El ex ministro de Economía y aspirante presidencial Roberto Lavagna sostuvo que el secuestro de Luis Gerez y los pedidos de extradición contra la ex presidente Isabel Perón en las causas por la Triple A son maniobras distractivas del gobierno nacional. En el segundo caso, agregó que se trataría de “una revancha ideológica de quienes fueron echados por Perón de la Plaza” en 1974, entre quienes cuenta al juez libertador mendocino Héctor Acosta y a su colega espartaquista porteño Norberto Oyarbide. Según Lavagna se trataría de “una cobertura” para tapar otros problemas, entre los que mencionó dos: la suba de precios y la “limpieza en muchos ministerios, en particular el de Economía, de personal técnico en algunos casos con 20 ó 25 años de antigüedad”. El críptico mensaje fue captado en el ministerio que Lavagna dejó hace poco más de un año. Por decisión de la actual titular, Felisa Miceli, fue separada de su cargo la Directora General de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink, el director de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados, Alberto García y otros seis funcionarios dependientes de ellos, mientras avanza el sumario por decisiones adoptadas durante la gestión de Lavagna y de su secretario de asuntos legales Osvaldo Siseles, que obligaban al Estado nacional a pagar más de 500 millones de pesos al grupo Grecco. Miceli, quien el año pasado ya había pedido la renuncia a Siseles, a quien reemplazó Alejandra Taddei, considera ilegítima esa deuda. Dio intervención a la Procuración del Tesoro y a los organismos de control y dispuso no efectuar el pago al que la intimaba la justicia. El expediente se originó en la intervención del grupo mendocino por la dictadura militar y en el convenio de reparación firmado durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín. El 28 de diciembre de 2001, mientras la economía y el país se desplomaban, el juez civil y comercial federal Francisco de Asis Soto ordenó pagar una indemnización a los Grecco. En febrero de 2002, al iniciarse el gobierno interino del senador Eduardo Duhalde y antes de que Lavagna asumiera como ministro, la abogada del ministerio Gloria María Eugenia Martínez se notificó espontáneamente de la sentencia y consintió sin expresar agravios “la justicia de la decisión”. El 30 de noviembre de 2002, el Grupo Grecco reclamó entonces 541 millones de pesos y el ministerio de Economía, luego de descontar inmuebles, vino y otros bienes de los Grecco, consintió el pago de 332 millones, sin pedir compensaciones que según Miceli correspondían. La Oficina de Crédito Público recibió formularios de requerimiento de pago en bonos por un valor equivalente a 587,6 millones de pesos. Eggink y García recomendaron el pago inmediato. La Oficina de Crédito Público comenzó a pagar e informó que el presupuesto 2007 contemplaba la ampliación de 710 millones de bonos para pagar esa y otras deudas. Miceli, Taddei y la secretaria legal y administrativa Estela Palomeque comunicaron lo que sucedía a la Procuración del Tesoro y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la ministra pidió al bloque oficialista de Senadores que excluyera ese pago de la ley, cosa que también reclamaban los legisladores de la UCR. La SIGEN recomendó no pagar y Taddei lo dispuso así. Cuando el sumario concluya se hará una denuncia penal. El caso es muy similar al del Grupo Meller, donde un pago indebido debía financiar la campaña de #Carlos $Memen$ y que concluyó con el juicio político a la mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia. En aquella ocasión, Lavagna y Siseles impidieron el pago fraudulento, pero mantuvieron en sus cargos a los responsables de haberlo autorizado, como Eggink, que se integró al nuevo equipo. Ahora no hay Lavagna, Siseles, Triple A ni secuestro en Escobar que puedan salvarla.