Por no haber garantizado el acceso a un aborto no punible a una adolescente con discapacidad mental que había sido violada, el Estado argentino enfrenta una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pero, según pudo saber PáginaI12, en la última semana, el Gobierno mostró voluntad de llegar a un acuerdo extrajudicial con la víctima, que implicaría el pago de una reparación económica y el reconocimiento de que se violaron sus derechos humanos al obstaculizarse la práctica médica pedida por su madre y amparada en el Código Penal.

El caso es el de LMR, la muchachita con una edad mental que no supera los 10 de la localidad bonaerense de Guernica, quien dos años atrás, a pesar de contar con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que avaló su derecho a interrumpir la gestación forzada, no pudo acceder al procedimiento médico en ningún hospital público del país y debió recurrir al circuito clandestino con el apoyo del movimiento de mujeres. Tenía entonces 19 años.

La demanda fue promovida por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Se presentó el 25 de mayo de 2007. Y el caso fue admitido seis meses después, tal como informó oportunamente este diario. La denuncia destaca que el de LMR “no es un caso aislado”, sino que se enmarca en un “patrón de violaciones e impunidad”, por el cual numerosas mujeres sufren dificultades para acceder al aborto no penalizado en el país. Por estas horas hay un caso de una nena de 12 años violada y embarazada, cuya madre solicitó se le practique un aborto en Mendoza (ver aparte). Días atrás en la misma provincia se le negó la posibilidad de interrumpir una gestación a otra niña, de 13 años, embarazada a partir de sucesivos abusos por los cuales está imputado y detenido su padre biológico, tal como reveló ayer PáginaI12.

El viernes 29 de agosto, autoridades de la Cancillería se reunieron con representantes de las organizaciones de mujeres que llevaron el reclamo de LMR al Comité de Derechos Humanos. Y, según trascendió de fuentes del Palacio San Martín, hay un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos a favor de indemnizar a LMR y a su familia y de reconocer que se violaron sus derechos al negársele en la provincia de Buenos Aires la posibilidad de abortar en un hospital público. La posición del gobierno que encabeza Daniel Scioli no sería la misma: en un descargo que hizo ante el CDH sostuvo que no se había violado ningún derecho de la jovencita y que, incluso, la Justicia se había pronunciado avalando la intervención en tiempo record: 47 días. Lo que no dice el gobierno bonaerense es que el caso nunca debió judicializarse y que por las características del mismo –un embarazo en curso– no debió dilatarse ni un sólo día la resolución.

Las negociaciones que impulsa el gobierno nacional, sin embargo, estarían encaminadas a llegar a un acuerdo extrajudicial para reparar los daños sufridos por la adolescente. En las próximas semanas está convocada una nueva reunión para acercar posiciones.

EL CDH es el órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, un tratado con rango constitucional en la Argentina.

La historia de LMR es emblemática. Debió sortear un cúmulo de obstáculos para poder interrumpir la gestación: según denunció, el embarazo sería producto de los presuntos abusos sexuales de un tío y vecino suyo, hoy detenido y cuya causa judicial ya fue elevada a juicio oral. Cuando Vicenta, su madre, constató en el Hospital de Guernica que la adolescente estaba embarazada, pidió el aborto no punible. Pero se lo negaron: la enviaron a realizar la denuncia del hecho y la derivaron al hospital de cabecera de la provincia, el San Martín de La Plata. La denuncia policial la hizo el 24 de junio de 2006. Al Hospital San Martín llegó con un embarazo de 14 semanas y media aproximadamente. El 4 de julio fue internada para realizarle los estudios pertinentes y las autoridades hospitalarias solicitaron con carácter de urgente la reunión del Comité de Bioética.

Dado que se trataba de un aborto no punible, encuadrado en el artículo 86 inciso 2º del Código Penal, le practicaron los exámenes prequirúrgicos para concretar la intervención. Pero llegó una orden de la jueza de Menores de La Plata Inés Siro que exigía la interrupción de todos los procedimientos médicos sobre LMR. Y a partir de ahí se inició el proceso para impedir el aborto, según detalla la denuncia presentada en el CDH, cuyo puntapié inicial fue, en realidad, la intervención de la titular de la UFI Nº 5 de La Plata, Sonia Leila Aguilar, que –más allá de sus atribuciones– extrajo un juego de fotocopias de la investigación iniciada por el abuso sexual y las remitió con carácter de urgente a la jueza Siro, que estaba en turno. Lo hizo al invocar la “dudosa constitucionalidad”, a su criterio, del artículo 86 inciso 2º del Código Penal. Después vendría una sentencia de la magistrada que prohibió el aborto y otra de la Cámara Civil que confirmaría ese fallo. Por último, llegaría el pronunciamiento del máximo tribunal bonaerense, un mes y medio después de denunciada la violación y del pedido de interrupción del embarazo: su fallo no sólo ratificó la constitucionalidad del artículo 86 inciso 2º –como luego lo harían otras cortes provinciales, como la de Mendoza y la de Entre Ríos–, sino que además dejó en claro que no es necesaria la exigencia de la autorización judicial para la práctica de un aborto no punible.

Pero con la sentencia de la Suprema Corte de la provincia no terminaría el peregrinar de LMR y su familia. Aun con el permiso judicial, el Hospital San Martín se negó a realizarle el aborto (alegó que el embarazo estaba muy avanzado pero luego se supo que todos los médicos habían hecho objeción de conciencia) y no hubo otro centro médico del sector público donde pudiera hacérselo.