La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) presentó ayer un relevamiento de 4103 empresas que vuelcan sustancias contaminantes en la cuenca. Además, el organismo pidió el allanamiento de 22 empresas que se niegan a ser controladas. La Corte Suprema de Justicia ordenó el 8 de julio a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño sanear la cuenca y fijó plazos para las acciones. Dispuso también que sería multada la Secretaría de Ambiente y De-sarrollo Sustentable, a cargo de Romina Picolotti, en el caso de que la Acumar incumpliera los plazos impuestos para el plan.

Ayer vencía el primer plazo impuesto por la Corte para cumplir con el saneamiento. Uno de los más importantes está previsto para el 2 de enero del año próximo, para cuando está agendado que las empresas dejen de volcar líquidos contaminantes.

En tanto, el juez federal de Quilmes Luis Armella rechazó dos medidas cautelares presentadas por las empresas Tagsa y Orvol, ubicadas en la localidad de Dock Sud, Avellaneda. Esas compañías deberán abandonar sus predios en la cuenca.

El informe presentado por Picolotti señala que las empresas Rivera Luis Alberto, Colorcenter SA, Monteluz SRL, Rafael Curcio, Cernigliaro Gustavo Enrique, Sánchez Sergio Daniel, Juan Bautista de Leo, Fundición Pinto SH, Fahe SRL, Envases del Oeste y David Arias, entre otras, se negaron a ser inspeccionadas. Ahora la Acumar deberá presentar el mes próximo un informe sobre el estado de las aguas, las napas y la calidad de aire de la cuenca, además de comenzar a elaborar un mapa sociodemográfico de zona.

La Corte había designado al defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y a cinco asociaciones civiles para monitorear las actividades de la Acumar, mediante un cuerpo colegiado que debe enviar sus informes al Juzgado Federal de Quilmes, que lleva adelante la causa.