hermano Eduardo.