La responsabilidad política es instantánea, el dirigente sospechado debe demostrar su inocencia en plazos perentorios. La responsabilidad penal se cimenta en el principio de presunción de inocencia y en el hecho (demasiadas veces negado) de que sólo son delitos las conductas previamente tipificadas por la ley.

La tenencia de dinero, per se, no es delito pero sí un indicio político de magnitud. Las redundancias precedentes son, de ordinario, salteadas por comunicadores, dirigentes políticos o funcionarios judiciales. Hablemos, por ejemplo, de Felisa Miceli. El caso político contra la ex ministra fue irrebatible, quizá se prolongó demasiado. El expediente penal es otra historia, que se va develando. El fiscal Guillermo Marijuán armó su acusación a sorprendente velocidad, concordante con una suerte de mandato mediático y de opinión media: si hay conducta reprobable, hay delito.

Esa urgencia, vale aclararlo, no descalifica al fiscal. El sistema legal se basa en la presunción de inocencia pero esta premisa no rige el cometido de los fiscales, que tienen la carga de acusar.

El tribunal se compone de abogados que acusan, defienden y uno que juzga. Los tres son necesarios, cada uno tiene su función. Lo que sí es un derrape es equiparar la acción del fiscal a la del juez, un dictamen a una sentencia. Se trata de una desviación periodística, seguramente fomentada en que muchas Doñas Rosas no son garantistas, a diferencia de la Constitución nacional. Son audibles las diferencias entre la jueza Romilda Servini de Cubría y el fiscal, ambos las han extrovertido. Marijuán invoca tener un caso probado, su Señoría está menos convencida. Ambos realizan su labor, seis cuerpos acumula el expediente armado en pocas semanas, cada cuerpo suma doscientas fojas.

Servini habilitó la feria para producir prueba (proceder inusual en un caso que no tiene urgencia alguna). Recibió numerosos testimonios, recabó informes por escrito. A mitad de su camino, aseguran en torno de ella, tiene dudas sobre las precisiones de la requisitoria fiscal. Según Marijuán hay constancia escrita indubitable de que el “ladrillo” de dinero encontrado en el baño de la ministra fue del Banco Central a la financiera Cuenca, vía la empresa recaudadora Juncadella. Eso surgiría del número identificatorio del fajo termosellado y de constancias de su sucesiva recepción. Como Cuenca no registra salidas de ese importe, quedaría comprobado el origen “espurio” del dinero. Para llegar a un delito, falta un paso pero el itinerario es preciso, a condición de que se cumplan todas sus etapas.

Pero, dicen fuentes con acceso directo al expediente, hay testimonios que controvierten ese relato. Los “ladrillos” no se numeran una vez al año, sino de 1 a 99999 y de ahí volver a empezar. Puede haber más de uno con el mismo número, emitido el mismo año o puede haberlo de distintos años.

Además, la prueba colectada hasta ahora por la jueza parece llevar a concluir que nadie (ni el transportista ni los destinatarios) firma recibos que den cuenta de la numeración de los “ladrillos” que provee el Central. Los comprobantes atestiguan las cantidades recibidas. Los transportistas y los receptores finales no chequean el número, sí “lomean” los paquetes, esto es contabilizan los fajos que los componen para ratificar cuánta plata retiran.

La jueza también ordenó rehacer, por incompleto, un croquis del quinto piso del Ministerio de Economía, presentado por el fiscal. Este aduce que el baño y el despacho de la ministra eran inaccesibles. Es un detalle importante porque da pábulo a la idea de que Miceli acudió a un escondrijo. Las imágenes de las cámaras de TV internas probarían que a ese despacho accedían, antes que la ministra, no menos de siete personas, entre personal de maestranza, de seguridad y bomberos. Y, además, que hay caminos (omitidos en el croquis del fiscal) para entrar a ese despacho sin necesidad de tarjeta magnética. Los accesos son posibles vía el llamado Salón de los Cuadros, al que se puede llegar desde otro baño y desde una cocinita que usa el personal y a través de un denominado “pasillo rojo”, por las cerámicas que lo ornan.

La indagatoria será el día 23 de agosto y habrá que ver cómo condensa la discrepancia entre jueza y fiscal.

Otro detalle, interesante para suspicaces aunque ajeno a la causa, parece haber surgido de la instrucción. Los bomberos inspeccionaban oficinas todos los días en el quinto piso, donde moraba Miceli. Pero jamás lo hacían en el noveno del mismo edificio, donde sienta sus reales Julio De Vido. Si se verificara ese dato, sumaría masa sensible para las teorías conspirativas que están muy de moda (ver asimismo nota aparte).