No sólo en la provincia de Buenos Aires se discuten las bondades de una reforma procesal penal y el rol de la defensa pública. Un artículo mucho más extenso que estas dos páginas/12 fue dedicado al caso el domingo por el diario The New York Times, que describe un día en el tribunal penal central de Irak, establecido hace tres años por el Virrey interino L. Paul Bremer III. Según el juez principal designado por el gobierno de W.Bush, el tribunal federal creado para los casos más graves sería un modelo para los juzgados de todo el país, con una biblioteca, una sala de conferencias y computadoras para archivar los registros y permitir que los estudiantes aprendieran cómo funciona la justicia. Nada de eso ocurrió.

Dos camiones militares estadounidenses custodiados por siete vehículos Humvees se detuvieron frente a la sede del tribunal. Los soldados saltaron apuntando en abanico con sus fusiles mientras los acusados eran bajados de los camiones, con ropas amarillas de presidiario, capuchas negras y manos y pies engrillados. Cada juicio duró 15 minutos. Antes del almuerzo se habían leído cinco condenas y una absolución. El primero fue un empleado del ministerio de industria a quien los soldados estadounidenses acusaron de poseer explosivos. La prueba no fue cuestionada, dice el NYT, porque el acusado no tenía defensor. Los jueces le nombraron uno pero no permitieron que hablara con él. El acusado negó que los explosivos le pertenecieran o hubieran estado en su casa y pidió examinar las fotos. Los jueces no accedieron. El defensor se limitó a decir que era inocente. Lo condenaron a 30 años de cárcel.

Con el mismo método el tribunal condenó a la horca a 14 detenidos, lo que preocupa incluso a uno de los fiscales estadounidenses. “Son necesarias garantías para que no vayan al cadalso personas inocentes”, reclama Mark Waller, un mayor retirado de la Fuerza Aérea y fiscal en el Estado de Colorado. Sin embargo los soldados estadounidenses se quejan de que deben detener varias veces a cada persona porque los jueces les permiten entrar por una puerta y salir por la otra para volver a atacarlos.

La mayoría de los defensores de oficio reciben amenazas para no contradecir los cargos. Un abogado estadounidense dijo que había participado en un centenar de juicios y que nunca vio a un defensor presentar pruebas o testigos. “Lo principal que necesitamos hacer en Irak es establecer el estado de derecho. Es la piedra fundamental de una civilización, sin la cual lo que tenemos es anarquía. Y estamos fracasando”, dice el fiscal Waller. Una reciente evaluación del Pentágono afirma que no se ha creado un aparato judicial capaz de reducir los abusos de los fuerzas de seguridad y que la justicia iraquí está sobrecargada de trabajo. El objetivo de los funcionarios estadounidenses es que el sistema judicial condene a quienes constituyen una amenaza para sus tropas y libere a quienes no lo son. “Y esa es una línea muy delgada” dice el general John Gardner. Es decir, si son morochos iraquíes la diferencia entre culpables e inocentes es casi imperceptible a la vista militar pese a sus sofisticados dispositivos ópticos.

“Al mismo tiempo hay detenidos que pasan hasta dos años sin ser acusados de nada”, dice el diario. Sólo una mínima proporción son llevados a juicio: 3.000 sobre 61.500 personas detenidas desde la ocupación. Para Qasim Hassan al-Aboudi, del Consejo de la Magistratura iraquí, los norteamericanos llevan a juicio casos sin pruebas suficientes. “Vemos delincuentes que quedan en libertad, pero no es culpa del sistema judicial, sino de los errores en la recolección de pruebas”.

El defensor privado de dos detenidos por el presunto ataque a un hospital presentó una carta del director certificando que nunca se había producido. El juez la agregó al expediente y leyó la sentencia: 30 años de prisión. El fallo ni mencionó la carta. El juez interrogó a un camionero acusado de poseer armas en su casa:

–¿Usted es terrorista, integra alguna organización?

–No señor

–¿Y por qué lo trajeron aquí?

El defensor, designado al empezar el juicio, sólo pidió clemencia. Lo condenaron a 30 años.

Los defensores firman el acta de la audiencia sin leerla. Con pedido de reserva de su identidad por miedo a ser asesinado, un defensor dijo que le hubiera gustado hablar con su cliente “para saber cómo defenderlo” pero que los norteamericanos no se lo permitieron. Según el presidente de la Asociación de Abogados de Irak, Diya al-Saadie, “no podemos imaginar un sistema judicial justo sin un abogado defensor que pueda cumplir con su deber”. La ex coordinadora del programa de la cancillería estadounidense “Estado de Derecho en Irak”, Karen Hanrahan, diseñó un plan para crear un sistema de Defensa Pública. Pero nunca consiguió los recursos para financiarlo, porque la planificación judicial es dominada por los fiscales. El fiscal de Iowa Charles W. Larson, quien fue asesor en Irak hasta el año pasado, dijo que su equipo tenía en cuenta a los defensores, pero que “éste es un sistema que gira sobre los jueces”. Es previsible que el hiperactivo embajador Earl Anthony Wayne no objetará la reforma bonaerense.