Cuando un periodista le mencionó la causa armada por lesiones al gendarme volador Juan Alberto López Torales, la ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez respondió: “Tenemos un programa de uso de la violencia”. También dijo que las imágenes del episodio en las que el despedido coronel Roberto Angel Galeano ordena bajar al conductor a palazos le parecían intolerables y que “no hemos cambiado el modelo de seguridad democrática, en protestas sociales legítimas”. Hasta que la presidente CFK intervino, el ministerio había defendido como ajustada a la ley la actuación de los jefes del operativo y denunciado que se intentaba presentar como “víctimas inocentes” a “las personas imputadas de violar el artículo 194 del Código Penal, interrumpiendo las rutas”.

Las que no son inocentes son las palabras: programa de uso de la violencia, protestas legítimas y víctimas inocentes son lapsus notables, que transmiten un mensaje coherente con los actos: interrumpir una ruta nunca es una protesta legítima y quien lo intente debe atenerse a las violentas consecuencias de sus actos, que además de los palos pueden incluir una causa fraguada en la que se lo trate como un delincuente. Mañana López Torales insistirá ante el fiscal Diego Molina Pico que saltó por reflejo para no ser atropellado cuando vio arrancar al auto. Sin embargo, las imágenes muestran que el gendarme se acercó a un coche ya en movimiento, a una velocidad que el peritaje estableció en 3 km/hora, es decir a paso de hombre, y que ni siquiera estaba en su misma línea. Si no hubiese saltado con tanto ímpetu para caer sobre el parabrisas, el vehículo hubiera seguido de largo sin rozarlo. López Torales aduce que los hombres con pecheras amarillas y sin armas que lo acompañaban eran personal de seguridad vial y que se proponían labrar actas de infracción. La versión oficial también pretende que el imponente gendarme no astilló el vidrio con el codo sino que el impacto fue con su columna lumbosacra. El jefe del Destacamento Móvil Nº 1, a cargo de 1200 de los 5000 gendarmes acantonados en Campo de Mayo, dice que en los dos años que lleva cuidando la circulación en la ruta, fue lesionado siete veces, más que en los 33 años previos de su carrera. Esto incluye un golpe en la nuca con una tabla y una herida en un muslo con un bulón apuntado a sus genitales con una honda. Es menos preciso si alguien le pregunta por las personas heridas por postas de goma en el cuello y el rostro durante otro de los choques con manifestantes en la ruta. El 10º de los criterios cuya vigencia acaba de ratificar el gobierno dice que el uso de postas de goma está permitido únicamente con fines defensivos en caso de peligro para algún miembro de las instituciones de seguridad u otras personas y nunca como medio para dispersar una manifestación. Sánchez Torales es capaz de recitar una directiva según la cual esas municiones sólo deben dirigirse de la cintura hacia abajo. Pero no atina a explicar por qué no se labró un sumario ni se sancionó a quienes apuntaron a la cabeza. Sólo dice que le recordó las normas y les brindó un reentrenamiento, luego de una arenga furibunda de Berni. Las versiones de cada parte son excluyentes: según la abogada del PTS Myriam Bregman, desde hace dos meses ninguna autoridad intenta negociar, como era práctica habitual, para saber cuánto tiempo duraría el corte, por dónde sería la desconcentración. El Secretario de Seguridad y el jefe del Destacamento Móvil sostienen que son los manifestantes los que rehúsan la negociación. ¿Por qué habrían cambiado? Por la exasperación que les produce el despido de la comisión interna y la falta de respaldo de los obreros, cree Berni.

Además de Galeano, pagó las consecuencias el jefe de la Unidad Especial de Investigaciones Judiciales de la Gendarmería en Campo de Mayo, comandante Sandro Javier Garnica, sancionado porque el parte no menciona una infracción de tránsito sino lesiones al funcionario al acelerar el auto. Berni asegura que recién se enteró de esa falsedad ideológica en documento público el sábado 6, con más de un mes de retraso. Lo único indudable es que las imágenes se volvieron intolerables y todos se avergonzaron cuando ya no fue posible ocultar los hechos. Por eso, una comunicación del comandante general de la Gendarmeria, Enrique Zach, remitida por el Ministerio de Seguridad al juzgado federal de San Isidro, informa que de ahora en adelante “los medios de comunicación deberán ubicarse en las zonas asignadas, a una distancia prudencial de los eventos”. La vergüenza que sienten es por haberse dejado filmar y tratarán de que no se repita. Es más fácil esto que la reflexión sobre las carencias institucionales y las confusiones conceptuales que explican lo sucedido. En un círculo muy reducido, Berni afirma que la Gendarmería queda expuesta a estas contingencias porque los militantes propios no están presentes para encarar el conflicto en los términos en que lo planteaba Kirchner, y atribuye esa ausencia a la prioridad que asignan al posicionamiento personal. También sugiere que nadie está haciendo ahora el trabajo que él realizaba desde Presidencia y Desarrollo Social, y eso apunta en la misma dirección. ¿Cómo encaja en esa descripción el fuerte acto que La Cámpora realizó ayer en Argentinos Juniors? Queda más claro en la reveladora reivindicación de Galeano, aun después de su remoción, que la ministra Rodríguez hizo en el reportaje mencionado: “Ser veterano de Malvinas no es una cosa menor”, dijo. Claro que no, pero entre la guerra a los ingleses en Mount Longdon y el despeje de manifestantes en la Panamericana media mucho más que 1800 kilómetros.