Después de cinco días de ver pruebas y escuchar testigos, en menos de 40 minutos los tres integrantes del Tribunal Oral Criminal 1 de San Isidro tomaron una decisión: absolvieron a Diego Frías, Darío Neves y Martín Seviranes. Los tres trabajadores, sin antecedentes, pasaron 32 meses en prisión después de que la fiscal Rita Molina, la preferida de Juan Carlos Blumberg, instruyera una causa que los propios jueces calificaron de “gravemente irregular” y que a lo largo del juicio se demostró como un armado policial o, peor aún, un secuestro en el que hubo algún nivel de participación del uniformado que hizo la investigación.

En las audiencias –presenciadas por PáginaI12– se revelaron hechos asombrosos protagonizados por la fiscalía y los policías: una mujer, llamada Graciela, que acusó a los tres trabajadores, nunca declaró en la causa ni pudo ser encontrada; otra mujer, Elda Gamarra, que supuestamente le presentó a Graciela a los policías, tampoco fue encontrada nunca; dos armas, compradas por el padre de uno de los detenidos en 1987, fueron perdidas por la fiscalía y no aparecieron en el juicio; a los detenidos les sacaron fotos en forma clandestina, se las mostraron a los secuestrados, para que luego los reconocieran en rueda y, por último, las contradicciones de los policías fueron tan evidentes que los abogados defensores pidieron que se los investigue directamente por su relación con el secuestro. “Pasaron 32 meses presos porque están acusados de ser pobres, de ser morochos, de no haber terminado la escuela”, sostuvo en su alegato Juan Carlos García Dietze, uno de los defensores.

La resolución de los jueces María Elena Márquez, Federico Ecke y Alberto Ortolani parecía cantada porque hubo muchos tramos del juicio en el que se les vio la cara de asombro ante tantas contradicciones e irregularidades en el armado del caso. Lo cierto es que los plazos les permitían dictar el fallo recién la semana próxima, pero en el breve texto en el que adelantaron su resolución hablaron claramente de la injusticia de que los imputados siguieran un día más en la cárcel y de los ya enormes perjuicios que les significaron los años de prisión. En concreto, 40 minutos después de terminado el juicio, por unanimidad, se dictó la absolución, provocando un cerrado aplauso y las lágrimas de todos los presentes.

Las audiencias del caso Frías-Neves-Seviranes fueron seguidas por numeroso público, casi todas mujeres del barrio de Tigre en el que viven los tres trabajadores. “Acá tenemos en el público muchas mujeres –señaló otro defensor, Mariano Marcovecchio–, porque los hombres que apoyan a los acusados están trabajando. Este es un juicio contra los que trabajan.”

El Programa Anti-impunidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también estuvo presente en el juicio a través de María Eugenia Abregú y Sergio Sorín, quienes siguieron el caso después de verificar las irregularidades de la instrucción protagonizadas por la fiscal Rita Molina y dos policías que fueron claves, Pablo Machicote y Orlando Tarragona, ambos aún en actividad. Todos los defensores pidieron que sean investigados y la fiscal del juicio pidió también que se denuncie la forma en que desaparecieron de la fiscalía federal las dos armas que se sacaron de la casa del padre de Seviranes.

Machicote es quien inició la investigación. Se enteró del secuestro y supuestamente la testigo inhallable Graciela le señaló a Frías, Neves y Seviranes, aunque en el juicio se contradijo tanto que ni siquiera quedó claro qué dijo la testigo, si es que en realidad existió. Machicote argumentó que Graciela se mudó de barrio, que nadie sabe cómo encontrarla y lo cierto es que en el expediente mencionó a Elda Gamarra como la persona que los presentó a ambos. Pero Gamarra tampoco apareció; Machicote ni siquiera hizo un acta de lo que Gamarra le contó; la fiscalía de Rita Molina tampoco encontró a la mujer. Quien sí dio con Gamarra fue Darío Carrara, en su momento defensor oficial de Frías. “No conozco ninguna Graciela ni nunca le presenté una mujer al oficial Machicote”, reveló Gamarra al defensor oficial. La evaporación de denunciantes se mantuvo en el juicio oral: Gamarra tampoco fue citada ni buscada por la fiscal que acusó en el juicio, Laura Zyseskind.

El otro policía, Tarragona, quedó en una posición más que sospechosa. Se trata de un efectivo que realiza adicionales en el barrio de los secuestrados Mauro Neschenko y Patricio Pezolilla, de manera que conocía a las víctimas y también a un tío, con mejor posición económica, que fue el que aportó los 5000 pesos que se pagaron de rescate. Lo asombroso es que Tarragona apareció en el lugar donde se hizo el pago, después dijo que perdió de vista la camioneta en la que estaban los secuestrados, que también se le salieron del campo visual los secuestradores y que no persiguió a ninguno. Su relato cambió cuatro veces durante el expediente y lo mismo ocurrió en el juicio. La acusación de todos los defensores apunta a que Tarragona, en combinación con tres delincuentes, uno de los cuales registra varias llamadas a la DDI de San Isidro, armaron el secuestro y después acusaron a los tres trabajadores.

En el juicio oral hubo un cuarto imputado, Omar Pereyra Collazo, un hombre con varias causas judiciales por robo y otros delitos. En su contra había una prueba devastadora: su huella digital estaba en la camioneta en la que estuvieron los secuestrados. Pereyra Collazo trató de explicar su presencia en el lugar del delito argumentando que fue a comprar un pasacasetes, pero las preguntas de los jueces Ecke, Ortolani y Márquez destrozaron su coartada. Sin embargo, los magistrados también lo absolvieron porque las irregularidades en la instrucción fueron tan graves que ni siquiera se estableció qué hizo exactamente Pereyra Collazo. “Estas causas armadas terminan encima beneficiando a quien sí participa de los delitos”, señaló uno de los defensores.

A lo largo de las audiencias, otras revelaciones causaron asombro:

n En la casa del padre de Seviranes se secuestraron dos armas viejas, compradas por el padre del joven en 1987, hace casi veinte años. La descripción de las armas hecha por los secuestrados no coincidía en nada con las encontradas. Aún así, la fiscalía a cargo de Rita Molina y su subrogante Aberg Cobo, informaron que las dos armas se perdieron.

n Durante la instrucción se señaló que una cifra en dólares encontrada en el domicilio de Seviranes también demostraba que participó del secuestro. La familia de Seviranes presentó el recibo de Casa Piano de la compra de los dólares y el dinero fue desechado como prueba y le fue devuelto con un acta firmada por el fiscal subrogante. Pese a eso, durante el juicio se intentó incorporarlo como prueba de cargo contra Seviranes.

n En el juicio quedó en claro que a los tres trabajadores les sacaron fotos en forma clandestina, sin que se hiciera acta alguna y pese a que no tenían ningún antecedente judicial de ningún tipo. Después se le exhibieron a los secuestrados con el argumento de que les estaban mostrando álbumes de personas con antecedentes en secuestros. Para colmo, en el juicio oral, Neschenko y Pezolilla, los dos secuestrados, dijeron que nunca les mostraron fotografías, pese a que sus firmas figuraban en el reconocimiento.

n Uno de los hechos más llamativos del juicio oral fue cuando los defensores demostraron que las declaraciones de Neschenko y Pezolilla eran una copia calcada, con los mismos términos, comas y puntos.

De los 32 meses que el trío estuvo preso en Devoto, 21 pasaron en un increíble ida y vuelta en que los sucesivos jueces se declararon incompetentes. El fuero federal sostenía que la causa debía ser tratada en el fuero ordinario y éste lo devolvía al federal. El expediente llegó hasta la Corte Suprema, que ordenó que el juicio lo hiciera el Tribunal de San Isidro. En el camino, en enero de 2008, el tribunal federal de San Martín concedió la excarcelación a los tres trabajadores, pero les impuso una fianza de 200.000 pesos a cada uno, una cifra que obviamente ninguno de ellos podía pagar. Por eso estuvieron otros ocho meses presos por pobres. “No tengo nada que decir, señora jueza –le dijo Neves a la presidenta del Tribunal–. Gracias por habernos escuchado. Estos 32 meses en la cárcel no me los devuelve nadie.”